La Gualdra 263 / #AyotzinapaSegundoAniversario
México pretende proyectar ante el mundo, una imagen progresista y de sapiencia jurídica; pretende hacer que otras naciones del orbe, con las que comparte similares principios e ideales, lo identifiquen con los valores más elevados que la civilidad ha obtenido; pretende ser guía para naciones que han resbalado, como él, en las trampas que acechan a las democracias incipientes o advenedizas. Y para conseguir lo anterior, se ha sumado, por medio de los tratados internacionales, al cúmulo de Estados que buscan, a través de la razón y el sentido común, basados en fundamentos éticos irreprochables, prodigar una mayor calidad de vida, a las poblaciones que los conforman.
En el tema específico de los derechos humanos, nuestro país ha celebrado más de 200 tratados con la comunidad internacional, tradición que se inaugura en febrero de 1889 con el tema de la extradición, y llega hasta nuestros días, pasando por el emblemático año de 1945 -año de fundación de las Naciones Unidas-. Por lo anterior no debe extrañarnos que México se haya adherido, durante el paso de las décadas, a diversos acuerdos con otros países en temas de asilo, preocupaciones de carácter humanitario, discapacidad, discriminación, educación, medio ambiente, menores de edad, migración, minorías, mujeres, propiedad intelectual, refugiados, trabajo y desapariciones forzadas.
Al respecto de las desapariciones forzadas, fue hace apenas cinco años que se celebró una nueva Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, cuyo origen acaeció en el año de 2006. En el texto surgido de la convención, se puede leer en el artículo 17, que nadie podrá ser detenido en secreto, pero si lo anterior no fuera ya suficiente, atendiendo al hecho de que los tratados internacionales son equiparables en jerarquía jurídica a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta última se estipula en su artículo 16, que nadie podrá ser “detenido” sino en virtud de mandato escrito por la autoridad competente.
Fuera de circunloquios legales, es menester decirlo con todas sus letras: México finge ser un país de primer mundo en el texto, aunque en la práctica es más medieval que el feudalismo. Ni bien se publicó en junio de 2011, por el Diario Oficial de la Federación, la Convención arriba mencionada, cuando en diciembre de ese mismo año, once personas fueron detenidas de forma ilegal por policías municipales en nuestro Estado, sumando un caso más a los 250 que Human Rights Watch, ya para entonces había documentado con pruebas contundentes, de participación de fuerzas estatales.
Entre la tristísima lista de casos de desaparición forzada, ninguno tan perturbador y dramático como el de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Ahora a dos años de haberse sucedido, es, ante la total falta de credibilidad que tienen las autoridades nacionales, el FBI quien investiga la presunta participación de fuerzas de seguridad del Estado, en la desaparición de los estudiantes. Eventualidad que lleva una triste connotación que nos susurra a todos: “estado fallido”.
Y pese a todos los tratados que se puedan firmar con la comunidad internacional; y pese a todos los buenos deseos de las inofensivas comisiones de derechos humanos; y pese a todo el dolor y la rabia que nos patrocina el desdén que nos otorgan nuestros gobernantes; y pese a toda la insensibilidad que ahora nos bombea desde el corazón, por estar tan habituados a que nada es como debiera… es nuestro deber recordar, y nuestra urgente obligación exigir, porque no es justo, sino obsceno, que se pregone hacia el exterior concordia con perfume de progreso, cuando en los intestinos, estamos anegados de mierda y terror.
* Zacatecas.
https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra-263
