■ Titular de la Sefin desglosa Ley de Ingresos y decreto de presupuesto de egresos
■ Más impuestos supone trasladar costo de manejo irresponsable de las finanzas a contribuyentes: Medina
■ Propuestas “dejan entrever que le cargarán a los zacatecanos el desfalco de Miguel Alonso”: Bañuelos
Si no se aprueban las nuevas cargas impositivas propuestas en el paquete económico de 2017, de forma que se incrementen los ingresos propios del estado, estaría en manos de los diputados tomar la decisión de “si se corren maestros o enfermeras o doctores o burócratas”.
Así lo señaló el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, durante su comparecencia ante la 62 Legislatura local para desglosar la Ley de Ingresos, el decreto de presupuesto de egresos y las 10 iniciativas propuestas para el próximo año en estas materias.
Tras hacer esta declaración, concluyó que “puede que yo sea el primero en la lista negra; ustedes toman esa decisión”. Pero insistió en que el planteamiento hecho por el Gobierno estatal no es sólo ambicioso, sino que principalmente es necesario; “no tenemos otra opción”.
Ante estas declaraciones, la diputada Geovanna Bañuelos de la Torre criticó que el secretario haga estos señalamientos porque, dijo, la decisión la tomó el ex gobernador Miguel Alonso Reyes en 2015 al no registrar a los maestros en el fondo federal denominado FONE, que sustituyó al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), cuando debía hacerlo. Hizo este apunte y agregó, por tanto, que los diputados “no tenemos por qué pagar ese costo político”.
En respuesta a los cuestionamientos de los diputados y para tratar de convencerlos de la necesidad de aprobar los nuevos impuestos y los incrementos en algunos ya existentes, el secretario planteó la pregunta de si es más eficiente dar incentivos por la vía de los ingresos o, por el contrario, fortalecer el gasto.
Dijo que con la primera situación se está “dando sosteniblemente incentivos perversos”, pues estos terminan beneficiando a todos, “incluso al que no lo merece” como, refirió, puede ser cualquier persona que tiene una capacidad económica mayor.
Para ejemplificar esta situación mencionó el caso del pago del predial y al respecto preguntó: “¿Qué pasa con todos los riquillos que viven en Bernárdez, que aquí veo varios? Pagan 2 mil 500 pesos y, cuando vas a otras partes del país, casas de ese mismo valor pagan hasta 20 mil”.
Por ello concluyó que con la fórmula actual “estamos dando un incentivo perverso porque incentivamos a las clases vulnerables y a los débiles de ingresos que tienen capacidad para poder contribuir con el Estado mexicano y el de Zacatecas”.
En cuanto a la retribución que, dijo, se obtendría en servicios públicos al incrementar los ingresos propios a través de impuestos, se refirió concretamente al caso del agua.
Al respecto, consideró que lo que se paga de derechos de agua en muchas ocasiones resulta “ridículo” y como consecuencia se obtiene un mal servicio. Concluyó asegurando: “¿queremos seguir así o queremos tener un servicio de calidad que corresponda a las contribuciones que estamos haciendo?”.
El funcionario afirmó que para cambiar la situación financiera que vive Zacatecas actualmente sólo están las opciones de incrementar los impuestos, de solicitar más deuda o de hacer recortes en el gasto.
Al respecto, nuevamente la legisladora Geovanna Bañuelos señaló que éstas no son las únicas vías, sino que la principal debe ser la austeridad y también la gestión de recursos ante la Federación; “hace falta mayor ingenio, responsabilidad y talento”, indicó.
“Le cargarán a los zacatecanos desfalco de Miguel Alonso”
La intención de Gobierno del Estado de crear nuevos impuestos e incrementar otros fue señalada además por varios legisladores como una medida injusta porque, tal y como señaló el diputado Luis Medina Lizalde, supondría un “traslado del costo del manejo irresponsable de las finanzas públicas a los contribuyentes”.
En el mismo sentido, Geovanna Bañuelos apuntó que estas propuestas “dejan entrever que le cargarán a los zacatecanos el desfalco de Miguel Alonso Reyes”. Expuso que antes de pensar en endeudar más al estado y en elevar los impuestos, se deberían centrar los esfuerzos en una gestión mayor de recursos y en garantizar que pague la totalidad de los contribuyentes.
En este último punto, recordó algunas declaraciones hechas por el propio secretario de Finanzas en otras ocasiones, en las que se hizo referencia a que sólo 20 por ciento de quienes pagan impuestos evaden esta responsabilidad y en las que el funcionario reconoció la complejidad de lograr que todos los contribuyentes cumplan, debido a que 70 por ciento de las familias en el estado sobreviven con dos o tres salarios mínimos.
Ante estos señalamientos, Miranda Castro reiteró que en ningún momento se estará afectando a la población vulnerable y, en ese tenor, se centró en defender el Impuesto Ecológico asegurando que “tiene nombre y apellido”, ya que su objetivo es gravar la actividad de las grandes empresas, tanto mineras como de la industria cervecera.
Para respaldar esta afirmación, informó que este mismo miércoles se tenía programada una reunión con Grupo Modelo debido a la “preocupación” que tienen por este nuevo gravamen.
Explicó que a la industria cervecera le estarían afectando dos de los cuatro componentes del impuesto, que son la emisión de gases a la atmósfera y la contaminación del agua, ya que no tienen actualmente una planta tratadora.
De acuerdo con estimaciones, dijo que con esta carga impositiva Grupo Modelo estaría pagando entre 200 y 300 millones de pesos al año.
No obstante concluyó que hay que considerar la “gran cantidad de empleos” que genera esta empresa, por lo que confió en que “lleguemos a un acuerdo para que no sea tan oneroso y tampoco matemos la gallina de los huevos de oro”.
En cuanto a la industria minera, consideró que este impuesto no afectaría las inversiones porque “mientras el precio de los minerales en el mercado internacional sea atractivo la minería funciona y tiene su propia dinámica, con o sin apoyo de gobierno”.
Con nuevos impuestos se solucionaría el déficit educativo
Ante los señalamientos de los diputados acerca de la necesidad de reflejar los discursos de austeridad en la propuesta de paquete económico, el secretario enumeró una serie de restricciones que desde la llegada del actual gobierno se han aplicado al presupuesto gubernamental.
La eliminación del gasto en celulares, así como el uso restringido de gastos de representación y de los vehículos oficiales fueron algunos de los rubros mencionados.
Sostuvo, en este sentido, que “con el poco recurso que nos ha dado el Gobierno Federal, más esta política de austeridad, racionalidad y calidad del gasto, hemos logrado pagarle a los maestros las quincenas de septiembre, octubre y noviembre”.
Precisamente en el tema educativo, el secretario aseguró que con el incremento en las cargas impositivas que se propone se resolvería al 100 por ciento el problema del déficit educativo que se enfrenta cada año.
Expuso que ya no es posible seguir haciendo frente a un gasto recurrente como el mencionado con ingresos que no son fijos, como las gestiones ante la Federación y el endeudamiento.
En ese tenor, recordó que por ejemplo este año 2016 inició ya con un déficit de 3 mil 300 millones de pesos que se contempló en la Ley de Ingresos vigente; siendo una parte deuda y la otra calificada con un concepto que “jamás en la historia había observado en alguna entidad” y que es el de “ingresos pendientes de gestionar”.
El funcionario explicó ante los diputados que los problemas con la nómina educativa se arrastran desde hace años, pero agregó que de 2014 a 2015 se le dio el “tiro de gracia” a Zacatecas. Y es que mencionó que con el cambio de FAEB al FONE el Gobierno del Estado anterior no registró a más de 9 mil maestros para que se incluyeran en la nómina de la Federación.
Por ello, reiteró que no hay otra alternativa para resolver el déficit más que incrementar la carga impositiva en 2017 porque la otra vía, que es el endeudamiento, ya se usó y no tuvo resultados definitivos.
Así que, prosiguió, “o lo intentamos de manera responsable o no tendremos viabilidad financiera”. Insistió en que lo que se deje de percibir en los ingresos deberá compensarse con una reducción del gasto, a fin de que los egresos no sean mayores a los recursos disponibles.
El objetivo es reducir en 5 años la deuda
El tema más cuestionado por los legisladores, ya fuera para criticarlo o para solicitar más detalles, fue el del “refinanciamiento” de la deuda pública que ahora existe, con la solicitud de un monto de poco más de 7 mil 300 millones de pesos.
Al respecto, el secretario volvió a rechazar que la reestructura consista en la contratación de más deuda y, entre las razones que dio para argumentar la imposibilidad de que esto suceda, está que Zacatecas ya es un foco rojo a nivel nacional por el elevado nivel de endeudamiento, a la par de estados como Coahuila, Veracruz y Quintana Roo.
Precisó que este refinanciamiento busca sólo tener mejores condiciones de plazos y tasas; “es como quien tiene una tarjeta de crédito con un banco que le cobra un 35 por ciento anual y le llega la solicitud de otra institución que ofrece las mismas condiciones de la tarjeta, pero cobrando un 20 por ciento. Ésta le compra la deuda a la otra y la ganancia es esos 15 puntos de interés de disminución”.
Dijo por tanto que, de autorizarse la propuesta, Gobierno del Estado realizaría una licitación “abierta y televisada” en la que diferentes instituciones bancarias plantearían sus propuestas de mejora a las condiciones actuales del pago de la deuda del estado.
El objetivo, añadió Miranda Castro, es reducir de casi mil millones de pesos de servicios de deuda que se pagan actualmente al año a unos 700 millones, con lo que se tendría un ahorro de cerca de 300 millones de pesos en cada ejercicio.
Tal y como está planteado el pago de la deuda en estos momentos, puntualizó, sería en este quinquenio cuando se tendría que saldar la totalidad de estos compromisos y consideró que eso es “injusto (…) porque nos dejaría en la inoperabilidad total”.
El funcionario indicó que el compromiso del gobierno actual es el de reducir entre 2 mil y 3 mil millones de pesos en estos cinco años la deuda recibida por 8 mil millones de pesos.
Informó que la decisión de incluir este monto en la Ley de Ingresos de 2017 responde al hecho de que, si no se tomará en cuenta esta reestructuración, habría que haber contemplado montos mayores para el pago del servicio de la deuda y, con ello, deberían haberse plasmado reducciones en otras partidas de gasto público.
