Nueva York. Líderes y defensores de inmigrantes por todo el país han condenado lo que algunos llaman “una guerra contra inmigrantes” declarada por el presidente Donald Trump, quien busca intimidar, detener y deportar a millones.
Acciones de emergencia -foros, mitines, marchas- se multiplican por todo el país mientras defensores examinan las implicaciones de dos ordenes ejecutivas firmadas este miércoles que incluyen la construcción de un muro fronterizo, instrucciones para detener, procesar y deportar a millones más de inmigrantes, resucitar medidas de cooperación entre fuerzas de seguridad publica local y federal de persecución de inmigrantes y castigar a entidades que se declaran “santuario” que rehusan colaborar con autoridades migratorias.
“Es criminalizar todo”, comenta el abogado de inmigración Jose Pertierra en Washington. Las medidas anunciadas, agrega, implican que si llegas sin papeles desde Centroamérica o Mexico “te van a meter preso”. Eso, dice en entrevista con La Jornada, es el propósito: “es un acoso e intimidación para que la gente no venga o para los que están aquí se vayan”. O sea, subrayó, es hacer que las condiciones aquí adentro sean intolerables, y que el mensaje hacia los que desean migrar es “si vienes aquí te van a meter a la cárcel”.
“Las ordenes ejecutivas son un cambio de prioridades en la política migratoria. Ahora, cualquier delito, aunque sea menor, o si sólo te han acusado pero no enjuiciado o has hecho alguna declaración falsa a oficiales estadunidenses, aunque sea algo muy menor, te pueden detener y después deportar”, explica. Indicó que por ejemplo, lo que se llamaba antes “capturar y liberar”, en donde las autoridades te detenían para después citarte ante un tribunal y te liberaban hasta esa fecha, se anula con estas ordenes.
Pertierra indicó que el mensaje es que cualquiera que ha ingresado al país sin autorización o está aquí de manera irregular será encarcelado y procesado. O sea, “es un delito mayor ingresar a Estados Unidos”.
Esto tendrá la consecuencia de abrumar a fiscales y tribunales que antes daban prioridad a asuntos mucho más graves que un inmigrante sin papeles, sobre todo en la frontera. Esto, dice Pertierra, también llevará inevitablemente a una serie de abusos como a la vez implica el debilitamiento del derecho al asilo en violación a convenciones de la Organización de Naciones Unidas como de leyes estadunidenses.
“Los abogados tendremos que desafiar todo esto y buscar que algún tribunal emita fallos para congelar algunas de estas medidas”, pero señala que sus clientes, siempre vulnerables, ahora corren mayor peligro que nunca, y que el temor cunde entre ellos.
“La única certidumbre es la incertidumbre bajo este nuevo gobierno”, afirmó la abogada y profesora Susan Gzesh, directora del Pozen Family Center for Human Rights en la Universidad de Chicago, experta en asuntos de migración. Las medidas anunciadas en las ordenes ejecutivas, asevera en entrevista con La Jornada, están diseñadas para “generar temor entre el público” al calificar, “siempre con lenguaje inflamatorio, afirmando que todo inmigrante que entra al país está bajo sospecha como amenaza potencial a la seguridad pública”.
Al igual que Pertierra, indicó que entre los más preocupante es la ampliación de la definición de los inmigrantes como criminales. Consideró que tal vez el gobierno de Trump buscará hacer algunas cosas con el propósito “de generar mucha publicidad y espantar a comunidades. Sin embrago recordó que aun en redadas, todo inmigrante sigue contando con algunas protecciones constitucionales básicas, aunque a veces esas garantías sólo se respetan después de largos procesos judiciales.
Por otro lado, alcaldes y políticos electos de varias entidades que se definen como “santuarios” (se calcula que son entre 300 a 400 ciudades, condados y hasta estados) continúan expresando su oposición no sólo a las medidas antimigrantes, sino al ataque explícito en una orden ejecutiva contra ellos.
Trump ordenó que se evalúe anular fondos federales a todo entidad “santuario”, o sea, que expresamente ha declarado que no cooperará con autoridades de migración federales en la persecución y detención de inmigrantes indocumentados.
Durante las últimas 48 horas, alcaldes de las principales ciudades del país, incluyendo Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Chicago, reiteraron que no acatarán la orden ejecutiva y que llevarán sus casos ante tribunales al considerar estas medidas como ilegales y hasta inconstitucionales. El alcalde de Boston, Marty Walsh, prometió que estará dispuesto hasta ofrecer refugio en la alcaldía a inmigrantes que se sienten amenazados por el gobierno de Trump.
Algunos políticos locales y estatales han expresado no sólo su desafío, sino de impulsar contra medidas incluyendo reducir las contribuciones estatales a las arcas federales y advertir que la anulación de fondos federales podría tener consecuencias para esfuerzos de seguridad pública.
El procurador general del estado de Nueva York Eric Schneiderman, declaró que “gobiernos locales que buscan proteger a sus comunidades inmigrantes ante intromisión federal tienen todo el derecho de hacerlo…. Cualquier intento de bully a gobiernos locales a abandonar políticas que han comprado mantener seguras a nuestras ciudades no sólo es inconstitucional, sino amenaza la seguridad de nuestros ciudadanos”. Afirmó que hará todo para combatir esa orden.
El gobernador de Washington al igual que el líder del senado de California (estado “santuario”) hicieron eco de esto.
El New York Times en un editorial calificó de “ominosos” los cambios de regulaciones migratorias anunciadas este miércoles, lo cual busca “drásticamente ampliar la detención de inmigrantes que entran sin permiso” lo cual impone las condiciones para que se encarcelen “miles de inmigrantes que no representan una amenaza, amplias violaciones de derechos civiles y para la discriminación”.
Mientras tanto, la comunidad musulmana sigue en espera de ordenes ejecutivas, con detalles ya filtrados, de que se frenará la inmigración de países con población islámicos, incluyendo refugiados como medidas para monitorear a esa comunidad dentro del país.
A la vez, la ofensiva en su contra ha generado nuevas alianzas entre diversas organizaciones inmigrantes y de defensa de derechos civiles en este país. Por ejemplo, el Consejo sobre Relaciones Americanas-Islamicos (CAIR) junto con Judíos Unidos por la Justicia, organizaciones de inmigrantes latinoamericanos como CASA y sindicatos, estudiantes y religiosos siguen convocando manifestaciones y foros en diversas ciudades del país.
Algunos, sobre todo jóvenes, aparecen en el centro de ciudades, o frente de alcaldías, con mantas que afirman “indocumentado y sin miedo”.
