Hace alrededor de dos años, Emilio Lozoya, entonces director general de Pemex, hizo declaraciones en el sentido de que ese consorcio (legalmente empresa productiva del Estado) importaría petróleo ligero de Estados Unidos para impulsar la refinación en México, para lo cual ya habían iniciado negociaciones tanto con el gobierno norteamericano y con las empresas interesadas de ese país. Y este año, el secretario de energía Pedro Joaquín Coldwell hizo declaraciones similares, no obstante que apenas el 22 de octubre de 2013 el mismo Lozoya advirtió, en plena cumbre de negocios en Guadalajara, que invertir en refinación era cuestionable, ya que hay capacidad instalada en exceso a nivel mundial, o lo que es lo mismo, México se mantendría como importador neto de combustibles, porque producirlos internamente no es rentable. Las razones para el cambio de opinión son evidentes: la reforma energética ahora permite la participación de empresas privadas y antes era Pemex quien debería construir las nuevas refinerías.
México acumula tres décadas y media sin incorporar una nueva refinería. La más reciente del sistema nacional de refinación data de 1979, y como se ha documentado en este espacio los seis gobiernos neoliberales se negaron a construir más, porque, pretextaron, sería una pérdida injustificada de recursos públicos y un grave error porque este tipo de plantas industriales no son negocio. Y así han transcurrido 35 años, mientras años tras año crecía la importación de petrolíferos y el precio de los combustibles. De Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, ningún gobierno movió un dedo para evitar, o cuando menos contener, la creciente dependencia externa de petrolíferos. A la urgente necesidad de construir nuevas refinerías, todos ellos respondieron solo con remodelaciones, actualizaciones y modernizaciones de las plantas existentes (incluso cancelaron una, la de Azcapotzalco, y no hubo remplazo), pero tardaron tanto en concluirlas que al reinaugurarlas resultaron ya obsoletas.
A partir del año 2000, con Fox en Los Pinos, México importó petrolíferos por un total de 30 mil 254 millones de dólares (cifras de Pemex), un crecimiento sexenal de 175 por ciento. Con Calderón el monto sexenal acumulado por el mismo concepto fue de alrededor de 130 mil millones de billetes verdes (más de 400 por ciento de aumento), y cerca de la misma cantidad en apenas cuatro años del gobierno de Peña Nieto. Lo más lamentable es que esa catarata de dinero fue a parar a las empresas con las que hoy negocia el gobierno neoliberal para que se instalen en el país, con la dificultad que puede representar la política anunciada por el presidente electo Donald Trump. Los ingenieros mexicanos con experiencia en la materia saben que con ese río de dinero y en igual periodo fácilmente se habrían construido no menos de tres grandes refinerías de Pemex, con lo que se habría detenido la importación de combustibles, la sangría económica y la dependencia externa, y todavía sobraría una buena cantidad para invertir en otras áreas, como nuevas embarcaciones especializadas, instalaciones modernas para descargar en muelles, construcción de ductos, almacenaje, distribución y logísticas de reparto entre otras.
Construir nuevas refinerías de Pemex es la única manera sustentable para enfrentar otro hecho: en los próximos 15 años la demanda de combustible se estará incrementando a una tasa de 2.8 por ciento anual, es decir al 2030 la demanda será un 46 por ciento mayor a la que tenemos, y lo único cierto es que hoy no tenemos refinerías suficientes y parece que nos alcanzará una tormenta casi perfecta. La complejidad del momento que vivimos es mayúscula debido a que con la depreciación del peso frente al dólar el costo del combustible importado se encarece inevitablemente, además de que la divisa norteamericana será cada vez más escasa y, por tanto, la devaluación del peso no se detendrá pronto. Los incrementos anunciados a la gasolina vigentes a partir de ayer generarán expectativas inflacionarias, aunque la verdad es que no hay razón para un aumento generalizado de precios ya que las gasolinas son un componente en los costos de bienes, servicios y productos, pero no el único, ni el más importante. Por ello, los incrementos deben ser pequeños y focalizados en sectores como el transporte, y el Gobierno Federal debe estar muy pendiente para evitar que comerciantes y productores trasladen mecánicamente el aumento de los combustibles a los precios finales al consumidor.
Debemos esperar que ante las presiones inflacionarias, el Banco de México aumentará nuevamente las tasas de interés lo que desincentivará la inversión productiva, a lo que se agregará que la política monetaria restrictiva utilizada por el gobierno para controlar la inflación se traducirá necesariamente en un menor crecimiento de la economía nacional y, consecuentemente, una disminución de la recaudación fiscal, lo que presionará para que el gobierno mantenga la tendencia alcista de los impuestos que recauda en todas las gasolineras del país. Eso es lo que nos espera si no damos pasos más allá de mentar madres en las redes. ■
