Apuntes sobre la seguridad pública 2010-2016

El sexenio 2010-2016 ha terminado, en el rubro de la seguridad pública, advertimos en los últimos meses,  un repunte de  la violencia atribuible al relanzamiento de “disputas por la plaza”, luchas por el control del territorio, que ponen en tensión toda la trama del poder legal [y/o ilegal], realmente existente. La lectura de  las estadísticas criminológicas, despierta preocupaciones de diversa índole, y nos obliga a plantearnos  preguntas, que exigirían una investigación más profunda, y detenida que estos apuntes, realizados desde una perspectiva crítica vinculada a la experiencia a lo largo de estos 6 últimos años, de acompañar a familias/víctimas de desaparición.

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Conocemos  sus testimonios, lo largo de estos seis años, las familias-víctimas han acumulado  una experiencia directa, del funcionamiento cotidiano de las políticas e instituciones de seguridad y justicia. Ante su inoperancia y reclamo, fue habitual su satanización, provocando una injusta –cruel- “re-victimización”

En su interminable peregrinar por las instituciones, y por la realidad social efectiva, las víctimas  testean, con cada uno de sus casos, el verdadero funcionamiento de las  políticas de seguridad pública, y de impartición de justicia, en Zacatecas (y en México), mostrándonos toda una serie de graves problemas que no han sido solucionados. Junto al casi nulo presupuesto destinado a las comisiones nacional y estatal de atención a víctimas CEAV, y CEVZ.

Brevemente repasaré los diferentes eslabones de la cadena: Por el lado de la seguridad pública, se continúan reportando casos de atropellos, abusos de autoridad, uso indebido de la fuerza, y violaciones de los derechos humanos, por parte de las diversas dependencias policíacas, así como de las fuerzas armadas. En el ámbito de la procuración de justicia -la investigación no se lleva a cabo con la eficacia, ni con la rapidez debida, se entorpece –por diversas razones-  desde la inercia y burocratismo, hasta por inexplicables omisiones, (como si existieran otro tipo de “fueros”),  o, también,  la ausencia del análisis de contexto, o, en cada caso, fallas en la investigación de  elementos que podrían servir como pruebas para encontrar a las personas desaparecidas; un ejemplo flagrante, las madres “rastreadoras”. Visible en el destino de las averiguaciones previas  en contra de los presuntos  responsables. Además de otras carencias estructurales, como el registro nacional forense, base nacional de información genética, etc. En un  segundo eslabón,  el de la impartición de justicia, un número muy alto de casos se quedan sin ser debidamente investigados, o, sin que  los presuntos responsables sean procesados judicialmente. También, conocemos casos, en que algunos delincuentes son dejados en libertad, por, falta de pruebas, etc., lo que evidencia fallas en la operación de los agentes del ministerio público, jueces, etc. En cuanto a las cárceles, en lugar de ser espacios para la rehabilitación social, son lugares donde la mayoría de los presos, pertenecen a los sectores sociales  más pobres,   y tienen que padecer dentro del penal, el dominio de los grupos del crimen organizado que han logrado tener poder. Mientras que la prevención,  [el primer eslabón de la cadena], no cuenta con el presupuesto suficiente, y por ende,  con los recursos y programas necesarios, para trabajar con la profundidad, extensión y consistencia, requeridas para lograr intervenciones que incidan efectivamente en la reconstrucción de un tejido social, tan fracturado y dañado, por más de una década -ya-  de padecer  corrupción, impunidad y violencia criminal.

Por el lado de la perspectiva de una justicia anamnésica (de anamnesis: hacer memoria; justicia basada en la experiencia de las víctimas),  la evaluación de las políticas de seguridad y de administración de justicia en Zacatecas (y en México), es extremadamente ácida y  crítica.   En la inmensa mayoría de las víctimas, hay una ruptura con el discurso oficial; una brecha que puede ensancharse -todavía más- si no se atienden los problemas -y las soluciones-,  que desde sus dolorosas –y valiosas- aportaciones, nos ofrecen, a  la sociedad.

Mientras que por el lado de la perspectiva oficial, se resaltan los avances,  aunque tengan  luces y sombras, en seguridad y justicia. Han sido ya suficientemente dados a conocer, desde el propio discurso elaborado por la pasada administración, entre otros puntos mencionaré: primero, la recuperación de cierta confianza para –por ejemplo- poder volver a  caminar por las calles en las zonas céntricas, un hecho real, pero que varía según sea el municipio, o de si se da, o no, un recrudecimiento de los enfrentamientos, lo que incrementa el número de víctimas, muchas veces inocentes, a las que sin embargo, se estigmatiza prácticamente “de oficio”, etc. En segundo lugar, a nivel del presupuesto,  la inversión estatal en el ámbito de la seguridad,  ciertamente es histórica, cercana a los 4,000 mil millones de pesos, especialmente en el rubro de infraestructura, equipamiento, armamento y vehículos, y aumento del pie de fuerza, aunque existan también problemas en cuanto a la transparencia  y la rendición de cuentas. Otros aspectos, igualmente  ambivalentes, serían los exámenes de certificación de los elementos policiacos; el mando único, y/o la coordinación entre policías, ejército y marina;  la marcada militarización de los mandos en las distintas corporaciones, etc. Finalmente, otro, reiteradamente señalado,  el de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatoria.

Para ilustrar la versión oficial, recuperaré dos intervenciones con motivo de la inauguración de edificio del Instituto de Ciencias Forenses, una del propio ex-gobernador, donde aseguraba que… “gracias a la apuesta y determinación establecida desde el principio se logró no sólo retornar la paz y sentar bases sólidas para las próximas administraciones, sino que establecieron premisas básicas para hacer de Zacatecas un estado atractivo para las inversiones, el turismo y la convivencia pacífica, que fomenta el desarrollo económico y social en la entidad”.

La segunda cita, las palabras de Jorge Alberto Zúñiga, funcionario de la PGR, quien resaltó  “la visión integral que se manejó a fin de mejorar la seguridad en el estado, hecho por el cual felicitó al mandatario estatal”.

Tenemos entonces dos perspectivas disímiles, incluso encontradas: la primera, una crítica -desde la experiencia vivida-  realizada particularmente por familiares de personas desaparecidas, y por víctimas de la violencia, ya sea de delincuencia organizada y/o común, como por parte de las  fuerzas de seguridad pública. La segunda perspectiva, el discurso oficial que enfatiza más el presupuesto invertido, etc.…

¿Qué tipo de balance podemos hacer, de las políticas de seguridad pública en Zacatecas durante este período?

Si nos atenemos a las estadísticas criminológicas, y tomamos  como  indicador los  homicidios dolosos, delitos considerados de alto impacto, junto con los delitos de secuestro y  extorsión. Podemos ver, como a diferencia  del discurso oficial, las cifras del SNSP, muestran claramente un incremento de los homicidios dolosos, mientras los secuestros se mantienen sin cambios (aunque aquí la cifra negra, es decir, aquellos  qué no denuncian el secuestro; impide confiar en este dato), mientras que en el caso de las extorsiones también ha aumentado significativamente.

Homicidios en el Estado de Zacatecas

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuadro comparativo entre las estadísticas de la PGJEZ y el RNPD.

Fuente: página web de la PGJEZ, y RPPD (Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

* No se contabiliza en el subtotal

**En el 2015, hasta octubre)

Aquí solo señalaré la discrepancia de datos, entre las propias fuentes consultadas. Mayor aún si se consideran otras fuentes.

En otros indicadores, con fluctuaciones y bajas según el año, entre 2010 y 2015, hay un incremento menor. Por ejemplo, en el índice del total de robos,  en el 2010, un total 14,097 robos, mientras para el 2015, se reportan 16,072 robos. El robo de autos (con violencia y sin violencia) pasa de 1,812 autos en 2010, para  subir a 1,959 autos en 2015. Los delitos patrimoniales, en el 2010, con 2,657 delitos, el 2015, con 2,776 delitos (ver web PGJEZ).

Esta rápida revisión, a las estadísticas delictivas, nos muestra una tendencia al alza, muy alta para homicidios dolosos, y mucho menor en los otros delitos.

Cabe mencionar, que no existe un sistema de información en el ámbito de la seguridad pública y justicia, robusto y confiable. Considerando únicamente las denuncias presentadas. Sin mencionar la cifra negra, estimada como mayor al 80%, (no en el caso de los homicidios dolosos), aunque varía según el tipo de delito. También conocemos el nivel de  impunidad: en más  del 90% de los delitos cometidos, los responsables  no sufren ningún tipo de castigo.

John Bailey, en su libro “Crimen e impunidad”, no solo nos recuerda que la criminalidad y la violencia pueden encubrirse o hacerse visibles, según los enjuegos de poder; también menciona cómo,  “además de carecer de datos auténticos de la criminalidad y los criminales, [irónicamente], sabemos menos acerca de la policía uniformada (preventiva), y casi nada sobre la policía investigadora (vestida de civil), los fiscales y los jueces, o los abogados defensores de los criminales. […] También sabemos poco sobre las prisiones, más allá de su terrible hacinamiento y violencia. […] Por estas y otras razones, la seguridad pública es una labor motivada directamente por un conflicto; carecemos de suficiente información y de una teoría consolidada a fin de sentar bases, y nuestra “comunidad epistemológica” apenas está emergiendo” (Bailey, 2014)

Agregaría, que  la única posibilidad  de lograr un sistema de información –no solo sobre seguridad y justicia- robusto y confiable, y de manera más general, la única forma de contar con unas políticas púbicas en los ámbitos de seguridad y justicia, es democratizando esas instituciones,  mediante un control ciudadano efectivo, a través de mecanismos expeditos de participación social directa, en todo lo relativo a la transparencia, rendición de cuentas, y a la evaluación  de las políticas de seguridad pública, y del sistema de administración de justicia.

Desde la perspectiva de los familiares de las víctimas,  el balance marcadamente “positivo” del gobierno saliente, no tiene un sustento firme (y las estadísticas nos señalan también esas disonancias). Efectivamente la inversión en seguridad  ha sido muy fuerte,   infraestructura, etc.,  pero, más importante todavía, es el funcionamiento ético, el fin de la corrupción e impunidad.  Lo peor, padecer hipertrofiadas y perversas políticas de seguridad y justicia.

No convendría mejor, a la ciudadanía, organizarse e intervenir críticamente, para asegurar que aquella promesa que aún está lejos de cumplirse, [no sea una utopía irrealizable], mientras seguimos siendo testigos de cómo la violencia se enquista volviéndose  endémica.

La sociedad civil puede tener ese  Zacatecas seguro, y ese Zacatecas Justo al que aspira, solo si  luchamos, acompañando a las víctimas, y generando –juntos, desde abajo-  modos progresivos con los cuales ir dando forma a ese mundo común al que aspiramos.

Ver: Bailey John, Crimen e impunidad, Ed. Debate, México 2014.