■ Miscelánea
Los abogados Miguel Agustín Zamora Barrón y José Pablo Mercado Solís, asumiendo su compromiso social en tiempos que el país requiere, han estado convocando a los ciudadanos zacatecanos a suscribir sendas demandas de amparo para revertir el “gasolinazo” impuesto por Peña Nieto.
Al parecer no han acudido la cantidad de inconformes que se esperaban aunque el trámite es completamente gratuito. Tan escasa es la respuesta que uno de los convocantes, Pablo Mercado, comenta en este diario que “la ciudadanía busca sus propios males o es conformista”.
Es entendible la decepción de Pablo, sólo que valdría la pena analizar que tanto cree el mexicano en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en lo particular en quienes la representan: los ministros, tan olvidados de los intereses de México y de su soberanía y tan en el Olimpo para comprender el sufrimiento de un pueblo cargado de agravios que ellos pudieran haber aminorado.
Y no podría ser de otro modo: El sistema político se las ha ingeniado a fin de controlar y sujetar a los intereses de la clase en el poder a ministros, senadores y diputados aunque realmente sin mucho ingenio; sólo consintiéndolos con prebendas económicas, algunas inusitadas: Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reciben un salario mensual de $564 mil pesos, o sea ¡$18 mil 800 pesos diarios!, que no los gana por mes un médico del ISSSTE o del Seguro Social o un profesor universitario. Agregue además: seguro de gastos médicos mayores, seguro de riesgo, de vida y otros privilegios, incluyendo apoyo económico por el día de la madre.
Hoy que Peña Nieto y sus lacayos en el Congreso de la Unión preparan otro golpe a la estructura de justicia, la llamada Ley de Seguridad interior, es cuando los ministros debieran opinar en defensa de la Constitución y en contra de uno de los males mayores que puede sufrir país alguno: la militarización.
¿Militarización legalizada?
El PRI, ha presentado iniciativa en la Cámara de Diputados. El PAN igual ante la Cámara de Senadores, ambas coincidentes, según dicen para dar legalidad plena a la intervención de los militares en tareas de seguridad pública, que como sabemos, es propia de los cuerpos policiacos preventivos y de investigación.
Esta iniciativa del PRI-PAN, representa un golpe a la Constitución que expresamente prohíbe la intervención del Ejército en tratándose de seguridad pública.
Hasta hoy, a diez años de que el Ejército se ha ocupado de labores no propias de su función –Seguridad Nacional-, las experiencias son fatales: Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y Villa de Cos en Zacatecas, por mencionar algunas.
Con facultades de investigación y detención, los allanamientos, la tortura para obtener “la verdad legal” y nuestra seguridad en manos de los militares, entonces sí, México será un Estado fallido.
No quinientos diputados, cincuenta o cien, pero con capacidad, conocimiento
y debate.
Descartada la posibilidad de que el buen futuro de México sea a través de la ventana del Poder Judicial de la Federación, ¿es la esperanza representada en el Congreso de la Unión?
Lorenzo Meyer en Distopía mexicana dice que…“breves y espaciados- son los momentos en que la vida pública alcanza la grandeza. En el proceso político suele predominar la mediocridad y, con frecuencia, la injusticia, el abuso, la corrupción, la violencia, el crimen. Los que no afloran sino con cuentagotas son, entonces, los ejemplos de la política como expresión de lo mejor del espíritu humano.”
En tiempos de irritación y de impotencia, aunque también de esperanza, corren expresiones en contra del mal gobierno de Peña Nieto y de la clase política abusiva y corrupta, mediante marchas y manifestaciones y un pobre desquite, si lo fuera, a través de WhatsApp. Uno me impresionó: Los comentarios frente a frente que hace la diputada federal Rocío Nahle García, Zacatecana por cierto, y coordinadora de la fracción de Morena, ante los funcionarios del ramo del petróleo. Prácticamente la diputada los dejó enmudecidos.
Si en verdad los dirigentes de los partidos que se dicen de izquierda, se preocuparan y se ocuparan del proyecto de nación que, con alteza de miras y sentido social debieran tener, comenzarían por la promoción a los cargos legislativos a auténticos parlamentarios, con preparación, con valor y, sobre todo con ideales. La diputada Nahle es el prototipo a seguir.
La promoción de parientes o grupo de amigos, sin la virtud de la capacidad y la congruencia basada en ideales, significa tirar al bote de la basura las oportunidades por la defensa de la patria y de su gente.
Convertir un partido político en una franquicia familiar y de cuates, también es corrupción. ■
