■ No tienen las firmas de ratificación de todos los funcionarios que se requieren, explica
■ Sostuvo que no son fallos imputables al Legislativo; se cumplieron los plazos de promulgación
En Zacatecas hay al menos 38 ordenamientos jurídicos que son susceptibles de ser declarados inconstitucionales debido a que no cuentan con las firmas de ratificación de todos los funcionarios que se requieren.
El diputado local por Morena, Luis Medina Lizalde, hizo referencia a este tema debido a que en los últimos años se han multiplicado los casos de ex funcionarios impunes a causa de la invalidez de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Zacatecas y sus Municipios por no contar con la firma de quien en 2001, fecha de la que data esta norma, se desempeñaba como Oficial Mayor.
Aseguró que “son susceptibles de ser declaradas inconstitucionales” todas las leyes comprendidas entre el 11 de julio de 1998 y el 23 de mayo de 2015, cuando se aprobó una reforma constitucional para eliminar el requisito del refrendo del secretario del ramo para que sólo fueran necesarias las firmas de gobernador y secretario general de Gobierno.
En los asuntos generales de la sesión ordinaria de la 62 Legislatura local de este jueves, el legislador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) enumeró, por su importancia, 10 ejemplos de leyes que están en esta situación, es decir, que no cuentan con la firma de refrendo de los secretarios correspondientes, sino únicamente tiene las del gobernador y el secretario general de Gobierno en turno.
Mencionó la Ley de Salud de la entidad, la de Patrimonio del estado y sus municipios, la Ley de Administración y Finanzas Públicas, la de Fomento para el Desarrollo Económico, la Ley de Deuda Pública para el estado y sus municipios, la de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, la Ley de Asistencia Social y la de Desarrollo Social, así como la Ley de Protección Civil para el estado; esta última de la pasada administración.
Medina Lizalde sostuvo que no se trata de fallos imputables al Poder Legislativo, ya que desde el Congreso se cumplieron los plazos de promulgación y las omisiones de firmas se dieron desde el Poder Ejecutivo.
No obstante, recalcó que “no podemos ser indiferentes al hecho de que haya un catálogo muy amplio de ordenamientos jurídicos locales fácilmente derrotables en los tribunales. Es algo que atenta contra el Estado de Derecho y creo que nosotros estamos obligados a ya no prolongar esa situación”.
Afirmó que hace esta exposición para que “valoremos la importancia de aprovechar la escasez de tiempo legislativo que nos queda para que esta situación no continúe”. Por tanto, concluyó que “la responsabilidad es abrumadora porque, si bien es el Ejecutivo el que incurrió en esa circunstancia, es la Legislatura a quien le corresponde ponerle remedio a esta situación”.
