■ Se exhorta al Gobierno del Estado para que cese cualquier tipo de abuso o intervención en localidad
■ Se busca que el caso sea atraído por la CNDH e igualmente exhortar a la PGR para que inicie investigaciones
Este jueves el tema de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, llegó hasta el Congreso de la Unión a través de un punto de acuerdo presentado por los diputados de la
fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mariana Trejo, Alfredo Basurto Román y Mario Ariel Juárez Rodríguez.
El legislador Basurto Román informó que en la propuesta se planteó hacer un exhorto al Gobierno del Estado para que cese de inmediato cualquier tipo de abuso o intervención en la localidad mencionada.
Esto se presentó después de que el pasado 23 de diciembre la administración gubernamental de la entidad encabezará un operativo de desalojo de los habitantes de esta comunidad en la que opera la unidad minera Frisco-Tayahua, propiedad del multimillonario Carlos Slim, bajo el argumento de que están en riesgo de derrumbe de sus viviendas y hundimiento de tierras por el deterioro de esta zona a causa de una falla geológica.
El diputado advirtió que también en el punto de acuerdo se incluye un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que entregue a los diputados federales un informe detallado de los permisos y condiciones bajo las que la minera Frisco opera en la zona de Salaverna.
Igualmente, se hace un llamado a la Secretaría de Gobernación (Segob) para informarle de la actuación que el Gobierno del Estado tuvo a finales del año pasado en la localidad de Mazapil.
De igual forma, se busca que el caso sea atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que sea esta instancia la que vigila el respeto a las garantías de los habitantes de la comunidad, dado que el diputado consideró que la comisión estatal en esta materia está al servicio del gobierno de Zacatecas.
Por último, se busca exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) para que inicie las investigaciones correspondientes por los delitos que pudieran haberse cometido por parte de la administración estatal.
Entre estos ilícitos, se encuentran el de abuso de autoridad, desalojo, daño a las cosas y un ilícito que fue tipificado recientemente por el Congreso de la Unión y que se refiere al desplazamiento forzado de ciudadanos al interior del país.
