■ Convocan a la población a participar en la “Megamarcha en defensa de la patria”
■ Amparos contra el gasolinazo, declarados improcedentes por una juez especializada
La Asamblea Estatal de las Resistencias Ciudadanas y Civiles (AERC) exigirá este lunes a la Legislatura del estado el cumplimiento de siete demandas, entre ellas, la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones con el objetivo de anular los impuestos nuevos o los incrementos a los mismos, así como las alzas a los servicios y multas que se incluyeron en la Ley de Ingresos de 2017, de manera que se mantengan las cuotas del año anterior.
De igual forma convocó para que este 31 de enero la población participe en la “Megamarcha en defensa de la patria” que partirá de la Máquina 30 30 desde las 12 horas, con la que se busca incidir, sumada a las que se realizarán en todo el territorio nacional, para que Gobierno Federal dé marcha atrás a los gasolinazos, se deroguen las reformas estructurales incluida la energética y salga Enrique Peña Nieto de la Presidencia de la República.
“De lo que se trata es que el pueblo está en todo su derecho a rescatar la soberanía de la patria que al pueblo le pertenece, en la medida en que los tres poderes del Estado le han fallado a la nación” entregando los recursos estratégicos del país a poderes extranjeros, dijo Efraín Arteaga Domínguez, para luego citar el sustento legal, el artículo 39 de la Constitución del país.
La organización de ciudadanos independientes manifestó en voz de Socorro Estrada, que existe ya una conexión con las asambleas nacionales que han propuesto como primera meta dar marcha atrás al gasolinazo, y en consecuencia, a todos los impuestos injustos que derivan de él y que “están cargando sobre el pueblo de México”.
Asimismo se ha establecido ya en la agenda nacional la exigencia de la derogación de la reformas estructurales, en que se incluye la energética, y la salida de Enrique Peña Nieto de la Presidencia de la República, dijo sobre esto último, “debido al grado de traición que está ejecutando” contra los mexicanos.
El documento que localmente será entregado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) este lunes a partir de las 9 horas, observa que los incrementos que se suman a los efectos del gasolinazo en los precios de bienes y productos, se realizaron “sin la menor sensibilidad, y sabiendo que los salarios y prestaciones que paga el gobierno o la empresa privada en Zacatecas, son de los más bajos del país”, por lo que los zacatecanos han perdido poder adquisitivo en más de 80 por ciento, en las tres últimas décadas.
Entre otros puntos que se integrarán a la petición se encuentra la disminución de salarios, bonos y prestaciones de los funcionarios de los tres poderes del estado en Zacatecas, a quienes se propone no ganar en ninguno de los casos más de 40 mil pesos mensuales, incluido el gobernador Alejandro Tello Cristerna.
Se agrega la reducción a 50 mil pesos mensuales, de las prerrogativas de los partidos políticos, sin importar en la asignación particular el número de votos que hayan obtenido en las elecciones, y también la eliminación de las “herramientas legislativas” así como los gastos superfluos y privilegios “que se han autoasignado” los diputados, señala el documento.
La AERC agrega asimismo que se reasignen y reajusten las partidas presupuestales de manera que puedan otorgarse incrementos salariales a los trabajadores de Gobierno del Estado, municipios y organismos descentralizados de las cuatro categorías de más bajos ingresos, de al menos 10 por ciento.
Se advierte en el texto, en cada uno de los casos, que los funcionarios, los partidos, los diputados y el propio gobernador, en caso de estar en
desacuerdo con las exigencias, pueden optar por manifestarlo púbicamente y luego renunciar al puesto o al registro.
Ayer también se informó por parte de Miguel Agustín Zamora, abogado cuyo bufete interpuso amparos contra el gasolinazo de manera gratuita, que ya una juez especializada en telecomunicaciones y competencia económica, Silvia Zerón, empezó a rechazarlos, alegando que “al Poder Judicial no le corresponde fijar precios a productos ni discernir políticas públicas”, por lo que los ha declarado improcedentes para impugnar la liberación de los precios de los combustibles.
Por ello el litigante reiteró el exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, luego que el Poder Legislativo le “falló” a los mexicanos y el Ejecutivo “es el que nos tiene con el pie en el cuello”, canalice por la única vía legal que resta, el acceso del pueblo a la justicia social, que dijo “es una gran responsabilidad”.
En la conferencia de prensa también se dio a conocer la calendarización de actividades ya concertadas nacionalmente a las que se sumará la asamblea estatal, en la que el próximo 5 de febrero se presentarán los principales ejes para la que llamaron “la refundación de esta nación”, y que tiene como marco el centenario de la promulgación de la Constitución de 1917.
El 9 y 10 del mismo mes anunciaron la realización de acciones de resistencia social contra el gasolinazo en todo el territorio mexicano, mientras que el 18 de febrero se registrará una segunda asamblea nacional en Ixmiquilpan, Hidalgo, previa a la que el 18 de marzo, día en que se conmemora la Expropiación petrolera, se llevará a cabo, denominada Jornada Nacional por la Renacionalización del petróleo, y que llevará aparejada una propuesta de juicio político contra Enrique Peña Nieto.
Entre otras acciones con las que puede respaldarse esta lucha nacional se convocó a los zacatecanos a manifestar con pintas en autos y cartulinas en domicilios, su rechazo al gasolinazo, esto en respuesta a la aseveración que han hecho las autoridades de que son pocos quienes están inconformes con las políticas recaudatorias del gobierno federal y estatal.
