■ Al funcionario le entregaron informes sobre lo ocurrido en Mazapil y Chalchihuites
■ Enfatiza Forst el derecho de ciudadanos a ser informados sobre megaproyectos extractivos
El Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) informó ayer en conferencia de prensa los resultados preliminares de la reunión sostenida el pasado sábado en San Lorenzo, Huitzitzilapan, localidad del estado de México, con el relator especial de la ONU, Michael Forst, en la que se le entregaron al funcionario internacional informes sobre los casos que han confrontado a los habitantes de las comunidades de Salaverna, Mazapil, y La Colorada, Chalchihuites, con empresas mineras, mismos que han derivado en violaciones a sus derechos humanos, que involucran asimismo a autoridades estatales.
Forst estuvo en México para conocer el estado de cosas respecto de la situación en que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos en el país, tema del que se encarga.
En esta coyuntura le fueron entregadas denuncias de los hechos que han padecido desde 2010 los habitantes de Salaverna en su confrontación con la empresa de Carlos Slim Frisco-Tayahua, y asimismo, del caso que conflictúa desde hace poco más de un año a los pobladores de La Colorada con la empresa Argentum Panamericana, SA de CV, ambos, que implican despojos y desalojos forzados, entre otras prácticas que han definido los afectados como “terroristas”.
El relator de la ONU habría hecho énfasis en el derecho de los habitantes de las comunidades a ser informados respecto de la intención de desarrollar en ellas megaproyectos extractivos, y las consecuencias que éstos tienen para las poblaciones, mencionó Roberto de la Rosa Dávila.
En opinión del líder comunitario, lo que ocurre se parece al circo romano, pues se “echa” a los pobladores de las comunidades “a los leones” sin que los gobiernos les asesoren respecto de todas las implicaciones que conlleva acordar con las empresas mineras, por ejemplo, sobre las afectaciones ambientales.
Dijo que los pobladores de su comunidad se consideran todos defensores de derechos humanos, en tanto que su objetivo es la defensa de su tierras, el agua y otros factores ambientales, por lo que citó a Forst respecto de la situación de peligro en que se encuentran, como es el caso de muchos otros en país que registró en su visita el enviado de la ONU.
Agregó Efraín Arteaga Domínguez que Michael Forst le concede mucha importancia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que refiere los derechos de los pueblos originarios, entre otros, el de ser consultados cuando se pretenda implementar un mega proyecto, pero además, el que se respete su decisión de si éste se lleva a cabo o no.
Michael Forst se comprometió- luego de escuchar a Roberto de la Rosa Dávila y de recibir los informes sobre los casos Salaverna y La Colorada, este último preparado por el defensor de derechos humanos, Ricardo Bermeo, también presente ayer en la conferencia de prensa-, a emitir un reporte específico de los mismos, pues al momento lo que entregó fue uno de 22 cuartillas que de manera general refiere estos y otros asuntos de todo el país.
En su momento al habla Cuauhtémoc Espinoza Jaime, líder campesino, expuso su preocupación por el tratamiento de estos casos por parte del Gobierno del Estado, pues recientemente la Secretaría de Gobierno habría expuesto sobre el tema de La Colorada, que no es una prioridad en la agenda, aun cuando una mesa de trabajo ya se había pactado para solucionar el problema que mantiene en vilo a los pobladores.
Cuestionó asimismo el anuncio de que el gobernador Alejandro Tello Cristerna o su secretario de Economía, harían acto de presencia ayer en la localidad de Chalchihuites para dar un espaldarazo a la empresa minera canadiense con quien se encuentra en conflicto la población, “cuando la situación está muy tensa y no corresponde a la presencia en este momento del gobernador”.
Y la violación a la Constitución que dijo cometió en Salaverna respaldando un desalojo de los habitantes sin que hubiera una orden judicial, en beneficio de la empresa Frisco-Tayahua.
Ayer también, Arteaga Domínguez solicitó públicamente al gobernador del estado, quien por medio de Julio César Chávez, subsecretario de Gobierno, ha manifestado su intención de visitar la comunidad mazapilense, que pacte la fecha y condiciones de su encuentro con los habitantes del lugar, y que realice una reunión seria y respetuosa con ellos.
Esperan asimismo que no aproveche la ausencia del líder comunitario Cuauhtémoc de la Rosa, quien la próxima semana tiene una cita en la Sedatu en la Ciudad de México.
Desisten de manifestarse habitantes de
La Colorada durante evento de Godezac
Los habitantes de La Colorada, Chalchihuites, que mantienen un conflicto con la minera Argentum Panamericana, SA de CV, filial de la canadiense Silver Corp Panamerican, desistieron de su intención de manifestarse ayer, en la coyuntura de la visita de funcionarios de Gobierno del Estado a la empresa.
Moisés Guerrero Pasillas, representante legal de familias del lugar que han demandado a la empresa por el cumplimiento de una serie de acuerdos, informó que ayer habría llegado a La Colorada el secretario de Economía, Carlos Fernando Bárcena Pous, acompañado de otros funcionarios.
Al evento, que referiría la inauguración de un tiro de mina, fueron convocados según dijo Guerrero Pasillas, “gente advenediza”, y acotada mediante fuerzas policíacas, la originaria del lugar para que no se acercara al evento que según su interpretación tuvo como objeto “tapar el Sol con un dedo”, esto es, exhibir que no existe un conflicto, luego de que los habitantes de La Colorada ya hicieron una denuncia de violaciones a derechos humanos cometidas por parte de la empresa al relator de la ONU, Michael Forst.
De esta manera fueron convocados al evento personas seleccionadas para agradecer públicamente a la mina por darles empleo o suministrarles agua, pero que no son de la comunidad sino trabajadores que han llegado de otros estados, reiteró.
En horas tempranas de ayer se manejaron versiones de que el gobernador Alejandro Tello Cristerna visitaría el lugar; los habitantes aprovecharían para solicitarle el cumplimiento de la celebración de una audiencia con él, luego de que se han entrevistado con el subsecretario de Gobierno, Julio Cesar Chávez, sin éxito en la solución de sus demandas.
Finalmente y tras que desde el pasado miércoles se reforzó la seguridad La Colorada con elementos dijo, de las policías estatal y federal, y aun efectivos del Ejército, los habitantes observaron que no era conveniente manifestarse para evitar caer en provocaciones, comentó Guerrero Pasillas, ya que también está por celebrarse una audiencia judicial en breve.
El pasado miércoles el abogado de los afectados, Lizandro Carillo Félix, había informado que los habitantes de La Nueva Colorada que fueron notificados el pasado 13 de enero por la empresa de su decisión de rescindirles el contrato de comodato por las casas que habitan, dándoles para ello un plazo a cumplirse 30 días después; no las desocuparán, pues la determinación no proviene de una orden judicial, precisó.
Dijo asimismo que previendo situaciones similares a la ya vivida en comunidades que presentan las mismas problemáticas con mineras, como Salaverna, donde hubo la intervención de autoridades en el conflicto a favor del consorcio de Carlos Slim, respaldando un desalojo que no tenía sustento en una orden judicial, sus representados se han organizado ya, de manera que cuando tienen alguna diligencia, la mitad de ellos acude y la otra mitad se dedica a cuidad sus viviendas.
Informó asimismo que en misma lógica, solicitó el pasado 25 de enero ante la 62 Legislatura, la intervención de la Comisión de Regimen Interno y Concentración Política para que conozca de viva voz los testimonios de los pobladores de La Colorada sobre las violaciones que han padecido, y para evitar que se reiteren en lo sucesivo.
Todo esto en vísperas de que se celebre el próximo primero de febrero una audiencia en el Tribunal Unitario Agrario en la que la empresa extractiva debe contestar la demanda que los pobladores del lugar han interpuesto en su contra, y en la que solicitarán medidas cautelares que eviten el desalojo de la gente y agresiones en el transcurso del citado juicio.
