■ Las cifras de desaparecidos son diferentes entre la Procuraduría y el RNPD, sostiene
■ Padecen revictimización y los efectos de las deficientes políticas públicas: Bermeo
“Para mí lo central es que sigue sin vencerse el cerco del miedo”, dijo el defensor de derechos humanos Ricardo Bermeo Padilla, integrante de Zacatecanos por la Paz, sobre las dificultades que en Zacatecas persisten para lograr que las víctimas de desaparición y desaparición forzada se organicen de manera que incidan en las políticas públicas y el actuar de las autoridades para localizarlas.
El tema de la participación de los familiares de las víctimas cada vez es de mayor, pues son ellos quienes ante la omisión, negligencia, incapacidad o desatención en la búsqueda de sus seres queridos por parte de las autoridades, se han involucrado cada vez más, constituyéndose incluso en brigadistas que trabajan por sí mismos en campo, descubriendo por todo el país, fosas clandestinas o dando seguimiento a las rutas por las que circula el tráfico de trata de personas y/o de personas migrantes, por citar solo algunos casos.
Con este conocimiento generado, están buscando incorporar sus experiencias en Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Desaparición de Personas actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, y que se construye desde cinco propuestas promovidas por diferentes instancias y grupos.
Este proceso es parte de las secuelas sociales en que ha sido tema fundamental, el reclamo por la búsqueda y localización de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, que cumplen este día en calidad de víctimas de desaparición forzada, ya dos años.
Obstáculos para vencer el cerco del miedo
En Zacatecas, donde Bermeo Padilla puede ofrecer un recuento desde 2011, cuando inició su acompañamiento de las víctimas que luego se concretaría en la organización Zacatecanos por la paz, observó que, “incluso hoy está más complicado todavía “.
Dijo que “la masa crítica”, esto es, el grupo mínimo de familiares que pudiera impulsar localmente el tema, no ha podido aglutinarse, generalmente porque se piensa solo en el caso propio sin atender al de los demás, lo que hace muy difícil trabajar en conjunto.
“Casi de forma natural tienden a retraerse sobre el dolor que están viviendo, sobre todas las implicaciones que tiene la pérdida y la búsqueda. Y eso dificulta el establecimiento de los lazos”.
Las propias políticas públicas que se han implementado para la atención de los familiares de las víctimas, agregó, también las “atomizan”.
Al respecto comentó que a la pasada procuradora General de Justicia del Estado, Catalina Soto Acosta, Zacatecanos por la Paz le propuso realizar mesas de trabajo con los familiares de los desaparecidos para trabajar de manera colectiva, una forma de abordar estos temas que ha resultado positiva en otras partes de la República, y que Bermeo Padilla considera “fundamental”. Pero esta opción nunca se concretó.
Está también la revictimización que implica el que las propias autoridades señalen públicamente que “si te pasa algo estabas involucrado con el crimen organizado”, en que también recae la sociedad que ante la desaparición o desaparición forzada “empieza a decir que en algo andarían”.
Observó como otro factor que impide que se fortalezca la organización de los familiares de las víctimas, el que en su mayoría de los casos en Zacatecas, quien ha desaparecido es el proveedor del hogar, la mayoría hombres, quienes dejan a sus dependientes económicos prácticamente en “en el desamparo total”, lo que dificulta su movilidad para procurarse justicia, si se agrega que algunos viven en municipios distintos a la capital, llámese Jerez, Jalpa o Fresnillo.
Ha ocurrido también que algunos familiares que participaban en el proceso organizativo común, han dejado el estado y aun el país, como el caso de los padres de Edith Marimar García Torres, desparecida en Tacoaleche desde el 4 de agosto de 2014.
“Todos estos factores forman el cerco y para romperlo se hace más difícil, todo se complica”, dijo y aportó como “única posibilidad” ante ello, que los familiares en cada caso consigan el apoyo tanto de recursos como de acompañamiento, esto último en que colabora su organización.
“Es lo que hemos intentando hacer pero se nos ha dificultado muchísimo”. Esta es la razón de buscar insertarse en redes vinculándose a otros colectivos ubicados en diferentes partes del país, con Cadhac en Monterrey, u otras, en Ciudad de México, Tijuana, Saltillo, etc.
“Desde el movimiento por la paz con Justicia y Dignidad –que encabeza Javier Sicilia- hasta el actual Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, porque en algunos otros lugares también tienen las mismas dificultades”.
Construir una Ley desde la experiencia de las víctimas
En este ejercicio recientemente Bermeo Padilla estuvo en la Ciudad de México en la reactivación de las discusiones sobre la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, coincidente con el inició del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.
Luego de priorizarse una modificación a la Ley General de Victimas, se espera comenzar a trabajar en este cuerpo normativo a principios de octubre, por lo que las organizaciones están convocando a sus pares para que tengan la información mínima al respecto y las bases para su articulación colectiva para incidir en el tema.
Se busca diferenciar entre la desaparición forzada y por particulares, la primera que tiene como responsables a funcionarios o fuerzas de seguridad, ya sea por orden directa, aquiescencia u omisión. Y ya se prevén dificultades, entre ellas, la tipificación del delito de Desaparición forzada y la imputación de responsabilidades penales a superiores jerárquicos, pues hasta el momento quienes han sido vinculados a proceso en estos casos son literalmente policías “de a pie”.
“Es un punto complicado porque no es fácil que se acepte la responsabilidad de mandos superiores, lo habitual es que se castigue exclusivamente a sus subordinados, los ejecutores, que casi siempre corresponden a niveles inferiores”.
La discusión sobre la Ley General está vinculada a una red de organizaciones que involucra a defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas, mismas que han participado en encuentros nacionales, en el sur, centro y norte del país.
Ricardo Bermeo observó sobre este proceso que existe buena disposición por parte de los legisladores federales, derivada de encuentros con los familiares de los desaparecidos.
Existen dijo varias iniciativas de Ley, entre ellas, la que envió el presidente Enrique Peña Nieto y que ha sido modificada en base a las propuestas de los familiares de las víctimas, en temas como el análisis forense, las sanciones, los registros de personas desaparecidas y temas relacionados con la atención a menores, entre otros.
Concretamente se han construido desde diferentes frentes cinco propuestas de Ley, lo que habla de la complejidad del problema, de su dimensión, y de la voluntad de incidir en él.
Además de la propuesta del Ejecutivo federal, se encuentra la de Angélica de la Peña, senadora perredista; otra procedente del Comité Cerezo México; también desde el Partido Acción Nacional se ha propuesto una; mientras que el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos al que se vincula Zacatecanos por la Paz, ha puesto sobre la mesa un documento “con el que se están discutiendo prácticamente todas las iniciativas y los contenidos que pudiera tener la Ley, y que es una propuesta técnica desde la que está armando entre otros elementos, la Comisión Nacional de Búsqueda”.
En esta iniciativa de construir una legislación que sustente con mejor efectividad la búsqueda de las personas desaparecidas en el país, se encuentran alrededor de 70 organizaciones de familiares de desaparecidos y alrededor de entre 15 a 20 de quienes buscan acompañarlos en su proceso de dar con ellos, como es el caso de Zacatecanos por la paz.
Además de los puntos señalados anteriormente y que se consideran conflictivos, se encuentra, la aceptación de que la gobernanza de todo el proceso involucre a los familiares de las víctimas y la sociedad civil.
El otro nudo se encuentra en la implementación de un Concejo Nacional Ciudadano que daría más fuerza a la participación de los familiares para llevar el control e intervenir en las políticas públicas, que tienen que ver con las personas desaparecidas.
Y el tema surgido en la reunión realizada la semana pasada en la Ciudad de México, el presupuestal. Pues en el preámbulo a la asignaciones para el 2017, y en caso de que se concrete la Ley, debe analizarse seriamente, pues “sin él no se puede hacer política pública”, dijo Bermeo Padilla.
Vidas humanas convertidas en cifras
En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) la cifra víctimas suma alrededor de 26 mil, pero los números han variado a veces a la baja a veces a la alta, luego de cuestionarse la metodología para su obtención, acotó.
Localmente se tiene un registro que lleva la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, donde se reporta una cifra que no obstante es distinta a la del RNPD.
En Zacatecas las cifras oficiales arrojan para el ámbito del fuero común –averiguaciones previas-, según la fuente, ya sean 75 personas desaparecidas, si se obtiene el dato de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas desde 2011 a 2015, donde se observa un periodo omiso en la tipificación de este delito, o 169, si se consulta la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
En total los registros de la RNPD son de 312 (297 del fuero común y 15 del fuero federal), desde el 2005 hasta octubre del 2015. Mientras que la PGJEZ registra desde el 2012 (primer año del recuento después de que se incluyó esta tipificación en el Código Penal), hasta el 2016, 82 personas desaparecidas.
“Existe aquí una diferencia de 215 personas desaparecidas, aunque faltan los años de la PGJEZ cuando no estaba tipificado el delito, pero ¿Dónde quedaron los registros? Por otro lado, si tomamos para poder compararlas los cuatro años en que sí se registró en la PGJEZ (2012-2015), con las cifras del RNPD, tenemos una diferencia de 75 personas desaparecidas”.
Surgen dudas al respecto, por ejemplo por qué esta diferencia, “dónde quedaron estas 75 personas no registradas, ¿qué se investigó sobre su desaparición?, etc.”.
Otra incógnita derivada, es la diferenciación entre desaparición forzada y desaparición por particulares, pues “no pudimos encontrarla en esos registros. Solo existe un caso del 2016, por parte de la PGJEZ, y cero en el resto de los años. Mientras que en la información que tenemos del RNPD, no hemos encontrado ese dato”, observó.
Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Victimas de Zacatecas
Hacia la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Victimas de Zacatecas, Zacatecanos por la Paz ha derivado siete casos, seis de los cuales corresponden a desapariciones forzadas, y uno a la realizada por particulares.
Respecto del actuar del organismo incipiente, Ricardo Bermeo comentó que sí se está atendiendo a las personas, pero los asuntos “van caminando muy lentamente”.
Esta lentitud en algunos casos tuvo que ver con definir si la PGR los atraía o se resolvían localmente, un tema administrativo que entorpece el reconocimiento de la condición de víctimas de los afectados, sin la cual no pueden recibir respaldo de las autoridades por ejemplo, para viáticos y otras gestiones que absorberían las comisiones de atención a víctimas local o nacional.
“Son problemas administrativos que obstaculizan todo, tienen consecuencias, puede haber niños que necesitan atención a los que no pueden acceder por esta razón”.
Reiteró que la mayoría son personas que han quedado en una situación de precariedad económica, “y si se les reconociera la calidad de víctimas, la Comisión Ejecutiva Nacional tendría que hacerse cargo de los gastos de traslado”.
Es necesario corroborar agregó, información que localmente se dio a conocer respecto de que el fondo para la reparación del daño “prácticamente no se había ejercido”, pues de ser cierto, revelaría la lentitud con que están resolviéndose los casos de desaparición forzada de manera que no ha habido una sentencia de la que deriven acciones resarcitorias.
El tema ha sido ya abordado por Zacatecanos por la paz con la visitadora de la CEAV nacional, quien habría dicho “que era muy complicado todo el proceso, que se llevaba mucho tiempo”.
Las víctimas que buscan a sus seres queridos
Es impresionante dijo Bermeo Padilla, el cómo las víctimas se están especializando en la búsqueda de los suyos, y trajo el ejemplo de las Rastreadoras, un grupo de madres de familia que hacen labor de campo para encontrar a sus hijos, a sus maridos en el norte del país.
La parte medular del tema que suma estas experiencias es el cruce de bases de datos referidas a todos los centros, instituciones, dependencias y organizaciones que pudieran tener vivas o muertas a personas que se han registrado como “no localizadas”.
Se habla de cárceles, cementerios y fosas comunes, legales y clandestinas, semefos, centros de atención de adicciones y enfermedades mentales, con los que se busca reforzar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas que administra la Secretaria de Gobernación.
Los familiares de migrantes centroamericanos en la reciente reunión insistían en que se consideraran a las personas que han muerto en naufragios en su búsqueda por hacerse llegar hacia los EEUU.
Este es un ejemplo de como las victimas pueden aportar “todos los hilos” con que pueda tenerse una red que genere no solo elementos para la localización de las personas sino la prevención de que se conviertan en victimas de desaparición y desaparición forzada otras.
“Ellos mencionaron varios puntos específicos donde se ve la importancia de la experiencia de los propios familiares”.
Condiciones para avanzar en el encuentro de los seres queridos
Lo fundamental para la solución al tema dijo el activista, es que existe disposición tanto de las organizaciones de la sociedad civil, los familiares de las víctimas, de instancias como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y otros organismos internacionales, “para avanzar junto con el Estado en la conformación del sistema de búsqueda”.
Sin eso dijo, y los criterios que buscan las ONGs se introduzcan en la Ley respectiva, “habría que esperar malos resultados, no progresaríamos”.
Por eso es importante la integración de los familiares de personas desaparecidas con sus aportaciones puntuales, mismas que han logrado que se construya una “propuesta técnicamente muy consistente, están cubiertos prácticamente todos los ángulos que permitirían avanzar muchísimo para encontrar a los seres queridos”.
La localización de las personas es el tema nodal de toda esta acción concertada entre otros espacios colectivos por el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, pero también, y lo subraya Ricardo Bermeo, la prevención, “el poder adelantarnos y evitar que continúen las desapariciones”, donde el tema de las responsabilidades a los altos mandos es fundamental, observó, pues “es evidente que se acotaría la impunidad”.
Se hace necesario para el entramado que lleve a la justicia integral para las víctimas, los temas de procuración e impartición de justicia, y que el sistema penitenciario funcione de manera adecuada.
“Sin eso, continuaríamos padeciendo lo que yo le llamo una violencia de carácter endémico y continuarían las desapariciones y nos acostumbraríamos a ello. Y ese es uno de los peores escenarios que podemos imaginar”.
En este momento comentó, “andamos” en una circunstancia similar a la que se vivió en Argentina hace décadas, “con todo el movimiento, primero de las Abuelas de la Plaza de Mayo”, que logró sumar a hijos, hijas, tíos, prácticamente todos, para confluir en el apoyo de las victimas construyendo una sociedad civil muy fuerte que logró sujetar a proceso a violadores de derechos humanos de gran jerarquía implicados en las desapariciones forzadas en el periodo de la Guerra sucia.
