Y los recortes alcanzaron a los medios

Y los recortes alcanzaron a los medios

Mal va el Gobierno estatal en la creación de 40 mil empleos en el quinquenio, como prometió, pues en de noviembre a diciembre se perdieron dos mil 197 plazas registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque para ahora, “optimistamente” casi estamos igual que en septiembre.

Pronto, en esas cifras se reflejarán también los cientos que se perderán en los medios de comunicación, a partir del recorte por 180 millones de pesos que se hizo de lo destinado a pagar la propaganda oficial, en el que muchos perderán convenios, y otros los verán reducidos hasta en 70 por ciento.

Nadie en su sano juicio podría oponerse a que se establecieran de antemano, y con convocatoria pública, los criterios por los cuales Gobierno del Estado entregaría cada cantidad a los medios. Tampoco nadie podría oponerse a que se reduzca el dinero utilizado en promover la imagen personal del mandatario y sus cercanos quienes probablemente tengan aspiraciones a ocupar otros cargos.

No obstante, la medida emprendida por el actual gobierno no ha sido bien recibida por ningún sector del gremio (empresarios o trabajadores) y tampoco ha tenido por respuesta un respaldo popular de los ciudadanos, que ajenos a esta actividad, pudieran reconocer en ello un verdadero esfuerzo de austeridad.

Esto se debe a varias razones, que pueden resumirse en tres palabras: falta de credibilidad.

¿Austeridad?

Para el ciudadano común, las medidas de austeridad anunciadas hasta ahora resultan cosméticas y “de mentiras” pues mientras se ha dejado de usar las Suburban lujosas, no se han vendido ni se ha clarificado que será de ellas. Se nos dijo que la Casa de gobierno no sería habitada por el mandatario estatal y su familia, pero hemos visto que es utilizada como escenario para las fotografías íntimas de éste con su esposa. Se nos dijo que por el bien de Zacatecas tendría que autorizarse un empréstito, pero se amenaza con cerrar instituciones educativas por los problemas financieros que ocasionó haberle dado menos de los recursos etiquetados. Se nos dice que disminuirán el 20% del salario de altos funcionarios, pero se mantiene una partida de más de 600 millones de pesos para “estímulos”  qué bien podría constituir una nómina secreta.

No hemos visto ningún esfuerzo de recuperar dinero desviado o robado, o de ejercer las medidas resarcitorias dictadas por órganos contralores. ¡Vamos! hasta Miguel Ángel Yunes ha logrado recuperar 450 millones de pesos para el erario a través de la Procuraduría General de la República y Javier Corral ha ahorrado 2 mil millones de pesos y obtenido otros 500 millones con medidas de austeridad reales y la venta de varios activos del gobierno.

Aquí, mientras tanto, el gobernador amenaza con cerrar el Colegio de Bachilleres por los problemas en sus finanzas, aunque no tuvo empacho en tener en su equipo de trabajo a uno de los señalados por estos quebrantos.

Incluso él mismo avaló las prestaciones de los trabajadores cuando fue secretario de Finanzas en el sexenio de Miguel Alonso Reyes, de la misma manera que lo hizo el actual titular de la Sefin cuando estaba en ese mismo cargo en el gobierno de Amalia García.

Se olvida también que organismos de Gobierno del Estado comparten esta misma situación financiera, como es el caso del Incufidez, Mientras también se olvidan de revisar las basificaciones exprés que se hicieron dos días antes de las elecciones para verificar si todos los beneficiarios cumplieron los requisitos, como han desmentido notas periodísticas.

Esa austeridad cosmética, y esas omisiones en el rigor de la ley, hacen inverosímil que los 180 millones de pesos que ya no se destinarán a los medios de comunicación, llegarán a hospitales, escuelas, a los ex braceros, el campo, etcétera, pues ha sido política del actual gobierno eliminar el programa de uniformes gratuitos, reducir el presupuesto para el campo, para la cultura, llamar a los deportistas a autofinanciarse, etc., pero aumentar 2000% el presupuesto de Finanzas o de la Secretaría de Administración.

Ante este escenario, justificar el recorte del dinero a los medios de comunicación con el argumento de la austeridad, suena a hipocresía.

Argüir la transparencia y el fomento a la independencia de los medios de comunicación tiene pocas probabilidades de éxito, porque si bien ahora se sabe cuánto se gastará en medios, también se sabe que los convenios serán con duración variable, lo que podría hacer que se les diera más a los que se queden “calladitos” ahorita que el tema está en la opinión pública, y se castigue a quien levanta la voz.

Tampoco hay nada que garantice que -ante la complejidad de sobrevivir en estos términos económicos-, no se chantajee con dar por debajo de la mesa, a conveniencia y criterio discrecional, lo que a los medios antes se les daba por encima de ella.

En honor a la verdad, todo parece indicar que la apuesta del gobernador son las redes sociales. Fue esa también su apuesta que tuvo como candidato, pues gastó 77 mil 500 dólares (un millón 381 mil 825 pesos, al tipo de cambio de entonces) en Facebook, y además se lo ocultó al Instituto Nacional Electoral (ver http://www.jornada.unam.mx/2016/07/09/politica/012n1pol)

Como muestra de lo anterior, basta ver que pese a la promesa del gobernador para no hacer contrataciones, se está reclutando personal para crear contenidos que los ayuden a dar su versión de los hechos de una manera más acertada que como lo han hecho hasta ahora.

Para ello, ya se implementan estrategias para fortalecer las redes, por ejemplo, llevando las dádivas al terreno digital, como regalar 200 roscas de reyes a los ciudadanos que publicaran un comentario en la cuenta de Facebook oficial.

Es un terreno seguro, difícilmente Mark Zuckerberg pagará la nómina de periodistas que hagan investigaciones comprometedoras o hagan preguntas incómodas. Y en cambio, en esta red social sí se puede utilizar la cuenta oficial del mandatario para mostrar cómo le fue en el festival escolar de sus hijos.

Está por verse si este cambio en la forma de la relación entre Gobierno del Estado y los medios de comunicación significa dejar de promocionar la imagen personal del mandatario, funcionarios de primer nivel, y hasta de una particular que al estilo de Martha Sahagún se ha hecho figurar en boletines, fotografías oficiales y entra a reuniones de gabinete.

Para ello será necesario que los acuerdos de publicidad sean para difundir contenidos que promociones la educación, la salud, las medidas de protección civil, de seguridad, etcétera, y no los boletines de inauguraciones y entregas de “apoyos”.

Ante la irritación que esto ha despertado en un sector que convive día con día con la clase política, se busca “aventar la bolita a los empresarios” diciendo -las más de las veces de forma acertada- que el despido masivo que está viéndose se debe a que los dueños de medios evitan bajar sus niveles de ganancias, y prefieren hacer pagar al de abajo.

No les falta razón en este razonamiento, sin embargo, si esa fuera una preocupación real, gobierno podría haber fijado entre sus requisitos que a los pocos empleados que sobrevivan a esta hecatombe se les otorguen prestaciones, se les pague el salario mínimo profesional que les corresponde y se garantice que su jornada de trabajo no supere el tiempo que marca la ley.

Nada de ello hay en los lineamientos. Parece que le fue muy complicado al Ejecutivo hacer lo que sí hace el Grupo Modelo con sus contratistas, asegurarse que el personal que ingresa a sus plantas posean seguridad social.

El otro argumento en defensa de esta medida es que es responsabilidad del medio hacerse de otros clientes de sus espacios publicitarios, pues gobierno solo tendría que ser uno de ellos. Arguyen incluso que el financiamiento público compromete la línea editorial, lo cual no tiene per se, que ser así, y en todo caso eso es lo que habría que cambiar. Le apuestan a la empresa privada pero omiten decir que las grandes empresas, mineras, cerveceras, bancarias, etcétera, tampoco son afectas a “pagar para que les peguen”.

Nada se dice en este contexto del derecho a la información, y de la manera en la que el estado trabaja por garantizarlo, facilitando por ejemplo, que todo mundo sepa el desglose del presupuesto, los beneficiarios de las licitaciones o conociendo los salarios de los funcionarios.

Consideran, que la posibilidad de pedir esta información vía transparencia, o teniéndola en sus páginas de internet es suficiente. Confían, y quizá con razón, en que será un sector muy pequeño el que se dé a la tarea de investigarlo a profundidad.

Con ello se cumple el mínimo necesario que exige la ley, aunque ello signifique nada se haga para llevar la información a todos los ciudadanos como haría un país realmente democrático.

Responsabilidades

Ante este panorama, es necesario que los medios hagan un esfuerzo de autocrítica, pues las reglas del juego están modificándose y es necesario analizar nuevas formas de financiamiento.

Es también momento de reflexionar si la sociedad considera pertinente al periodismo en general, y en particular a cada medio. Porque su apoyo depende de ello. De lo contrario, se corre el riesgo de no contar con el respaldo popular si es que no se alcanza a vislumbrar los alcances de esta medida para la pluralidad democrática o si la urgencia de frenar la embestida en el frente económico y político dejan poca atención a este tema.

Los periodistas de a pie tendrían que analizar la urgencia de buscar vías para garantizar condiciones dignas laborales más allá de egos y diferencias, que permitan resistir a situaciones como la que hoy apremia. Tendrán también que sentir al doble de vigilar la responsabilidad ética del buen uso del dinero que sí se dedicará a los medios, y del destino de lo recortado.

Finalmente, tocaría a quienes apuestan a que la revolución digital hace prescindible a los medios de comunicación, echaran ojo a la situación del político que más fichas ha puesto a esta estrategia, nos referimos a Enrique Peña Nieto, cuya aprobación, por cierto, ronda por el 12 por ciento. ■

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