■ No debe existir indiferencia ante la ola de homicidios en el estado
La violencia, la corrupción, la impunidad, el abuso de poder y el uso indebido de la fuerza pública por parte de las autoridades fueron algunos de los temas abordados por María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), durante su primer informe de actividades al frente de este organismo.
En un inicio de año repleto de protestas por diversos temas como el gasolinazo y el alza en los impuestos, en su mensaje final la ombusman zacatecana habló de la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la libre expresión y el derecho de manifestación.
Destacó que actualmente la ciudadanía exige que se respete su derecho a la “protesta social pacífica” y expuso que “es obligación de las autoridades escuchar a los manifestantes, generar canales de comunicación y espacios de diálogo para alcanzar los consensos y acuerdos en un ambiente de legalidad y de respeto a los derechos humanos”.
En este sentido, frente al gobernador Alejandro Tello Cristerna y funcionarios del gabinete estatal, entre otros invitados al informe, Domínguez Campos hizo hincapié en que el actuar con respeto a los derechos humanos pasa por abandonar las posturas represoras.
“En un Estado de Derecho democrático se debe privilegiar el diálogo, en lugar del uso indebido de la fuerza pública; el cumplimiento de la ley, en lugar de actos de gobierno autoritario, del abuso de poder y la represión”. Por ello, exhortó a las autoridades a que “estos sean los principios que guíen de manera permanente su actuación”.
Defendió que la sociedad está reclamando en la actualidad “la vigencia del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la observancia de la legalidad, la existencia de una auténtica democracia participativa, la transparencia y eficiencia de sus gobiernos, y las condiciones económicas y laborales que les permitan vivir en paz, con dignidad y tranquilidad”.
En torno a este último punto, tras hacer un recuento de las actividades llevadas a cabo en la Comisión desde el primero de enero de 2016 hasta el pasado 31 de diciembre, la presidenta de la CDHEZ también se refirió a la violencia e impunidad que han afectado “profundamente” al país y al estado de Zacatecas durante los últimos años.
Apuntó que estos problemas han transgredido los derechos fundamentales de los mexicanos y zacatecanos como es el caso del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la tranquilidad y a la salud.
La ombudsman zacatecana aseveró que no debe existir indiferencia ante la ola de homicidios que hay en el estado e hizo referencia al actuar de las autoridades al señalar que no se puede restar importancia a esta situación al ligar a las víctimas con actividades de grupos delincuenciales.
En este sentido, hizo un llamado a la sociedad y al gobierno al asegurar que “hoy no podemos permanecer indiferentes ante la muerte de hombres y mujeres, acontecidas en el estado durante los últimos meses, y tampoco justificar las mismas sólo atribuyéndoles nexos con la delincuencia organizada, porque independientemente de las circunstancias de su muerte son zacatecanos”.
Ante esta situación, Domínguez Campos sostuvo que es urgente la generación y el fortalecimiento de políticas en materia de seguridad pública y procuración e impartición de justicia.
No obstante, puntualizó que estas acciones y estrategias gubernamentales no deben estar enfocadas solamente a la “contención y sanción” de este problema, sino que tienen que centrarse “fundamentalmente” en la prevención social de la violencia y la delincuencia, a fin de incidir en las causas que generan esta situación.
Durante 2016, informó, se recibieron un total de 752 quejas, en las que las voces violatorias más comunes fueron el ejercicio indebido a la función pública, la detención arbitraria y las lesiones. Esto implica que las autoridades señaladas más frecuentemente como presuntas responsables de violaciones a los derechos humanos son las policías municipales, y las corporaciones ministerial y estatal.
El hecho de que las corporaciones de seguridad sean las más señaladas ante la CDHEZ, sostuvo Domínguez Campos, “incide negativamente en la credibilidad y confianza de la ciudadanía hacia los cuerpos policiacos” por lo que consideró que es urgente mejorar su actuación.
De igual forma mencionó que debe trabajarse en garantizar plenamente el derecho de los menores a proteger su integridad. En este caso, hizo un llamado a las autoridades para que brinden protección a este sector de la población.
Comentó que el año pasado se emitieron 14 recomendaciones en contra de autoridades como las secretarías de Educación y de Salud, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado y también presidencias municipales.
Estas, apuntó, derivaron en la sanción de 128 servidores públicos. Aun así, la ombudsman zacatecana aseguró que todavía es “una asignatura pendiente” el cumplimiento de las recomendaciones por parte de la autoridad, a fin de que se garantice la restitución de los derechos de la víctima.
Antes de concluir el acto oficial, el gobernador Alejandro Tello Cristerna intervino y aseguró que “el mayor enemigo de los derechos humanos es una sociedad apática y poco interesada en hacer valer sus propias prerrogativas. Por eso, hacemos un llamado a la ciudadanía, a los gremios y a las cámaras empresariales para que mantengan la llama encendida”.
