Es contrastante, por un lado observar los recortes presupuestales que se proponen a sectores estratégicos del desarrollo del país y del estado, como prevención del delito, salud, educación y a la producción de alimentos; y por otro, la imposibilidad de eliminar la rapiña de la clase política sobre los recursos públicos. Los ingresos de los diputados y funcionarios gubernamentales son un insulto frente a las raquíticas bolsas para financiar la educación de nuestros jóvenes. El asunto es que el dinero es lo que le da ‘funcionalidad’ a los órganos de decisión estatal. ¿Qué ocurriría con el mando sobre diputados por parte del Ejecutivo si se eliminara el factor del dinero? Es fácil adivinar. Y además, se refuerzan los poderes autorreferentes que deciden ellos mismos sus ingresos. No cabe duda de que en estos tiempos es el ingreso personal uno de los principales móviles para dedicarse a la actividad política, si se eliminara este factor, sin duda la calidad de la participación y ejercicio del poder político cambiaría radicalmente. Como el motivo para participar de la vida política son los ingresos propios y no un proyecto social determinado, de inicio, el ejercicio del poder nace con un pecado original que le impedirá ser justo y efectivo. Esto es, el vicio del dinero es una de las causas del fracaso de las políticas. Si se eliminara este vicio, los políticos estarían construyendo proyectos sociales, y la política se dignificaría.
Las famosas herramientas legislativas ascienden a 200 mil pesos por mes, los salarios rebasan los 90 mil pesos por curul, y si sumamos las herramientas legislativas se llega a un ingreso por diputado superior a los 300 mil pesos mensuales, alrededor de 10 millones de pesos para sólo 30 personas. Todas son cifras exorbitantes en medio de la precariedad. Y además, los diputados cuentan con muchos apoyos permanentes para su trabajo legislativo, como la dirección de apoyo parlamentario, de procesos legislativos y asuntos jurídicos, la unidad centralizada de información digitalizada, y el instituto de investigaciones legislativas. Pero ni así llegan a la eficacia media que se espera de su trabajo. La costosa mediocridad ofende a los ciudadanos que sudan por cada centavo que ganan. Es decir, no existe la mínima correspondencia entre los recursos recibidos y el desempeño de los legisladores. ¿Entonces? Pues se trata de acceder a mucho dinero como fin en sí mismo. En mejores palabras: la apropiación del dinero público como la finalidad última de la actividad política es la muerte de la democracia. Y se refuerza con la oposición de la mayoría de los legisladores a eliminar las abusivas “herramientas” legislativas así como a permitir que se transparente la indagatoria sobre corrupción de la anterior Legislatura y del Ejecutivo anterior. El control de la maquinaria es completo y su aceite tiene signo de pesos. Por eso es difícil pensar que se eliminen los montos para dotar de recursos injustificados a los legisladores, pero eso no elimina la necesidad y la urgencia de darles fin.
