Luego de años de fanfarronear publicitando su “renovada generación de gobernadores”, el PRI y el PAN –rebasados por los escándalos de corrupción en la presidencia de la República y los estados– han tenido que doblegar su arrogancia hasta llegar a sacrificar (por lo pronto), a dos de sus piezas de tablero. El propósito es apagar el fuego de la pradera, recuperar credibilidad entre los electores y enfrentar con mayores posibilidades de éxito los comicios que se avecinan….
Resulta que al igual que el priísta Javier Duarte en Veracruz, el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, se encuentra prófugo de la justicia ya que la orden de aprehensión girada en su contra no ha podido consumarse “porque se desconoce su paradero”. La orden refiere, entre otros, a presuntos delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, motivos suficientes para su pesquisa internacional y para que la Interpol lo rastree por 190 países.
Valiéndose de su cargo, el panista sonorense condonó pagos fiscales a más de 40 empresas –muchas de ellas propiedad de amigos y familiares– causando un quebranto en las finanzas públicas de 700 millones de pesos. Además del delito de evasión fiscal, el ex gobernador es buscado para que explique el origen de su “establo” en Sonora, cuyos corrales albergan 450 caballos pura sangre.
En Nuevo León, el combate a la “corrupción norteña” ofrecido por El Bronco, quedó solo en promesa de campaña por lo que, a un año de gobierno, Jaime Rodríguez es reprobado por los miles de regios que creyeron en él –incluidas organizaciones sociales, militantes de partidos y activistas sueltos que decíanse “de izquierda”–.
Bajo el gobierno de El Bronco, el número de desaparecidos y feminicidios sigue en aumento; no se cuenta en el estado con una política firme en materia ecológica ni se instrumentan medidas de protección al medio ambiente. La violencia contra las mujeres continúa y El Bronco –que no entiende de derechos humanos– exhibe sin inhibiciones su homofobia remitiendo al vecino estado de Coahuila, a todos aquellos que pretendan formar matrimonios igualitarios: “Que se vayan a casar a Saltillo” –repite jactanciosamente a los medios–.
En cuanto al “combate frontal a la impunidad” y a la corrupción prometidos, la administración embroncada no ha podido demostrar el enriquecimiento ilícito del ex gobernador Rodrigo Medina, ni el desfalco y mal manejo de las finanzas públicas del estado. Medina sigue libre y campante, disfrazado de amparos y con un dosier de expedientes “mal armados” bajo el brazo.
Total, nada nuevo en el establo norteño. La armadora de vehículos coreana –Kia– cuyos permisos y concesiones millonarias (libres de impuestos) fueron concedidos durante el gobierno Medina, mantiene sus operaciones sin interferencia alguna.
Meses antes de su primer informe, el primer gobernador “independiente” de México –que gusta de las historietas “Vaquero”– hizo referencia a “las niñas gordas de la escuela” asegurando que así nadie las quería… Luego, aseveró que “las mujeres que dan a luz por medio de cesárea, “son menos madres que las que los hacen naturalmente”….Ni más ni menos que un vaquero misógino de establo bajo las faldas del Cerro de la Silla…
Otro priísta, miembro de la “renovada generación de gobernadores”, es el zacatecano Miguel Alonso Reyes, el mismo que “arrasara” en las elecciones del 5 de julio de 2010. Seis años después, en una situación muy parecida a la de su millonaria y antecesora perredista acusada de corrupción (Amalia García), Miguel Alonso es blanco de acusaciones por presunta corrupción, conflictos de interés, desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. Se sabe que la deuda pública recibida al inicio de su gestión (650 millones de pesos), aumentó durante su gobierno en un 900 por ciento; esto es que, en seis años, ascendió a más de 5 mil 804 millones de pesos.
En Zacatecas el desfalco de recursos públicos vía la corrupción, es sin duda una de las muchas razones por las que 650 mil paisanos radican hoy permanentemente en los Estados Unidos y de que, con un millón 500 mil habitantes, vivan 800 mil personas en la pobreza.
A pesar de todo y desde que se presentó la demanda en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el gobernador Miguel Alonso Reyes, su hermana Lucía Alonso y el esposo de ésta, Eleazar Ávila Márquez por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, los presuntos implicados siguen gozando de entera libertad en la hermosa tierra donde Villa derrotara cien años atrás al ejército federal huertista –bajo las faldas de otro cerro… el de La Bufa—. ■
