■ Miscelánea
La crisis económica nacional, incrementada en nuestro estado por el saqueo del desgobierno de Miguel Alonso Reyes, ha generado una irritación tal que la gente ha tomado las calles como no se veía en la entidad, desde aquellas movilizaciones del Frente Popular de Lucha de Zacatecas en los años setenta.
A la carencia de empleos y de recursos económicos, agregue Usted la corrupción del gobierno de Peña Nieto, el gasolinazo, la devaluación del peso y los exagerados sueldos y privilegios de la clase política, entonces la ebullición está a un punto del estallido.
En un intento de disminuir la presión social, el Gobernador Alejandro Tello anunció la disminución de los salarios de sus funcionarios, hasta en un 20%, al tiempo que hizo un llamado a los Ayuntamientos, al Poder Judicial y al Legislativo para que hicieran lo propio y en igual sentido.
Algunos ayuntamientos han respondido con la disminución de su 20%. Otros no. Tampoco los poderes Legislativo y Judicial. Los diputados no acceden a bajar sus doce mil quinientos pesos diarios ni los magistrados sus prerrogativas insultantes.
Así las cosas, cada ayuntamiento, cada partido y cada poder enfrentarán la protesta social como les sea posible y cada uno de ellos aportará su grano de arena para incrementar su propio desprestigio.
El problema de fondo es que el Gobernador Tello hace su oferta: la disminución salarial de sus funcionarios hasta en un 20%, pero únicamente eso. El asunto es que una oferta así, aislada de otras alternativas para la disminución y control de los sueldos abusivos, es precisamente la tesis del gatopardismo: cambiar para que todo siga igual. Cambiar para que nada cambie.
¿Qué tal -dice la gente-, que la baja salarial del 20% implique el otorgamiento de un bono subrepticio por un 25 ó un 30 por ciento, por cualquier motivo que se establezca?: bono de riesgo o del día de la madre, como los ministros de la Corte, bono por herramientas legislativas, emulando a los diputados o, simplemente, bono por productividad en el trabajo. Entonces quedamos peor, pues el ingenio de la clase política para apropiarse impunemente del erario es francamente sorprendente.
Si de verdad el Gobernador Tello tiene la intención de frenar el abuso de la clase política en Zacatecas, es necesario implementar medidas de control social: insistimos en una iniciativa de Ley de Tabulador General de Sueldos para cada poder, ayuntamientos, partidos y organismos descentralizados como la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde también los funcionarios hacen de las suyas.
En el cuerpo del tabulador va el nombre del trabajador, su asignación laboral y el sueldo contabilizado por año, donde las prestaciones se incluyen al considerarse como salario. El trabajador no puede, por ningún motivo, recibir mayor cantidad que la asignada anualmente, so pena de incurrir en delito; tanto quien recibe como quien otorga.
La salvedad va con la Ley del Mérito Ciudadano, que otorga prestaciones económicas al que las merece.
El Tabulador es del conocimiento público y la gente tiene acceso a archivos financieros.
El Gobernador Tello tiene todo para promover y garantizar el cambio verdadero: voluntad, capacidad y relaciones familiares que tienen que ver con el pensamiento de izquierda y la sensibilidad social. Tiene cerca la asesoría de mayor confianza y desinteresada y la oportunidad histórica de hacer de verdad un gobierno no sólo diferente, también honesto y con sentido social.
El mayor reto: controlar las ambiciones desmedidas de la clase política en Zacatecas. Y la corrupción.
Cobaez: las culpas ajenas.
Una expresión del Gobernador Tello, en el sentido de clausurar el Colegio de Bachilleres del Estado, causó inquietud y hasta malestar a los zacatecanos. Queremos pensar que se trató de una opinión simplemente sin reflexión, pero que no constituye una intención de fondo porque, imagine, ¡dejar sin centro educativo a más de catorce mil estudiantes, entre adolescentes y jóvenes! Y sin culpa:
A diferencia de lo que ocurre en la UAZ, donde las autoridades son producto de elección por los estudiantes y trabajadores académicos y manuales, en el Colegio de Bachilleres hay designación directa por parte del gobernador en turno. ¿Que ha existido desvío de recursos? También el castigo y recuperación está en la decisión de los gobernadores. ¿Que hay prestaciones laborales que pueden parecer exageradas? También ha sido con la voluntad de los gobernadores la inclusión de ellas en los contratos colectivos de trabajo.
Luego, ¿por qué culpar a los trabajadores y golpear a los estudiantes? “Lo que es causa de la causa es causa de lo causado” dice un viejo principio jurídico. Los gobernadores han designado a los directores, los gobernadores han autorizado las prestaciones, los gobernadores han generado impunidad frente a desviaciones en Issstezac y Cobaez. ¿Entonces?
Para finalizar una propuesta y una pregunta: Erigir la Casa Bellagio en El Museo de la corrupción y la Frivolidad y, ¿por qué no se embargan a Miguel Alonso los ranchos producto del saqueo al erario y se paga la deuda de Colegio de Bachilleres? ■
