■ En algunos casos se devolvió el dinero o se recibió el apoyo; hay expedientes pendientes, dijo
■ Denuncian grupo de inconformes que el programa no fue autorizado por parte de la Sedatu
La procuradora general de Justicia del estado de Zacatecas, Leticia Catalina Soto Acosta, se refirió al seguimiento que la dependencia está dando al caso de una denuncia interpuesta por habitantes de Morelos en contra el presidente municipal, Horacio Franco, por supuesto fraude.
Al respecto, señaló que en algunos casos en los que el dinero que tuvieron que depositar los beneficiarios de un programa de vivienda ya les fue devuelto o ya recibieron el apoyo prometido; sin embargo, continúa pendiente un grupo de ciudadanos que mantiene en pie la demanda.
Explicó que “el presidente municipal ha estado atendiendo el programa, ha bajado recursos, se ha cubierto alguna parte; pero sin duda alguna quedará ahí la carpeta de investigación abierta para que los casos en los que no se haya resarcido este daño pudiera abrirse un proceso penal”.
Soto Acosta expuso que durante un tiempo se le estuvo insistiendo al alcalde de Morelos para que firmara convenios con las personas que reclamaban el cumplimiento del programa y en algunos casos se logró.
Sin embargo, apuntó que hay algunas “situaciones de discrepancia, que por ejemplo una persona dio el dinero pero la vivienda era para su hijo y circunstancias de su naturaleza”.
La funcionaria refirió que en la última reunión que sostuvieron con algunas víctimas éstas ya habían recibido los apoyos pero concluyó que el trabajo de la procuraduría continúa y “lo que se está haciendo es identificar exactamente quién otorgó el dinero y por lo tanto pueda ser considerada como víctima de este delito”.
El problema, según narró una de las afectadas, María Elena González Medellín, se generó después de la entrega de 15 mil pesos por parte de un centenar de habitantes de Morelos al ayuntamiento con la finalidad de que la autoridad municipal construyera una vivienda en algún terreno del que los beneficiarios acreditarán la propiedad.
Sin embargo, la vecina del municipio sostuvo que después de acudir a la Ciudad de México para pedir información acerca del programa en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), los afectados advirtieron que este programa nunca había sido aprobado.
Por ello, los afectados concluyeron que el gobierno municipal se comprometió a llevarlo a cabo y les cobró la cantidad mencionada a pesar de no ser una acción gubernamental autorizada. Mencionó que, pese a esta situación, “en juntas que hacía (el alcalde) cuando comenzó la inquietud porque no llegaba y no llegaba, decía que sí se va a hacer, que sólo iba a ir a México a firmar y a puras mentiras nos traía”.
