■ Proponen exhortar a todas las fuerzas políticas de la Legislatura para iniciar la discusión de inmediato
■ Análisis deberá realizarse “consultando a los profesionales de la información”: Medina
El diputado Luis Medina Lizalde presentó un punto de acuerdo en la sesión de este martes de la Comisión Permanente de la 62 Legislatura local, con el que busca exhortar al gobernador a que se reconsidere el recorte al presupuesto destinado a publicidad oficial.
Apuntó que esta decisión debería tomarse “como un gesto de compromiso con cientos de familias zacatecanas que ven amenazadas su fuente de sustento”.
Este punto se complementó en la exposición de motivos del legislador, en la que aseveró que el anuncio gubernamental de reducir este año dos terceras partes el monto que se destinó a publicidad oficial en 2016, ya “se ha traducido en la cancelación de puestos de trabajo y en el agravamiento de la precariedad laboral en que muchos se conservan”.
Asimismo, en el punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se propuso exhortar a todas las fuerzas políticas del Congreso del estado para que se inicie “inmediatamente” la discusión acerca de la regulación que debe haber en cuanto a la publicidad oficial.
Este ejercicio, precisó Medina Lizalde, deberá realizarse “consultando a los profesionales de la información, a los empresarios de los medios, a los estudiosos y académicos en el tema y principalmente a la sociedad en general, para así cumplirle a Zacatecas brindándole una legislación justa y adecuada con nuestra realidad”.
La necesidad de analizar una legislación en la materia la respaldó en la exposición de motivos al asegurar que hay un “malgasto de dinero público destinado a los medios de comunicación”, ya que este recurso “se invierte en pago de notas insustanciales, fotos de inspiración ególatra, o en campañas de desprestigio para el adversario incómodo”.
Esta crítica se liga con otro de los puntos de la iniciativa presentada en el que se plantea hacer un exhorto a Gobierno del Estado para que elabore un plan de comunicación para 2017 centrado en campañas con orientación social “indispensables”.
Entre los temas mencionó la información para prevenir y tratar las adicciones, la violencia intrafamiliar, el machismo, la preservación y el tratamiento del agua, y la promoción de la cultura democrática.
Esta acotación de los temas de la publicidad oficial resaltó que observaría lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe la “promoción de personalidades con cargo a los contribuyentes”.
Por último, Luis Medina solicitó que se incluya el financiamiento de la publicidad oficial en la revisión del paquete económico que se propuso en una iniciativa anterior, “por lo cual demandamos que en lo inmediato se convoque a la realización de un periodo extraordinario de sesiones para la discusión”.
En la explicación del punto de acuerdo, el diputado reconoció como “saludable” la incorporación del recurso para publicidad en el presupuesto y la publicación de lineamientos para su gasto en el Periódico Oficial.
Aun así, puntualizó que “no compartimos la lógica de gasto practicada por el Ejecutivo, en la cual no se hace cargo de las implicaciones sociales que tiene para amplios sectores y que se derivan de las decisiones tomadas sin el cuidado respectivo”.
Medina Lizalde sostuvo que el fracaso del desarrollo regional en el estado es el motivo por el que no hay posibilidades de que anunciantes privados tengan la capacidad para ser el sostén de las empresas de comunicación.
Agregó que la inexistencia de una legislación que garantice la libertad de expresión provoca que se mantenga “la tradición autoritaria de condicionar los contratos publicitarios a cambio de la subordinación de la línea editorial”.
En este sentido, concluyó que “claro ejemplo de censura resultó cuando en recientes fechas fue cancelado un contrato de publicidad con un medio de comunicación local, como consecuencia de haber dado a conocer una entrevista realizada a un académico, quien realizó, en ejercicio de su libertad de expresión, juicios de valor sobre la actividad contaminante de una transnacional minera”.
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