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jueves, 28 marzo, 2024
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Plantea Morena eliminar “herramientas legislativas”; bancada del PRI se opone

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Por: ALMA ALEJANDRA TAPIA •

■ Cada diputado recibe 200 mil pesos mensuales que deben utilizarse en apoyos a la gente

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■ El PRI se opone a la medida y afirma que dicha bolsa de recursos no es un gasto superfluo

Cada uno de los 30 diputados zacatecanos recibe al mes 385 mil 688.70 pesos entre su dieta, las denominadas herramientas legislativas o apoyos de gestión que ascienden a casi 200 mil pesos y otros conceptos. Ayer en asuntos generales propuso desaparecer parte de esas prerrogativas el coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luis Medina Lizalde, pero la propuesta no fue bien vista por algunos priístas.

Ayer sesionó la 62 Legislatura y en el apartado de asuntos generales Medina anunció que su bancada presentará una serie de iniciativas entre las que se incluye la desaparición de las herramientas legislativas por casi 200 mil pesos mensuales, las cuales recibe cada diputado para dar apoyos a la gente.

A cambio planteó fortalecer el departamento de gestión social del Poder Legislativo y así evitar que el dinero vaya a la bolsa personal de los diputados o la presentación de facturas falsas para justificar el gasto como sucedió en la anterior administración.

En 2015 La Jornada Zacatecas documentó que diputados de la 61 Legislatura, con el pretexto de justificar gastos de gestión contrataron empresas fachada, que les facturaron desde asesorías legislativas hasta venta de globos y tóner para impresora.

Medina refirió que entre la ciudadanía los diputados son vistos como detentadores de privilegios excesivos, máxime que el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en su último informe calificó al Congreso de Zacatecas como el tercero más improductivo del país, está entre los que menos sesionan y el segundo más alto en las percepciones por diputado.

Dicha realidad dijo, es menos inquietante ante el hecho de recién haber conocido que cada legislador dispone de 385 mil 688.70 pesos para administrar mes por mes si se suma la dieta y los diversos conceptos. Es decir, casi 200 mil pesos mensuales de herramientas legislativas o dinero para dar apoyos a la gente de sus distritos; el resto es de dieta y “otros conceptos”.

Ante esa realidad, Medina Lizalde convocó a sus homólogos a no hacer turismo legislativo con cargo al erario, renunciar a “privilegios ilegítimos”, recuperar su condición de representantes populares al suprimir las herramientas legislativas, introducir la revocación de mandado, restablecer la obligación del gobernador de comparecer, prohibir el seguro de gastos médicos mayores, suprimir el fuero local y hacer que sean despachos especializados certificados por la Secretaría de Hacienda los que auditen a la Cámara local.

La propuesta no agradó al priísta Osvaldo Ávila, también dirigente local de Antorcha Campesina, quien consideró que los cambios no se dan con declaraciones “estridentes y de antaño”, por lo que dijo no compartir el punto de vista de quitar las herramientas legislativas, las cuales “no son un gasto superfluo” y pidió recorrer colonias populares donde hay carencias.

Jorge Torres, también del PRI, dijo que 200 mil pesos “o lo que sea” son necesarios cuando se tiene contacto con más de 300 comunidades donde hay urgencias, “si no saben en qué gastarlos, los invito a que me acompañen”. Pidió no generalizar lo de las facturas falsas.

La panista Lorena Oropeza opinó que se tendrá que tocar en sesión privada el tema de las herramientas legislativas, “no es adecuado que en este momento” porque no se sabe con puntualidad cómo se ejercerán los recursos.

El petista Samuel Reveles comentó que quienes se dedican a la gestión popular nunca han necesitado de cantidades “tan exorbitantes” para ayudar, por lo que respaldó la propuesta de Morena e incluso anunció que presentará una iniciativa para cancelar el seguro de gastos médicos mayores y disminuir la dieta en 50 por ciento para de esa manera regresar a la Legislatura a una posición “menos criticable”, al costar mucho menos.

Luis Medina respondió que no proponía condenar la verdadera gestión, pero se debe tomar en cuenta que la Legislatura que los precedió generó un “escándalo extraordinario” por el uso de facturas falsas para acreditar las herramientas legislativas.

Consideró que la gestión es una tarea inherente de los diputados, pero se ha confundido con la filantropía con cargo al erario y hacer caravanas con sombrero ajeno. De modo que se pronunció por reorganizar el departamento de gestión del Congreso que actualmente es nulo y así, cancelar la posibilidad de que se desvíen los recursos a los bolsillos personales.

Ayer también en la sesión, la panista Lorena Oropeza presentó una iniciativa punto de acuerdo para que el procurador general de Justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco acuda a comparecer ante los diputados e informe el avance de las denuncias interpuestas en contra del ex gobernador Miguel Alonso Reyes y quienes resulten responsables de presuntos actos de corrupción cometidos en el sexenio pasado.

Lo anterior, dado que además hay publicaciones nacionales que señalan la presunta existencia de contratos a empresas del Sector Salud, obras públicas, seguridad y alimentación, a través de licitaciones irregulares en “cantidades millonarias”.

Aunque la blanquiazul pidió que la iniciativa se aprobara de urgente y obvia resolución, se rechazó por el voto mayoritario de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal).

El tema provocó resistencias de priístas como Carlos Peña, quien consideró que las críticas al gobierno de Alonso carecen de objetividad al tener un origen político. El también tricolor José María González Nava desestimó que el debate se inicie con una nota periodística que no es producto de una investigación a fondo hecha por una autoridad, “es una nota que sin duda es una mera especulación”.

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