■ Según la titular de la Secretaría de la Función Pública deben ser canceladas
■ Se debe dar a cada uno de los implicados la oportunidad de tener una audiencia
Después de que se revisara el proceso y las circunstancias en la que se otorgaron las 387 concesiones de taxi por parte de la anterior administración gubernamental, encabezada por el priísta Miguel Alonso Reyes, se encontró que en 29 de estos expedientes se presentaron irregularidades o fallas, que en opinión de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Paula Rey Ortiz Medina, son determinantes para su cancelación.
Lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa encabezada por Fabiola Gilda Torres Rodríguez, secretaria general de Gobierno; Miguel Rivera Villa, director de Transporte, Tránsito y Vialidad, y Jehú Eduí Salas Dávila, coordinador general jurídico.
Este último añadió que no se pueden revelar los nombres de los propietarios de estas 29 concesiones, porque la nulidad o validez de las concesiones, se encuentra en manos del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Poder Judicial del Estado de Zacatecas.
Y por el proceso legal que inicia a partir de hoy, ya que se iniciará una investigación individual, y se debe dar a cada uno de estos 29 beneficiarios la garantía de audiencia, por lo que no se pueden señalar nombres.
De estas 29 concesiones, 15 no surtieron el efecto legal por no haberlas operado en el plazo establecido, y las 14 restantes están entre los supuestos de que fueron otorgadas a servidores públicos o a familiares de éstos.
Aclaró que éstas no fueron entregadas a ningún titular de ninguna dependencia o entidad, y solamente se pueden retirar las concesiones por medio de la revocación, la extinción o nulidad conforme lo establece la ley.
Por su parte, Ortiz Medina explicó que la Constitución Política del Estado de Zacatecas, en el artículo 82 en su fracción octava, establece las facultades del gobernador para otorgar y revocar permisos y concesiones que le competan.
Pero la ley de Tránsito reformada en 2014 y en 2016, vuelve a sufrir una modificación para dar pauta y establecer el origen de la convocatoria y señala que el otorgamiento de concesiones debe hacerse vía convocatoria pública, pero el Poder Ejecutivo no debe tener la facultad de otorgar y revocar concesiones sin una limitación expresa por la ley.
En esta revisión se detectó que no se elaboró el estudio socioeconómico, como lo señalaba la propia ley, y ello generó que no se especificara en la convocatoria cuántas concesiones se otorgarían por modalidad y ubicación geográfica.
De haberse hecho conforme a la ley, se hubiera podido conocer en qué lugares eran necesarias y qué número. También se observó que no fue documentado el proceso de notificación, ya que la ley indica que una vez que se valoran los expedientes, se debe notificar a cada uno de los participantes si fue o no beneficiado, y tampoco se documentó el fallo.
Una vez que se revisó el marco normativo, se solicitaron a la Dirección de Tránsito los expedientes señalados en el listado de concesiones, y se realizó un cotejo de documentos contra la convocatoria y contra la ley de transporte público, tránsito y vialidad.
En este sentido, se solicitó información a las dependencias de la administración pública estatal, municipal y federal. Además de pedir información a organismos autónomos. La titular de la SFP recordó que antes de que entrara la actual administración, se entregaron concesiones de taxi.
Fabiola Torres comentó que la indicación del gobernador Alejandro Tello Cristerna era que se revisaran todas, ante los señalamientos de posibles irregularidades, por parte de concesionarios. Por lo que la lista de los beneficiarios de las más de 380 concesiones, están en la página de trasparencia del Gobierno del Estado.
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