El Estado justamente existe porque el mercado no sostiene actividades esenciales para la sociedad. El estudio de las humanidades y las artes, sin la intervención del Estado estarían extintas porque el mercado da vida a la industria del espectáculo pero no el cine de arte, la pintura de las vanguardias o las investigaciones musicológicas. Estas últimas reprobarían los criterios de una corrida financiera en un estudio ordinario de mercado. A las ciencias básicas eso mismo les pasaría: ningún empresario privado daría financiamiento a una investigación en torno a los transfinitos de Cantor o de matemática topológica o de lógicas difusas. Toda la ciencia básica tiene la particularidad que no tiene aplicación económica inmediata, y la única manera de que sobreviva es con financiamiento público. Y todo el mundo sensato está de acuerdo de que la ciencia básica es una actividad muy importante. Hay postgrados de universidades privadas que hacen investigación y formación de postgraduados, y el Estado a través del Conacyt los incluye en los programas de financiamientos y becas porque no habría otra manera de que sobreviva esa actividad que realizan aun cuando son privados. De igual manera con los constructores locales, que no pueden empatar los bajos costos de empresas foráneas, pero aunque sus costos son un poco más altos se les dan contratos justo por ese motivo: ser locales. En forma similar, todos estamos de acuerdo que si un panadero de Zacatecas vende las galletas que necesita el DIF a un precio un poco mayor al que ofrece Gamesa, queremos que aun así se le compre el producto al panadero zacatecano. Y el único que puede hacer estas cosas que hemos descrito es el Estado, porque el mercado las hubiera eliminado sin mediar duda.
Pues bien, eso mismo pasa con la información, la comunicación y la formación de opinión pública. Es necesario que la población esté informada con suficiencia y tenga acceso a reflexiones que le permitan hacer valoraciones de los acontecimientos. Para esto, el sólo uso ordinario de la redes es insuficiente, porque se requiere de trabajo profesional de personas que van a conseguir la información, la sistematiza, la redacta y difunde. Y para esto se requieren equipos de profesionales que hacen de esa actividad justo eso: una profesión. Y por ello, deben recibir un salario. Y no digamos de los medios que tienen periodismo de investigación con personal especializado y altamente capacitado. Y por supuesto que la pura actividad mercantil de los medios (venta de publicidad) no da para sostener a estos equipos. Esto es, el mercado por sí mismo no sostiene la actividad de los informadores. Así las cosas, el Estado tiene la obligación de contar con mecanismos para garantizar que la población tengamos acceso a la información en un marco de pluralidad, y eso significa afirmar la necesidad de dar a los medios contratos económicos que hagan posible su sobrevivencia. De otra manera, es hacer uso de mecanismos de censura indirecta.
Además, el esquema actual de dar ese financiamiento complementario a los medios es muy malo: opaco, arbitrario y depende de filias o fobias políticas. Requerimos que Sí se garantice el financiamiento complementario del que hablamos, pero que no dependa del obscuro arbitrio del funcionario en turno. Porque eso hace que se premie al lacayo y se castigue al que ejerce la crítica. Si un medio hace periodismo de investigación se convierte en un objetivo a la extinción. Por ello, la manera de evitar la arbitrariedad es acordar criterios y mecanismos públicos totalmente transparentes para la firma de convenios Gobierno-Medios de Comunicación. Y garantizar que esos recursos lleguen a los reporteros y periodistas, porque en muchos medios los recursos de los convenios se quedan arriba y no bajan a los trabajadores de a pie.
La discusión de fondo es, ¿qué modelo de comunicación queremos? Sin duda las redes han venido a modificar el escenario, pero en ellas hay virtudes y riesgos. Si la información depende de la espontaneidad de lo que circule en redes, estaremos más confundidos que hoy, porque se necesita que alguien investigue los casos, corrobore la información, cruce datos, sistematice su difusión y organice la opinión sobre los eventos. De otra manera estaremos ante un caos realmente des-informante. Por el contrario, necesitamos un modelo de comunicación que al mismo tiempo que hay profesionales que investigan y corroboran lo dicho, exista la posibilidad de retroalimentación horizontal con los medios y la pluralidad en las visiones que sostienen la opinión. Medios más abiertos y horizontales, pero profesionalizados y altamente capacitados. Con financiamiento público y libres para hacer efectiva la mayor objetividad posible. Combinar estos rasgos es tarea de una nueva Ley de medios de comunicación en el estado de Zacatecas. Lo que es esencial para la calidad democrática.
No entendemos por qué el Gobierno del Estado no ha respondido a la propuesta de una ley de medios con estas características. Su omisión en este tema y su acción unilateral de ahogamiento financiero a los medios, nutre las hipótesis que afirman que en realidad se trata de un plan autoritario que coincide con el empoderamiento de la estructura militar en la seguridad pública en el país, y la promoción de la ley de seguridad interior. Enmudecer a los medios y manipular las redes son componentes de este plan autoritario en ciernes, ante un año socialmente muy complicado para los actuales grupos del poder. Los signos dan que pensar. La mejor manera de dar mensajes en otro sentido es actuando de otra manera: aceptar la construcción democrática de la ley de medios y atenerse a ella. El rescate del Estado, pasa por defender nuestro derecho a la información y a la plural formación de la opinión pública. ■
