Puebla, Pue.
Más de 50 reporteros, fotógrafos, editores y directivos de medios de comunicación denunciaron que el gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas pretende llevar a la cárcel a periodistas que han sido críticos de su administración. A cinco días de que termine su sexenio, agregaron, particulares afines al gobierno estatal interpusieron una serie de denuncias penales en contra de informadores.
En el segundo informe ciudadano, organizado por académicos y activistas a fin de evaluar el ejercicio gubernamental, periodistas reunidos en la Universidad Iberoamericana de Puebla dijeron estar preocupados por el respeto a las libertades constitucionales de expresión y prensa en el estado.
En un documento firmado por trabajadores de medios de comunicación (entre ellos La Jornada de Oriente, Lado B, e-consulta, Intolerancia, Periódico Centro, Foro 21 y El Heraldo de Puebla) se indica:
“Ha corrido insistentemente el rumor de que se presentarán demandas contra una decena de periodistas por diversos motivos para afectarlos en su estabilidad personal, su libertad o su patrimonio. Se ha dicho que se emplearía el procedimiento ya utilizado por él (Moreno Valle): acusar a los comunicadores o incluso a sus familiares o sus empresas no directamente, sino a través de personeros.
Amenazas, acoso y allanamientos
“Hemos conocido a lo largo de seis años los procedimientos que utiliza el hoy aspirante a presidente de la República para lograr este propósito, que han ido desde el intento de estrangulamiento económico hasta las demandas contra comunicadores o sus familiares; hubo también asaltos a las oficinas de periodistas y amenazas reiteradas contra los comunicadores incómodos a él.
Debemos recordar la intentona de interponer demandas contra varios periodistas poblanos, que encabezó abiertamente en 2012 su encargado de Comunicación Social, Sergio Ramírez, y que fracasó gracias a la protesta decidida de un grupo de articulistas y dueños de medios locales.
Jorge Meléndez, de la Casa de los Derechos de los Periodistas, expresó: Las demandas son una de las amenazas. Somos el tercer país en muertes de periodistas en el mundo, sin que estemos aparentemente, porque sí lo estamos, en guerra civil. Además, gobernadores como el señor Moreno Valle utilizan el presupuesto de los estados como si fuera propio. Ellos deciden a quién le dan y cómo
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Cuauhtémoc Cruz Isidoro, secretario de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Puebla, dijo que el Congreso del estado no ha aprobado modificaciones derivadas de la reforma al Código Civil que despenalizaron los delitos de prensa.
Durante su gestión, el panista Rafael Moreno Valle fue cuestionado por diversas iniciativas enviadas al Congreso local, entre otras la llamada ley bala, que legalizó el uso de proyectiles de goma para reprimir manifestaciones; las reformas a la Ley Estatal de Deuda Pública, para ocultar pasivos por más de 75 mil millones de pesos, y por donar 17 mil millones de pesos del erario a la armadora alemana de autos Audi.
Asimismo, por privatizar el agua en la capital del estado, lo que provocó que se dispararan las tarifas en algunos municipios; por imponer a su esposa, Martha Érika Alonso, como secretaria general del Partido Acción Nacional en el estado y por intentar desaparecer las juntas auxiliares, restando autonomía a los municipios.
También fue criticado porque, a unos días de dejar el cargo, impuso al fiscal general, al auditor superior, a los comisionados de transparencia y a varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia, lo que la oposición y organizaciones civiles consideran una estrategia para cubrirse las espaldas después del 31 de enero.
