■ Erradicar la opacidad permitirá protegerla de los críticos gratuitos y las calumnias, dicen
■ Si se recupera vocación de servicio social, la ciudadanía va a dar mucho más a la institución
La transparencia y rendición de cuentas deben ser dos puntos centrales en el actuar de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), ya que estos lograrán su legitimación y el apoyo social que se requiere.
En este sentido coincidieron varios diputados locales al ser entrevistados acerca de los beneficios que obtuvieron ex funcionarios de la administración central de la UAZ y el propio ex gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, al recibir dinero de la Universidad por concepto de rentas de diferentes inmuebles.
El diputado Luis Medina Lizalde sostuvo que este hecho constituye “claramente” un conflicto de intereses y lamentó que en la legislación éste no se encuentre tipificado como delito que conlleve una sanción.
Apuntó que este tema tendrá que recibir una “atención específica” del Poder Legislativo, tanto del local como del federal, para que pueda caminarse en la clasificación de este tema como un ilícito penado por la ley.
La diputada Geovanna Bañuelos comentó que entre los aspectos que deben transparentarse en la UAZ están las nóminas de los rectores, los docentes comisionados que cobran sin prestar sus servicios en la Universidad, a quiénes se les rentan las sedes alternas de la Máxima Casa de Estudios y los elementos que acrediten que el uso de estos edificios externos es necesario.
El legislador Luis Medina Lizalde agregó a estos rubros el tema de los salarios en general, el padrón de proveedores y la lista de beneficiarios de servicios asistenciales, los criterios que se utilizan para su selección, entre otros rubros.
Señaló que “todos esos pasos son necesarios para blindar a la Universidad de sus críticos gratuitos, porque hay mucha gente que la descalifica por prejuicios ideológicos”. Sostuvo que es en la opacidad donde se abren huecos para las anomalías e irregularidades en el ejercicio de la función pública y el recurso.
Por ello insistió en que la transparencia protege, a quien “tenga la voluntad de hacer bien su trabajo (…), de la mala leche, de la calumnia, de la tergiversación y de las cortinas de humo”.
La legisladora Bañuelos de la Torre añadió que el manejar los recursos de manera transparente y apostarle a la rendición de cuentas real ayudará a legitimar no sólo el quehacer del Rector, sino todos los esfuerzos que se realicen desde el interior de la UAZ para buscar que esta institución salga adelante y crezca.
Por tanto, expuso que “sólo se va a gozar de la aceptación de la sociedad cuando se conozcan al más mínimo detalle en qué se gasta el recurso de la Universidad” y agregó que este punto tiene que aplicarse a todos los entes que operan con dinero público.
Consideró que el Rector ha dejado ver un cambio en la forma de administrar la Máxima Casa de Estudios.
Bañuelos de la Torre indicó que “están muy viciados los órganos de gobierno de la UAZ, se han prestado tradicionalmente a chantajes de intereses de grupos políticos al interior y, para mí, el actual Rector ha dado muestras de que no estar atado a esos intereses y ojalá que atienda este respetuoso llamado. (…) Para tranquilidad de todos los zacatecanos creo que se debe transparentar absolutamente cada centavo que les es encomendado”.
No obstante, otro de los elementos que debe darse a conocer de manera detallada es el del impuesto para la UAZ, el gravamen que ahora en la propuesta de paquete económico para 2017 busca incrementarse del 5 al 10 por ciento.
Esta responsabilidad de transparencia, aparte de enfocarse en la Universidad en torno a los rubros a los que se destina el recurso, también debe tenerla en cuenta el Gobierno del Estado pues, de acuerdo con el legislador Luis Medina Lizalde, hasta ahora se le está entregando el porcentaje de lo proyectado, pero no de lo recaudado finalmente. Por ello, consideró que “el gobierno no ha sido derecho con la Universidad en ese tema”.
Además, apuntó que el Ejecutivo estatal no debe manejar en su discurso que el dinero que se dirige a la Máxima Casa de Estudios es un favor que el gobierno le hace a la Universidad, sino que “el que administra los impuestos tiene la obligación de financiar a las instituciones de estado” y la UAZ es una de ellas.
En cuanto al incremento del impuesto para la UAZ, la diputada María Elena Ortega criticó y dijo que debe explicarse por parte de Gobierno del Estado por qué, si con el aumento al 10 por ciento de este gravamen se esperan recaudar unos 250 millones, sólo se prevé regresar a la Universidad 50 millones de pesos; “a todas luces no tiene sentido ese asunto”, concluyó.
Sin embargo, consideró que si tanto la administración central de la UAZ como las unidades académicas y los estudiantes “recuperan la vocación de servicio social, de acción universitaria, donde todo lo que ellos estén desarrollando se vuelva hacia el análisis y la resolución de la problemática social, la ciudadanía no sólo va a dar esa cantidad, va a dar mucho más porque en la sociedad queremos a nuestra Universidad”.
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