Las combativas movilizaciones realizadas desde el primer día del año en todo el territorio nacional son producto inmediato del gasolinazo impuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también son una reacción ante distintos agravios de las autoridades al pueblo mexicano: las distintas muestras de corrupción política exhibidas por muchos buenos periodistas; la desaparición forzada y no aclarada de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa; el fracaso de la política contra la inseguridad y la violencia; las distintas y graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y diversas corporaciones policiacas; la Reforma Energética aprobada en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo mexicano; y muchas otras. Miles y miles de mujeres y hombres de distintas ideologías y filiaciones partidistas, han hegemonizado claramente las redes sociales y, lo que es más importante, se han movilizado sin la convocatoria o mediación de ningún partido, e impulsado acciones muy diversas y planteado una agenda igualmente variada, lo que debería ser reconocido por todas las autoridades como una expresión legítima del único depositario de la soberanía nacional: el pueblo mexicano.
Ante la dimensión de la movilización en las calles y de la opinión pública, las autoridades solo han emitido un argumento: la creciente importación de combustibles ocurre en el marco del mercado mundial, donde los precios cambian al ritmo de los precios del petróleo, debido a lo cual, ante el incremento de estos debemos aguantar estoicamente el gasolinazo y el alud de aumentos de precios asociados a esa decisión del “mercado”. Pero resulta que información oficial del mercado de gasolinas de Houston, Texas, refuta el argumento oficial al señalar que el precio de la gasolina importada por nuestro país en los últimos 12 meses ha sido la más barata en años, de donde se deduce que aún en el marco conceptual del gobierno no existe razón válida para justificar el golpe a la economía popular. Y menos se justifica si atendemos al ínfimo nivel de ingresos de la mayoría de las familias mexicanas provocado por la decisión de utilizar los bajos salarios que se pagan en México como incentivo para atraer inversiones de capital extranjero.
Por otro lado, llama mucho la atención la retórica neoliberal a ultranza de funcionarios como el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, quien no cesa de apelar a las bondades del “libre funcionamiento del mercado”, en momentos en que el propio presidente electo de Estados Unidos, sabotea ese concepto amenazando a los inversionistas que piensan en nuestro país para hacer negocios, señalando que tomará medidas de diversa naturaleza para evitar que sigan exportando a su país mercancías a precios muy competitivos por los bajos salarios de los trabajadores que las fabrican. En los hechos, el señor Trump está violentado el sacrosanto “libre mercado” y el señor Meade no dice nada. El dogmatismo neoliberal que muestran las autoridades financieras de México y el temor a Donald Trump son elementos que muestran a las claras que no son, nunca lo han sido, los gobernantes que necesita con urgencia el pueblo mexicano, ese que parece que está recuperando la dimensión de depositario de la soberanía nacional.
