■ Querellas electorales se investigan en CDMX por fiscalía en delitos de los servidores públicos
■ Despertar Ciudadano y Conaci hicieron uso de su “derecho de petición” ante la dependencia
En un plazo máximo de 48 horas la Procuraduría General de la República (PGR) deberá responder a las organizaciones sociales que este lunes acudieron a sus oficinas para solicitar información acerca de las investigaciones que se están realizando en contra del gobernador Miguel Alonso Reyes y del senador David Monreal Ávila.
A espera de que se concluya el periodo legal el próximo miércoles alrededor del mediodía, la información preliminar que pudieron obtener quienes acudieron a la dependencia federal es que las demandas que se interpusieron durante el pasado proceso electoral están siendo investigadas desde la Ciudad de México, en la fiscalía especializada en delitos de los servidores públicos.
Las organizaciones que hicieron uso de este “derecho de petición” son el Congreso Nacional Ciudadano (Conaci), que a partir de este domingo ya cuenta con representación en Zacatecas, y Despertar Ciudadano que se anunció también se conformación este fin de semana y que está integrada por zacatecanos, desde ex presidentes y militantes de distintos partidos políticos, empresarios y empresarios hasta magistrados, rectores y el ex procurador de Justicia del estado, Aquiles González.
Precisamente el ex funcionario estatal apuntó que la intención de hacer esta solicitud para conocer el estado que guardan las dos denuncias mencionadas es vigilar que las demandas no queden inconclusas pues consideró que es la impunidad la que abona a que se sigan cometiendo actos de corrupción por parte de las autoridades.
“Mientras no frenemos la impunidad en este país, se seguirán cometiendo (actos de corrupción) a partir de que finalmente no ocurre nada adverso para los que se llevan el dinero”, apuntó.
Por ello, expuso González, la meta de esta petición es presionar a las instancias correspondientes, en este caso a la PGR, para que “cumpla su función de investigadora, a fin de que determine si es de ejercitarse la acción penal en contra de Miguel Alonso o no se ejercita, si no hay elementos”.
Igualmente, agregó, debe llegarse hasta el final con la carpeta de investigación que hay abierta en contra de David Monreal y también con todas aquellas denuncias interpuestas durante el proceso electoral, y que están en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), y con las que hayan sido ingresadas a las autoridades en contra de cualquier servidor público.
Por su parte Gloria García, una de las integrantes de Conaci, sostuvo en el mismo sentido que en un primer momento iniciaron solicitando información de las dos denuncias referidas pero que “el objetivo es que rescatemos todas aquellas demandas que estén pendientes”.
Comentó que la finalidad última de estas acciones por parte de la sociedad civil organizada es la de “restablecer el estado de derecho”, evitando el carpetazo sin justificación de investigaciones en contra de funcionarios de los tres niveles de gobierno y de todos los poderes.
Eduardo Goitia, integrante de Despertar Ciudadano, ahondó en el tema señalando que este seguimiento y el ingreso de denuncias contra servidores públicos no son acciones recientes, sino que se han venido realizando desde el año 2010; concluyó, pues, que “se han presentado muchas denuncias pero ahí se quedan”, sin una solución.
Precisó que con esta movilización ciudadana se está logrando quitar el miedo a señalar los actos de corrupción de la autoridad y sostuvo que de esta forma se asienta un precedente “de que no se van limpios y que sirva de ejemplo para que los próximos gobiernos que vengan digan ‘ya no voy a ser tan corrupto o definitivamente ya no voy a ser corrupto para que no me afecten’”.
