Pese a que estas fechas tradicionalmente suelen ser de optimismo desbordado, inercial y hasta injustificado, pudo percibirse que este 2017 comenzó con desánimo generalizado y una sensación de terror frente a la profundización de la crisis económica que desde hace más de treinta años se vive en México.
La circunstancia no es para menos. Nada, ni los regalos, ni el fútbol, ni las telenovelas, ni siquiera la fiesta de 15 años de Rubí fueron capaces de distraernos lo suficiente para que se contuviera el enojo por el aumento de más del 20 por ciento en el precio de la gasolina.
Cierto es que en otros países, en muchos de ellos con peores niveles de educación que nosotros, una situación como esta tendría millones de personas desbordadas en las calles, reclamando la renuncia del presidente, del secretario de Economía o del de Hacienda; pero también es verdad, que en comparación con otros tiempos, situaciones igual de indignantes han pasado con más indiferencia social de la que se percibe esta vez.
Es enero, probablemente los más despistados aún no se enteran del incremento en los precios de los combustibles, y muchos más, ni siquiera imaginan la escalada inflacionaria que se desatará a partir de tan terrible medida.
La Asociación Latinoamericana de los Micro, Pequeño y Medianos Empresarios (Alapyme) advierte que el precio de la canasta básica subirá “cuando menos” 30 por ciento, y el costo de la materia prima de la industria manufacturera podría elevarse hasta 50 por ciento.
La línea de autobuses Ómnibus de México ya advirtió en redes sociales que tendría que ajustar sus tarifas; y las asociaciones de transporte público en Zacatecas amenazan con buscar un aumento de precio del pasaje hasta de 3 pesos, pasando de 6.50 a 9.50, es decir, casi 50 por ciento. No podría esperarse algo distinto del servicio de taxi, e incluso de Uber, pues se antoja complicado que esta alternativa de empleo sea viable para sus “socios” con un margen de ganancia tan reducido.
Esta vez, poco ha podido escucharse la miope recomendación de remediar esto caminando más o usando la bicicleta, pues a fuerza de repetición ya hemos entendido que un aumento en la gasolina afecta no únicamente a quien tiene vehículo propio, sino a todo aquel que consuma algún producto que se transporta vía terrestre, es decir a todos.
Este discurso, tan “primermundista” y pertinente en otro contexto, resulta incluso ofensivo en un lugar en el que como éste, el servicio de transporte público es tan deficiente, que en decenas de colonias ya no hay autobuses a las 8:30 de la noche; en otros lugares, en horas pico es tal la saturación que es imposible abordar el camión aunque sea viajando de pie; en otros fraccionamientos la falta de alumbrado público y las condiciones de inseguridad hacen deporte extremo el salir con la anticipación necesaria para tomar un autobús para llegar al lugar de empleo.
Además de esto, es imposible sugerirle estas alternativas al maestro que gasta diariamente 10 litros de gasolina para llegar a su centro de trabajo en Jerez, partiendo desde Guadalupe; o al médico cuyo trabajo en una comunidad le exige desplazarse diariamente en carretera. Ya ni hablar de la gente de las cientos de comunidades rurales del estado en las que el vehículo particular no es un lujo, sino la más mínima herramienta de trabajo y necesidad del hogar, tan básica como un refrigerador o una estufa.
Afortunadamente, la opinión pública parece entenderlo, y son sólo algunos políticos los que se escudan en razones ambientales o de salud pública para desembarazarse de su responsabilidad.
En todo caso el debate se ha dividido entre quienes asumen que la razón de esta alza disparatada que complicará aún más el panorama económico se debe a la reforma Hacendaria, y los que piensan que se debe a la reforma energética. Ambas, parte de las reformas estructurales que tanto enorgullecían a Peña Nieto al inicio del sexenio.
Los argumentos para culpar a la reforma hacendaria los dan principalmente panistas (militantes o simpatizantes) quienes explican el elevado precio de la gasolina se debe en buena medida a los impuestos, pues por ejemplo en México pagamos 1.26 dólares por galón de gasolina en esta medida tributaria, mientras que los estadounidenses pagan 0.53 dólares por galón.
Quienes atribuyen el elevado costo de la gasolina a la reforma energética argumentan que desde hace años, tal como lo admitió alguna vez Francisco Labastida con Carmen Aristegui, se ha venido desmontando la infraestructura de Pemex, entre otras, la encargada de refinación, para que la paraestatal no tenga condiciones de hacerle sombra a las empresas privadas que pronto ingresarán al jugoso mercado mexicano.
A consecuencia de ello, hemos vivido la escasez de y hemos visto precios cada vez más elevados, pues el adelgazamiento en la capacidad de Pemex se fue cubriendo paulatinamente con la mayor dependencia a Estados Unidos, que con sus 150 refinerías son capaces de venderle gasolina cara, a México, quien a su vez le vende petróleo barato.
Unos y otros tienen razón. El Pacto por México comprometió al Partido de la Revolución Democrática, a apoyar la reforma hacendaria, y Acción Nacional a impulsar la energética. Ambas nos tienen en esta situación.
El priismo, que propuso ambas reformas, guarda cínico silencio y se mantiene en paz. El presidente juega golf en Mazatlán mientras los mexicanos digerimos el “gasolinazo”; al gobernador, quien como senador votó a favor de ambas reformas, no se le ve en público desde hace casi dos semanas; el próximo lunes la semana que entra una ex diputada federal será presidente municipal de Zacatecas, y un ex diputado local, que también votó la reforma energética, gobierna hoy la ciudad de Fresnillo.
Este año 2017 no habrá elecciones, así es que la apuesta es que en los 18 meses que restan para que elijamos presidente, senadores, diputados federales, alcaldes y diputados locales, esto, ya esté olvidado, o cuando menos digerido. De nosotros depende que se salgan con la suya. ■
