■ No se consultó con la comunidad, son imposiciones del modelo de educación: Abel García
■ “Nos están metiendo en una camisa de fuerza de la que será difícil salir”: Delgado Wise
■ Necesario, concentrar los programas educativos sólo en 5 campus: Miguel Moctezuma
El Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Antonio Guzmán Fernández, dio a conocer al Consejo Universitario el Programa de Austeridad para enfrentar el déficit presupuestal de la institución, que a su vez fue presentado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se plantea una revisión de los campus foráneos para valorar su factibilidad y realizar un proceso de “liquidación de prestaciones”.
Ante el revuelo causado por esos y otros puntos entre los consejeros, el Rector señaló que, “efectivamente, la situación de incertidumbre, la tenemos, pero vamos a hacer la cuantificación de qué es lo que nos alcanzaría en porcentaje y lo que resulte de las negociaciones en México los mantendremos informados”.
“Quiero que quede en la constancia de la asamblea, que la negociación va a ser bilateral con el sindicato y la Universidad va a ser garante de los servicios estudiantiles. Igualmente, toda la discusión de la legislación va a ser por el Consejo Universitario”, puntualizó.
El Programa de Austeridad plantea en su primer punto una evaluación académico-administrativa por área, unidad académica, programa educativo y centros diversos, por parte de los órganos de gobierno universitario para optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, para tomar la decisión de reducir el presupuesto de ser necesario, sin afectar la operación de la institución.
El segundo punto refiere de una evaluación de los campus foráneos, de parte de las comisiones del Consejo Universitario, con la finalidad de valorar, en conjunto con las autoridades estatales y federales, su factibilidad.
El tercero señala que los dos anteriores se traducirán en el punto de partida de la reforma académica-administrativa de la UAZ, y el cuarto propone la reivindicación de la función docente a partir de la reubicación del personal académico que desempeña actividades administrativas o comisiones y que cuenta con el perfil para actividades de docencia e investigación, y con ello elevar la matrícula de los diversos programas sin incrementar los costos.
El quinto punto señala cero contratación de personal académico, a excepción de que ingresen por la vía del Prodep y Conacyt, y si por alguna causa sean liberadas horas frente a grupo, estas se distribuirán entre el personal ya contratado. El sexto punto expone de igual manera que habrá cero contratación de personal administrativo y optimización del existente.
El séptimo punto refiere al ajuste de las prestaciones de los mandos medios y superiores que no están soportadas en el convenio de apoyo financiero, lo que reducirá el pasivo de la Universidad en 7 millones 600 mil pesos.
El octavo menciona un Programa de Retiro Voluntario que sea apoyado con recursos extraordinarios, ello en el marco de un programa institucional de regularización de plantilla académica o de confianza no reconocida, precisando el personal que se liquidará y el compromiso que las plazas no se cubrirán nuevamente.
El noveno punto propone un “Programa de Liquidación de Derechos y Prestaciones” no soportadas en el presupuesto pero que fueron incorporados al Contrato Colectivo de Trabajo o bien a través de un convenio especial depositados ante la autoridad laboral de conciliación y arbitraje.
El décimo plantea la aplicación de la cláusula de exclusividad a todo el personal universitario de tiempo completo, con el objetivo de consolidar la profesionalización y la verdadera combinación con la práctica profesional.
El décimo primer punto sugiere la suspensión de gastos médicos adicionales a los proporcionados por el ISSSTE; el duodécimo un ordenamiento de los ingresos propios y egresos de las unidades académicas que suman cada año 111 millones de pesos; el décimo tercero la ampliación de los servicios para la obtención de recursos; el décimo cuarto la reducción del parque vehicular y el décimo quinto la cancelación de los convenios de publicidad.
Por último, el décimo sexto expone la cancelación de renta de espacios, el décimo séptimo la ejecución de obras de infraestructura sólo si tienen recursos autorizados para ese fin; el décimo octavo la generación de ingresos para sostener los servicios estudiantiles a través de la Fundación UAZ, el décimo noveno la cancelación de apoyos para festejos y eventos diversos: el vigésimo la revisión de la normatividad; el vigésimo primero la mejora de los procesos de certificación: el vigésimo segundo el ejercicio transparente de los recursos; y el vigésimo tercero, el cumplimiento puntual de las obligaciones fiscales.
Abel García Guizar manifestó su preocupación porque la liquidación de prestaciones podría afectar a los universitarios, mientras que el punto 20 “abre la posibilidad de que se deje en manos del Consejo, o del Rector, una negociación con el Gobierno estatal”.
Cuestionó que el programa no se haya consultado con la comunidad universitaria, ni se haya realizado un foro, consulta o plebiscito para su conformación, “pues francamente me parece un albazo. Me parece que son imposiciones del modelo de educación que le están dictando a las universidades públicas”.
Miguel Moctezuma Longoria, por su parte, señaló la necesidad de concentrar espacialmente los programas educativos sólo en cinco Campus Universitarios: Zacatecas-Guadalupe, Fresnillo, Jerez y Jalpa y abrir opciones de educación a distancia, principalmente hacia las ciudades de Chicago, Illinois y Los Ángeles, California.
También dijo que es importante asegurar que surja y funcione el Modelo de Áreas del Conocimiento y fortalecer opciones de licenciaturas en Antropología, Sociología, Estudios de la Educación, Estudios de Género, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Ambiental y Actuaría, entre otros.
Asimismo, Raúl Delgado Wise, indicó que nos están metiendo en una camisa de fuerza de la que será muy difícil salir en el futuro inmediato, nos están metiendo en la senda de la reestructuración desde arriba que están implantando en varias universidades del país. Tenemos que evitar esa ruta, tenemos qué evitar caer en la cancha de ellos bajo las reglas impuestas por ellos y movernos a otra cancha donde podamos jugar fair play”.
Manifestó que la UAZ no debe tener una postura reduccionista, sino analizar el problema de la Universidad pública como institución fundamental para el desarrollo y la transformación del país, para lo cual se debe contar con un proyecto estratégico y crear un Frente por la Defensa de la Universidad Pública.
Al concluir la sesión, Patricia de Lira exigió que el Consejo Universitario y la Rectoría la reconozcan como directora de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra y anunció que rompe con la negociación que había con docentes y alumnos respecto a varias peticiones, de forma “que ya no se ponga una mesa de diálogo, que se actúe con la normatividad”.
“La unidad académica está siendo presa de un grupo de estudiantes manipulados por un grupo de profesores quienes atentan contra la actividad sustantiva que tenemos, las clases. Tenemos más de 20 profesores y ya tienen la asignación de su carga. Entonces solicito a Este Consejo Universitario que se me dé el apoyo y se respalde al Consejo de Unidad”, expresó.
En ese sentido, pidió que se desconozcan los pliegos petitorios que encabezan los docentes Luís Alberto Olvera, Rubén del Pozo Mendoza, Gumaro Ortiz Valdez, Karla Hernández Martínez, Herlinda Verver y Vargas y Juan Antonio González.
