Buenos Aires. El Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunciaron este martes que se abrirán los archivos de la Iglesia sobre la pasada dictadura militar (1976-1983) después de concluir un proceso de organización y digitalización de los tres mil documentos, los cuales podrán ser consultados por las “víctimas y familiares directos de los desaparecidos”.
El papa Francisco aseguró a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que ordenó organizar los archivos para que finalmente se abrieran, y esto se anunció ahora mediante un comunicado de prensa. Se reunieron los archivos del Episcopado argentino, la Secretaría de Estado de la Santa Sede y de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.
Todo el proceso se desarrolló “en conformidad con las decisiones e indicaciones del Santo Padre” y también “supone la continuación de un trabajo ya iniciado años atrás por la Conferencia Episcopal Argentina”, señala el comunicado. En el caso de religiosos y eclesiástico también podrán acceder a los mismos “sus superiores mayores”.
La desclasificación de los documentos, impulsada originalmente por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, “se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro”.
El vicepresidente primero de la CEA, Mario Poli sostuvo ante la prensa que la Iglesia “no le tiene miedo” a la apertura de los archivos y que la decisión de ponerlos a disposición de las víctimas representa “un servicio a la Patria, para la reconciliación de los argentinos”.
A su vez, el titular de la CEA, José María Arancedo, negó la “complicidad” de la Iglesia con la dictadura, aunque reconoció que “no hizo todo lo que pudo, eso es cierto, y pedimos perdón”.
La palabra “complicidad es muy fuerte”, aseguró Arancedo, y sostuvo que al leer los documentos “va a surgir otra palabra. Me atrevo a decir que, una vez que se pueda tomar contacto con todo el camino, la presencia de la Iglesia va a aparecer con más luces que sombras, que siempre puede haber”.
Arancedo, arzobispo de Santa Fe, recordó que “la Iglesia permaneció en ese momento difícil… No se fue, se quedó aquí, y quedándose aquí tuvo muchas heridas, muchas muertes dentro de la propia Iglesia, y mucha gente a la que se ayudó a salir del país. Es una historia que está por hacerse”.
El anuncio creó nuevas esperanzas entre los organismos de derechos humanos en un momento en el que el gobierno del presidente Mauricio Macri está desmantelando programas que juegan un papel clave en la búsqueda de verdad y justicia.
Los documentos contienen cartas, notas informales telegramas, muchos de ellos con solicitudes de ayuda de los familiares de las víctimas y de gestiones de la Iglesia ante distintos organismos como el Ministerio del Interior.
La integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, afirmó que desde hace muchos años se esperaba esta noticia “para ir desandando la historia desde la verdad”. Cortiñas señaló que hay que ver cómo se presentan y recordó la participación de religiosos con la dictadura, entre los que citó al nuncio Pio Laghi, quien estuvo en Buenos Aires entre 1974 y 1980 y quien, dijo, debía estar al tanto de todo lo que ocurría porque jugaba al tenis todos los días con Emilio Massera, quien integró la primera junta militar como jefe de la Marina.
No a un proyecto gubernamental
En estos momentos el gobierno de Macri debió retroceder en su intento de imponer un proyecto de Ley de Reforma Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), que fue rechazado por muchos sectores porque es “claramente inconstitucional” y tiene como objetivo limitar y someter a la justicia, como advirtió el Premio Nobel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
“Lamentablemente el país se encuentra bajo presión del Poder Ejecutivo que busca la forma de controlar a los poderes Judicial y Legislativo, debilitando nuestras instituciones”.
Pérez Esquivel precisó que “uno de los objetivos preocupantes que se propone el gobierno de Cambiemos, y que afecta al Poder Judicial, es lograr la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sometida a fuerte presión para lograr su renuncia o la separación del cargo, sin respetar los tiempos e instancias legales”.
La diputada Elisa Carrió, aliada al gobierno de Macri, adujo también la inconstitucionalidad por varios motivos. La fuerte reacción convenció al gobierno de abandonar el proyecto, pero no la intención de sacar a Gils Carbó.
