■ Seduzac, con mayores anomalías; a funcionarios se les fincó una sanción resarcitoria por 66.9 mdp
■ Otilio Rivera, Luis Alfredo Chávez y Juan Antonio Rangel, entre aviadores en Educación
Funcionarios y ex funcionarios de tres municipios y de Gobierno del Estado desviaron poco más de 211 millones 874 mil pesos durante el año 2014. Dinero que concluido el proceso de fiscalización deberán resarcir al erario. Así lo aprobaron por mayoría los diputados de la 61 Legislatura de Zacatecas en sesión extraordinaria.
Ayer los legisladores discutieron las cuentas públicas 2014 del Ejecutivo, los municipios de Zacatecas, Sombrerete y Villanueva, así como la del propio Poder Legislativo. Derivado de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a Gobierno del Estado se le fincaron sanciones resarcitorias por 142 millones 214 mil 705 pesos por diversas inconsistencias en múltiples dependencias, mientras que el Legislativo únicamente recibió “recomendaciones”.
Al perredista Miguel Torres Rosales y otros funcionarios de Villanueva se les impuso una sanción resarcitoria por 58 millones 555 mil 127 pesos; al alcalde perredista de Sombrerete, Juan Pablo Castañeda y más funcionarios de ese municipio, 3 millones 474 mil pesos y al priísta Carlos Peña Badillo y otros funcionarios capitalinos, se le impuso una sanción por 7 millones 356 mil 872 pesos.
Las cuentas públicas se aprobaron por mayoría de votos de los diputados y ahora corresponderá a la Auditoría Superior del Estado (ASE) dar oportunidad a los involucrados en las irregularidades a que las solventen, y en caso de no hacerlo, realizar lo correspondiente para que se apliquen las sanciones.
142 mdp a Gobierno estatal
De los entes fiscalizados, Gobierno del Estado es el que obtuvo la mayor cantidad de sanciones resarcitorias por un monto de 142 millones 214 mil 705 pesos. La dependencia que mayores irregularidades tuvo en 2014 fue la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) a cuyos funcionarios se le fincó una sanción resarcitoria por 66 millones 981 mil 260 pesos.
La principal irregularidad es el pago a aviadores por más de 21 millones 400 mil pesos con el aval del entonces secretario de Educación, Marco Vinicio Flores Chávez y como responsable solidario aparece José Luis Santoyo, coordinador administrativo de la dependencia.
La primera es una acción resarcitoria con el número CPE14-AF-SEDUZAC-05-01 por un monto de 3 millones 286 mil 863 pesos por pago de sueldos a personal que presentó término de comisión en el ejercicio 2013, sin que se comprobara que se encontraba al servicio de la Seduzac durante 2014.
A Heriberto Mejía Silva, Rodrigo Orozco Mayorga, Jaime Arteaga Hernández, Érika Paola Barbosa Pérez, Jesús Castrejón Valdez, Luis Alfredo Chávez González (actual director de Tránsito del estado), Martha Cecilia Fernández Espinosa, Ma. del Carmen García Ramírez, Sara Hernández Campa, José Antonio López Nava, Juan Antonio Rangel Trujillo, Otilio Rivera Herrera, y Ma. del Rocío Tapia Reyes se les señaló como los maestros comisionados, responsables directos.
Una segunda es la acción resarcitoria aprobada en contra de la Seduzac es la CPE14-AF-SEDUZAC-08-01 por 18 millones 117 mil 135.22 pesos por pago a sueldos a personal comisionado en las diferentes entidades de la administración pública municipal, estatal, paraestatal, federal, partidos políticos, organismos autónomos y organizaciones sociales provenientes de comisiones no permitidas y autorizadas por el secretario de Educación.
En el dictamen no se dan a conocer los nombres del personal comisionado, únicamente se señala a Vinicio Flores y Luis Santoyo como los responsables directos.
También fincaron responsabilidades resarcitorias por 27 millones 997 mil pesos contra los mismos funcionarios, así como contra el actual secretario de Educación, Ubaldo Ávila Ávila, por erogaciones con cargo al presupuesto de egresos, correspondientes a pago de sueldos a empleados con categorías y puestos de maestros, docentes, educadores, subdirectores y directores de escuelas, los cuales en realidad realizaban funciones administrativas.
A la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) le fincaron responsabilidades resarcitorias por pagos de obras no ejecutadas, sobreprecios y deficiencias en construcciones por un total de 14 millones de pesos.
Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) tiene una sanción resarcitoria por 5 millones 824 mil pesos. El Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez) por un millón 16 mil pesos, del cual se gastaron 361 mil pesos en pagos improcedentes por concepto de sueldos y salarios al ex dirigente de Sutsemop, Pedro García Saucedo, quien estaba comisionado a una Federación de Sindicatos.
A la entonces Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utez) también se le sancionó porque durante 2014 otorgó pagos de más a personal de mandos superiores y medios, académicos y administrativos por un monto total de un millón 243 mil pesos.
En la Secretaría del Campo (Secampo) se detectaron irregularidades por 13 millones 183 mil pesos. A la Secretaría de Economía se le sancionó con 33 millones 359 mil 251 pesos porque, entre otros, durante la administración de Patricia Salinas por un monto de 11 millones 264 mil 821 pesos se compraron terrenos para el Fideicomiso Zacatecas a un valor superior al comercial.
7 mdp Zacatecas
Al municipio de Zacatecas se le fincaron sanciones resarcitorias por 7 millones 356 mil 872 pesos por irregularidades cometidas en 2014, año en que Carlos Peña Badillo fue presidente municipal. Una de las principales inconsistencias es que el ex edil ahora diputado electo, la síndica María Concepción García Almeida y los 14 regidores de este municipio se pagaron un millón 734 mil 670 pesos de excedentes en sus percepciones.
También se exhibió que durante 2014 el municipio no exhibió los comprobantes fiscales por el pago de seguros de vida por el orden de un millón 36 mil 796 mil pesos a fin de respaldar dichas erogaciones, se señala como responsables a Carlos Peña, la síndica y la tesorera.
58 mdp Villanueva
De la cuenta pública 2014 de Villanueva aprobada ayer, se destacó que ese municipio cumplió en 45.1 por ciento la entrega de documentación presupuestal, comprobatoria, contable financiera, de obra pública y más, motivo por el cual se le fincó a Miguel Torres y otros funcionarios un resarcitorio de 58 millones 555 mil 127 pesos.
Entre las sanciones fincadas está una por 29 millones 950 mil pesos por no presentar la documentación comprobatoria del gasto y la documentación técnica tales como: transferencias electrónicas, cheques, pólizas, facturas, estimaciones y números generadores en original, de la obra “Pavimentación con concreto asfaltico del tramo carretero de la comunidad Colonia Adolfo López Mateos-Sauz de Márquez.
Una más por el orden de 21 millones 717 mil 34 pesos derivado de otorgar préstamos, los cuales no fueron recuperados al cierre del ejercicio fiscal revisado, además de que no cuentan con documento mercantil que garantice su recuperación legal. Se consideró como presuntos responsables al entonces alcalde Miguel Ángel Torres Rosales y Elpidia Martínez Rivas, quien se desempeñó como síndica.
3 mdp Sombrerete
Al alcalde de Sombrerete, Juan Pablo Castañeda y otros funcionarios se le fincaron sanciones resarcitorias por 3 millones 748 mil pesos, entre las múltiples inconsistencias está una de 172 mil 683 pesos por la no presentación de la documentación financiera de la obra Construcción de Aula en el Centro de Servicios de Educación Media Superior a distancia Nicolás Fernández.
Una más por un millón 226 mil 363 pesos por sobreprecio de la obra denominada Rehabilitación de drenaje en arroyo El Diezmo en la cabecera municipal, por mencionar algunos.
Legislatura
Los diputados también se aprobaron un dictamen consolidado de la ASE relativo a la fiscalización del periodo 7 de septiembre de 2013 a 30 de julio de 2016. No hubo sanciones resarcitorias, sólo recomendaciones.
La cuenta pública de Gobierno estatal se aprobó por mayoría de 16 votos, tuvo seis en contra y cuatro abstenciones de algunos diputados del PRD. Durante la discusión el coordinador de la fracción del PRI, Héctor Pastor, destacó que a partir de ahora los involucrados una vez más podrán defenderse, de modo que “no hay corrupción, no hay robo que quede aclarado” y en su momento se verá si hay o no sanción.
La perredista Eugenia Flores cuestionó la actuación de la ASE, la cual dijo no es autónoma del gobernador.
