Las múltiples protestas populares que han surgido a lo largo y ancho del país ante el alza de los precios de la gasolina no pueden ni deben ser soslayadas. Implican no solo el rechazo a un injustificable incremento de los precios del combustible, sino que expresan, ante todo, una falta de credibilidad hacia la clase política mexicana y un contundente veredicto en contra del modelo neoliberal que se ha implantado en el país.
México es un país productor, exportador y consumidor de petróleo. En reservas probadas ocupa el lugar número 18 del mundo, superado en América únicamente por Venezuela y Estados Unidos. Las reservas de crudo mexicanas superan en más del doble a las de la Unión Europea. Siendo México un país que cuenta con una significativa riqueza petrolera y que como exportador de crudo se ve beneficiado por un incremento en los precios internacionales del crudo, resulta difícil entender la lógica que motivó el decreto de aumentar hasta en un 24% el precio de la gasolina.
Más que simplemente cuestionar la justificación oficial de este nuevo y brutal gasolinazo dada por el presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje a la nación del jueves 5 de enero por la noche, es importante comprender el trasfondo de esta medida que ha destapado la caja de pandora y abierto un nuevo escenario de disputa por la nación.
Para responder a estas y otras interrogantes, una primera cuestión a considerar es que el precio del petróleo no es fijado por la “mano invisible” del mercado, del libre juego de la oferta y la demanda. Se trata, por el contrario, de un precio monopólico regulado por los países y corporaciones que detentan el control o la propiedad de los principales yacimientos del llamado oro negro. A partir de la década de 1970, cuando se produjo el “doble choque petrolero” que sacudió al mundo entero, esta regulación ha recaído en la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) a través del control que ejerce sobre la oferta mundial de crudo. En este marco, la decisión de dicho organismo de reducir en 2017 sus volúmenes de producción derivó en un incremento del precio internacional del petróleo, que para el caso de la mezcla mexicana, hizo que se elevara a 46 dólares por barril.
La estimación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se hizo bajo el supuesto de un ingreso por concepto de exportación petrolera calculado a partir de un precio del crudo mexicano tasado en 42 dólares por barril y un tipo de cambio de 18.2 pesos por dólar. Si consideramos que el país exporta 1.3 millones de barriles diarios, el referido incremento en los precios del crudo significa un ingreso adicional al previsto en el Presupuesto federal de 1,898 millones de dólares, que al tipo de cambio actual equivale a 40.5 mil millones de pesos.
Más aún, el gasolinazo significa también un ingreso fiscal adicional al previsto en el Presupuesto federal por concepto de impuesto a la gasolina (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios e IVA). Al respecto la Coparmex estima que el Gobierno mexicano obtendrá un ingreso superior a los 280 mil millones de pesos. Si consideramos que el 24% de este ingreso no estaba previsto en la estimación presupuestal, hay un excedente de aproximadamente 67 mil millones de pesos. Al sumar este ingreso con el adicional de la exportación de crudo, la ganancia ronda alrededor del total del presupuesto asignado para la educación superior en 2017: 118.2 mil millones de pesos.
Para aclarar aún más el panorama, resulta importante agregar que entre 2009 y 2016 la producción de gasolina en el país cayó en 329 mil millones de barriles. Este injustificable retroceso en materia de refinación al que me referiré más adelante ha ocasionado que se importe más del 50% de la gasolina consumida internamente y se genere un absurdo déficit en la balanza petrolera. Otros absurdos a los que vale la pena hacer mención, no señalados por Peña Nieto en su mensaje del jueves 5 de enero, son el hecho de que Pemex vende gasolina en Estado Unidos a la mitad del precio del que la comercializa en México y que el impuesto a la gasolina en el país es casi dos veces mayor que el aplicado en Estados Unidos (40% frente a 21%).
No está por demás agregar que el precio de la gasolina es 22 por ciento por litro más barato en Estados Unidos que en México ¿Por qué pretender entonces explicar el alza de la gasolina amparándose en el trillado discurso de la globalización? ¿Cuál es la lógica del gobierno mexicano para justificar el gasolinazo y transferir los costos del mismo a los ciudadanos sin reparar en sus previsibles impactos inflacionarios?
Decir que el gasolinazo es un acto de responsabilidad pública que busca la estabilidad macroeconómica del país es querer tapar el sol con un dedo. Resulta evidente que el modelo económico neoliberal que impera en el país, sustentado en el saqueo despiadado de nuestros recursos naturales y la explotación extrema, exclusión y expulsión de la fuerza de trabajo mexicana, atraviesa por una crisis terminal. Pemex ha fungido como una pieza clave de este engranaje. No puede ignorarse en este sentido que la empresa estatal ha sido convertida en la caja grande del erario público, sacrificando con ello no solo su desarrollo como empresa pública, sino convirtiéndola en botín de la clase política y soporte del gasto público frente a la exención tributaria concedida al capital foráneo. De esta manera el enorme potencial para el desarrollo nacional que representa nuestra renta petrolera ha sido dilapidado, regalado y transferido al capital extranjero; esa es la apuesta: a toda costa financiar, subsidiar la inversión extranjera.
Ante esta situación, en lugar de nuevos gasolinazos, lo que el país requiere es un radical cambio de rumbo, cuestión que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se ha vuelto aún más imperioso. Con su abierto rechazo al gasolinazo el pueblo mexicano está dando muestras de que no está dispuesto a seguir siendo rehén de una clase política corrupta, ciega, inepta y subordinada a los intereses del gran capital multinacional. ■
