■ Sin embargo, saldría más caro si no se aprueba por los diputados locales: Jehú Salas Dávila
■ La propuesta, diseño de una nueva relación entre autoridades ya existentes y las nuevas, dijo
De ser aprobado por los diputados locales, la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción tendrá un impacto “importante” en el presupuesto de egresos 2017. No obstante, saldría más caro no hacerlo si se toma en cuenta que en los últimos años los órganos de fiscalización hicieron observaciones por situaciones irregulares en el Ejecutivo por 6 millones de pesos, dijo el coordinador general Jurídico de Gobierno del Estado, Jehú Salas Dávila.
El funcionario estatal participó este fin de semana en el programa Synergia producido por La Jornada Zacatecas TV donde se abordó el tema del Sistema Estatal Anticorrupción, tras la iniciativa que presentó el gobernador, Alejandro Tello Cristerna el pasado 29 de septiembre en la Legislatura de la entidad y que en estos momentos la propuesta de reforma está en comisiones del Congreso donde se analiza.
Jehú Salas recordó que hace algunos días el secretario de finanzas, Jorge Miranda dio a conocer que en conjunto todos los órganos de fiscalización han hecho al Ejecutivo observaciones por 6 millones de pesos por presuntas irregularidades, sin considerar la revisión del ejercicio fiscal 2016 y la deuda pública, lo cual “es gravísimo”.
Raymundo Cárdenas, director de este medio y conductor del programa destacó que esa cantidad es una cuarta parte del presupuesto total de Zacatecas.
La propuesta del Sistema Estatal Anticorrupción nació entonces, dijo Salas, de dos compromisos importantes: el social de responder a la ciudadanía harta y decepcionada de la forma rancia de hacer política, y la segunda, una obligación constitucional para homologar las leyes locales con las nacionales donde ya existe un Sistema Nacional Anticorrupción.
Aunque con un sello específico que es el de dar autonomía del Tribunal de Conciliación y Arbitraje actualmente dependiente del Ejecutivo. Explicó el coordinador jurídico de Gobierno del Estado que el Sistema Estatal Anticorrupción propuesto en lo general es el diseño de una nueva relación institucional entre autoridades que ya existentes y otras nuevas.
Es decir, de ser aprobado se sumarán los esfuerzos de distintos poderes como la Auditoría Superior del Estado (ASE), Secretaría de la Función Pública (SFP), Izai y otros con un comité ciudadano. A la par de dará el nacimiento de dos nievas instituciones: el surgimiento de la Fiscalía que supla a la Procuraduría General de Justicia y un Tribunal de Justicia Administrativa que absorberá funciones del tribunal de lo contencioso, pero autónomo, sin depender de algún poder.
Al respecto, Marco Torres Inguanzo, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y colaborador de Synergia opinó que hasta ahora el Sistema es una hipótesis que deberá dar resultados de marzo de 2017 a marzo de 2018.
En tanto, consideró, durante la discusión, es importante que se difunda la iniciativa con la academia y la ciudadanía. Cárdenas preguntó si se incluirá o no la obligatoriedad del 3de3 de los funcionarios públicos, a lo que Jehú Salas respondió que la iniciativa tiene el diseño de la Constitución general, por lo que se queda al igual que a nivel nacional en que podrán ser públicos sólo si el servidor público quiere.
No obstante destacó que en Zacatecas el gobernador ha pedido a sus funcionaros hagan pública su declaración 3de3 y al fin de semana todos la tienen ya presentada, es cuestión ahora que la plataforma la suban.
Marco Torres preguntó ¿cuánto va a costar contener la corrupción en términos del aparato burocrático? A lo cual Salas respondió que sí hay un cálculo, pero el dato lo tiene el secretario finanzas, en el entendido que la creación de Tribunal de Justicia Administrativa y el cambio de la Procuraduría a la Fiscalía podría generar costos.
También el académico preguntó acerca del órgano evaluador de la política pública que se debería crear, mismo que respondió Salas, se incluirá en la Ley Orgánica de la Administración Pública.
El coordinador general jurídico también destacó que una novedad del Sistema será la fiscalización en tiempo real, cuando en la actualidad la Constitución señala que el proceso fiscalización tiene dos principios: el de anualidad y posteridad; es decir, sólo se pueden revisar ejercicios pasados, lo que ha llevado al “absurdo” que la ASE revisa cuentas públicas de hace dos o tres años. Además destacó la ampliación a la prescripción de tres a siete años.
Finalmente, Jehú Salas explicó que con el cambio de Procuraduría a Fiscalía, la designación del fiscal general la deberá hacer la Legislatura al proponer al gobernador por lo menos cinco perfiles y éste regrese una propuesta de tres donde uno sea votado con mayoría calificada de dos terceras partes del Legislativo.
