■ En 2015 el valor de la producción minera en el estado fue a 63 mil 100 millones de pesos
Desde las 7 de la mañana de este martes inició un bloqueo de la carretera federal 45, en ambos sentidos, así como de la entrada y salida al Aeropuerto Internacional Leobardo C. Ruiz, en el municipio de Calera.
Esta acción fue llevada a cabo por más de 500 trabajadores mineros del sindicato encabezado por Carlos Pavón, quienes representaban a cuatro secciones de esta organización sindical pertenecientes a las unidades mineras de Fresnillo PLC, Madero, El Saucito y Tayahua.
La demanda de los manifestantes era la eliminación del impuesto ecológico, aprobado para este 2017 y con el que el Ejecutivo estatal estimaba recaudar mil 230 millones de pesos, provenientes del pago de empresas contaminantes como las mineras y la compañía cervecera, entre otras.
Fue después de las 22:30 horas cuando se liberó esta vialidad, después de que Gobierno del Estado anunciara la publicación de un decreto gubernativo por el que se dividía el impuesto minero para que el 10 por ciento se quedara en las empresas, a fin de garantizar las utilidades a sus trabajadores.
Este movimiento de protesta ha sido señalado por autoridades estatales y diputados locales como una manipulación por parte de las empresas mineras al mal informar a los trabajadores asegurando que con el pago de este nuevo impuesto se estarán afectando los salarios y utilidades.
Las unidades mineras de Madero, Fresnillo PLC y El Saucito forman parte de Grupo Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres, uno de los hombres más ricos de México; mientras que la minera Tayahua de Grupo Frisco pertenece a Carlos Slim, considerado el segundo hombre más rico del mundo.
Uno de los líderes seccionales presentes en el bloqueo carretero aseguró que, aunque el impuesto sea aplicado directamente a las empresas, les afecta porque “¿de dónde agarran el dinero para darlo?, de los trabajadores”.
Por parte de la Secretaría General de Gobierno acudió el subsecretario Julio César Chávez Padilla, quien aseveró que la valoración de retirar el impuesto ecológico estaría, en todo caso, en el ámbito de competencia de la Legislatura local.
Tras asegurar que el Estado debe ser y será garante del respeto a los derechos laborales de los trabajadores y a sus contratos colectivos de trabajo, sostuvo que el impuesto ecológico “es otra cosa totalmente distinta”, porque se aplica directamente a las compañías sujetas al gravamen.
En ese sentido, consideró que “desde mi muy particular punto de vista están mal informados cuando se les ha dicho que les va a afectar a ellos”.
Apuntó que anteriormente las empresas de este sector extraían el mineral y se lo llevaban del estado sin dejar beneficios para la entidad.
El funcionario agregó que hoy, que se están dando estos pasos con el objetivo de lograr una retribución para Zacatecas, “algunas empresas mineras, no todas, se están mostrando inconformes no por el beneficio de los trabajadores”, sino porque “las ganancias de los empresarios mineros serán disminuidas”.
No obstante, recalcó que “esto es justo” por el daño ambiental que esta actividad provoca en la entidad, por lo que insistió en que el objetivo de este impuesto es mitigar los efectos negativos de la minería y de otras actividades contaminantes, en beneficio directo de la sociedad zacatecana.
El subsecretario señaló, al hablar frente a los trabajadores, que Gobierno del Estado tiene un “total respeto a la libre expresión y manifestación, pero es importante respetar los derechos de los otros”.
Añadió que “hubo pláticas y acuerdos previos con los empresarios mineros” para proponer la creación de este impuesto ecológico, en las que se incluyó la necesidad de garantizar que los derechos laborales de los trabajadores no se verían afectados. Por este último punto, concluyó que “qué bueno que nos informan que no están en esa línea de acuerdo, para tomar medidas”.
Impuesto, 1.7 del valor total de la producción minera en el estado
La escasa aportación a las comunidades y al estado en general que ha hecho la industria minera a lo largo de la historia ha sido un señalamiento permanente de la sociedad y de académicos, y ahora conforma el argumento principal para defender por parte de las autoridades la necesidad de aplicar este impuesto ecológico.
De acuerdo con cifras del Anuario Estadístico de Minería, el valor de la producción minera en Zacatecas durante 2015 fue a 63 mil 100 millones de pesos, colocándolo como el segundo estado que más contribuyó al valor total de esta industria a nivel nacional, sólo por debajo de Sonora.
El importe del impuesto que estima recaudar Gobierno del Estado, tras la reducción del 10 por ciento aplicada por el decreto gubernativo publicado después del bloqueo carretero, es de mil 107 millones de pesos.
Esta cifra representaría únicamente el 1.7 por ciento del valor total de la producción minera del estado, tomando como base las cifras más recientes del anuario que son del año 2015.
Los propietarios de los dos grupos mineros, Peñoles y Frisco, a los que pertenecen los trabajadores que realizaron el bloqueo este martes, y que son Alberto Bailleres y Carlos Slim, han sido señalados como los hombres más ricos del país y, junto con otros dos multimillonarios mexicanos, concentran en sus manos 50 por ciento de la riqueza de México.
Empresas manipulan a trabajadores para que
rechacen gravamen ecológico: diputadas
Las diputadas Norma Angélica Castorena y Guadalupe Flores señalaron a las empresas mineras como responsables de mal informar a sus trabajadores con el objetivo de manipularlos en contra del impuesto ecológico.
Ambas legisladoras apuntaron que el tergiversar el discurso acerca del propósito y de la forma de recaudación de este gravamen lo hacen las compañías en su propio beneficio y no del de sus empleados.
En este sentido, Norma Angélica Castorena aseveró que, aparte de ser diputada local, es dirigente sindical, por lo que aseguró que “entiendo la preocupación, pero conozco las estrategias que usan los patrones y sé cómo se las gastan y que los usan (a los trabajadores) para conseguir sus fines”.
Ante el cuestionamiento de si consideran que las compañías extractivas están usando al sindicato nacional encabezado por Carlos Pavón para evadir impuestos, la diputada Castorena aseguró que “así lo vemos. (…) Mandan al ruedo a quien no tienen que mandar”.
Por ello, hizo un llamado a los trabajadores del gremio minero para que “no permitan que esta trampa en la que los están queriendo envolver los patrones genere más problemas de los que ya tiene el estado de Zacatecas”.
En el mismo sentido, la diputada Guadalupe Flores aseveró que “nosotros vemos que ellos están siendo manipulados con desinformación”.
Ante esta situación, en conferencia de prensa hicieron una invitación al líder nacional de este sindicato, Carlos Pavón, para establecer una mesa de trabajo en la que se pueda abordar a detalle el tema del impuesto ecológico, a fin de despejar las dudas que existen al respecto.
Norma Angélica Castorena aseveró que el objetivo de este encuentro sería conocer los números que manejan los trabajadores para asegurar que van a sufrir afectaciones en su salario y prestaciones laborales a consecuencia de este gravamen.
Sostuvo que, tras estos señalamientos, “desmenuzaron” nuevamente el contenido del impuesto y no encontraron algún punto en el que los empleados de las empresas mineras y todas aquellas en las que se aplique este impuesto se vean afectados.
Sin embargo, recalcó la importancia de que el sindicato plantee esta problemática y, en caso de ser cierta, agregó la legisladora Guadalupe Flores, serán ellas las primeras en proponer modificaciones al respecto.
Esta diputada insistió en que el impuesto ecológico no sólo se aplica a las empresas mineras, sino a cualquiera que contamina el medio ambiente, dado que el objetivo final es que estas compañías mejoren sus procesos, de forma que se evite cualquier daño al entorno en el que operan.
Por su parte, Castorena añadió que el hecho de que los trabajadores argumenten que las empresas van a pagar este gravamen con su sueldo evidencia el “grado de desinformación”.
Sostuvo que con esta protesta han llamado la atención de los legisladores, por lo que a partir de ahora deberán ser vigilantes de que las compañías mineras no afecten a los trabajadores con la excusa de tener que pagar el impuesto ecológico.
Por ello, hizo también un exhorto a las autoridades competentes en la materia, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que vigile esta situación.
Los comentarios están cerrados.