Unos 40 pobladores de ocho comunidades del municipio de Poncitlán, situado en la ribera del lago de Chapala, protestaron frente al Congreso del estado para exigir a los diputados locales gestionar recursos y atender a cientos de niños con inicios de insuficiencia renal y a más de 40 personas en tratamiento de hemodiálisis, debido a que los hogares se abastecen con una red de aguas termales contaminadas con metales pesados.
Denunciaron que Sofía Mareli, de entre 170 niñas y niños detectados con insuficiencia renal –según un estudio del médico de la Universidad de Guadalajara, Felipe Lozano Kasten–, falleció el pasado lunes, y alertaron que existen 363 menores más con indicios de la misma enfermedad.
Los pobladores insistieron en que el origen del alto índice de enfermos renales en Poncitlán es la red de agua.
Enrique Lira Coronado, enlace entre las comunidades afectadas y las autoridades, basado en el colectivo Foro Socioambiental GLD, dijo que durante al menos 50 años la red pública se ha abastecido de los veneros de agua termal y fuera de la norma sanitaria que hay en la región, aunado a la falta de drenaje.
Refirió que en la zona ubicada entre Mezcala y Chalpicote, hay al menos 2 mil casos de enfermos renales por millón de habitantes, índice que ha colocado a esta población en el primer lugar mundial, además de que hay al menos 70 niños nacidos con daño fetal desde que se inició el envío de agua termal a la red pública.
Los manifestantes dijeron que el lago de Chapala está contaminado con mercurio, fósforo, pesticidas y desechos de todo tipo por la cuenca del río Lerma, lo que implica un trabajo de saneamiento que debe ser coordinado por la Federación e impulsado en los estados.
Los pobladores fueron recibidos por diputados de las comisiones de Salud, Indigenista y de Derechos Humanos, y afirmaron que el grado de desnutrición en comunidades como Mezcala, San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote, La Zapotera y Santa María de la Joya, así como pueblos de la parte alta de Poncitlán, está en los primeros lugares a escala nacional.
Denunciaron la falta de empleos, servicios médicos, de transporte, además de que la contaminación en el lago ha provocado la extinción de peces o la disminución de su tamaño, ante las concentraciones de mercurio en las aguas, entre otros problemas.
Los representantes de las comunidades afectadas exigieron acciones urgentes para resolver el problema, e insistieron en que cada día más personas se enferman, ante la negligencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
La diputada ciudadana Fela Patricia Pelayo López se comprometió a informar este sábado ante el Congreso que el poblado de San Pedro Itzicán –situado en este municipio– es el más afectado por el uso de agua no apta para consumo humano y donde existen casos de malformaciones.
Según la legisladora, los avances de la nueva ley indigenista para promover la adhesión de los pobladores al padrón de pueblos indígenas los haría acreedores a recursos para proyectos comunitarios.
