Los escándalos de corrupción de la clase política son ya un pan de cada día. No hay partido que haya estado en algún nivel de gobierno y se haya salvado. Es un rasgo universal de los políticos actuales. Da la impresión que nos vamos acostumbrando a las notas que, cada vez, parece que van dejando de ser noticia. La violencia y la corrupción son dos males que se han convertido en cotidianos. El asesinato y el abuso del poder aparecen en radio, televisión, periódicos y redes sociales e inundan la percepción de lo público. Los jóvenes de esta generación ya no son los de ‘la crisis económica’, como en los 80; ahora el signo bajo el cual crecen es el crimen y la descomposición de los poderes públicos.
En ese contexto, desde los sexenios de Fox y Calderón, y con los excedentes de las ventas de petróleo, los estados de la República recibieron enormes carretadas de dinero sin necesidad de contar con reglas de operación y rigores de comprobación. Desde entonces, se habló de la generación de los nuevos virreyes de la República: los gobernadores. Una generación de gobernadores se ha visto envuelta en magnos escándalos, ¿es casual? Es la creación de una forma de hacer política. A los gobernadores se les dotó de un poder sin control que, a la vuelta de unos pocos años, se convirtió en esta generación cuyo comportamiento examinamos. Al igual que los zetas son un producto de la creación de élites militares de contrainsurgencia, los gobernadores son el resultado de decisiones clave del gobierno de la República. Esto es, la violencia exacerbada y la gigantesca corrupción son, en mucho, los efectos de decisiones del gobierno nacional. Por tanto, puede ser, que sobre ese mismo camino se desande el sendero: decisiones que rompan el hechizo. Para eso, tendremos que esperar un evento que cimbre la sucesión en la presidencia de la República.
El caso de Duarte en Veracruz y los casos de Sonora, Quintana Roo y Chihuahua, son casos ruidosos de un patrón de conducta, aunque ocurra en menores intensidades. En gran parte de los gobiernos estatales podemos encontrar los efectos naturales el virreinato de los gobernadores. Por ello, la solución está en el ataque de la causa: al eliminar aquello que convierte a los gobernadores en virreyes, se acaba con sus efectos. Requerimos medidas para acotar los poderes arbitrarios de los gobernadores. Si no ocurre tal cosa, los escándalos de corrupción continuarán, y pasaremos a padecer la segunda generación de estos. Por ahora los excedentes petroleros se han detenido por obvias razones, pero eso no ha impedido que hagan uso de otros fondos. El objetivo para acabar con la corrupción en este nivel de gobierno está en saber limitar el poder de los ejecutivos estatales. Y aún no observamos reformas que propicien el buen funcionamiento de la separación de los poderes del Estado y por fin veamos que el poder controla al poder. Veremos si en los próximos meses ocurre algo que nos saque del escándalo y nos lleve a las soluciones.
