■ La instrucción del gobernador Tello, auditar en lo inmediato adquisiciones de medicamento
■ Diario nacional reporta que a cambio de obtener convenios se daban moches a Juan Alonso
Desde el pasado 15 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación especial a las licitaciones de medicamentos y alimentos estos últimos adquiridos por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) durante el sexenio de Miguel Alonso Reyes.
La titular de la dependencia, Paula Rey Ortiz Medina, informó ayer en entrevista que la instrucción del gobernador Alejandro Tello Cristerna fue de auditar en lo inmediato esos rubros, como consecuencia de una investigación periodística publicada el 15 de septiembre en el diario de circulación nacional El Universal.
En dicho trabajo periodístico se da cuenta de que Alonso presuntamente entregó contratos millonarios a empresas de diversos sectores como salud, alimentación y obra pública a través de licitaciones irregulares al favorecer empresas que a cambio del contrato pagaban moches a Juan Alonso Reyes, hermano del ex mandatario
La titular de la SFP dijo que la investigación se ha extendido a otras áreas toda vez que de entonces a la fecha han salido más publicaciones que involucran a Alonso Reyes y ex funcionarios en presuntos actos de corrupción en proceso licitatorios.
Ortiz Medina refirió que la SFP participa en los procesos de licitación al revisar bases, se hace presente en las juntas de aclaraciones, las aperturas de las propuestas técnicas, económicas y finalmente en el fallo con el objetivo de que haya transparencia y no se favorezca a nadie. De modo tal que si se llegan a encontrar irregularidades se actuará también en contra de autoridades o quien sea que haya sido omisa, incluido el ex secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar.
“El gobernador ha sido puntual” en decir que no se va a solapar a nadie del pasado o del presente, comentó la secretaria, quien explicó que la revisión se basa en analizar los expedientes integrados con motivo de tales licitaciones, y se checa cada uno de los pasos que implica ese proceso para ver si se encuentra una situación que pudiera estar al margen de la ley.
Por ahora, agregó, todo se hace a partir de publicaciones periodísticas y no de una denuncia donde se aporten elementos para instaurar un procedimiento, de ahí que desconoció un plazo aproximado para concluir la revisión especial.
En caso de encontrarse responsable a alguna ex autoridades los casos referidos, Paula Rey Ortiz señaló que por daño patrimonial la ley establece sanciones que van desde apercibimientos privados, públicos, inhabilitaciones, suspensiones y se podría derivar en denuncias penales.
