El 3 de 3 o declaración de intereses, patrimonial y fiscal, es una iniciativa ciudadana producto de muchos años de lucha encaminada a derrotar la opacidad gubernamental, transparentar los procesos de las instituciones y los actos de los hombres y mujeres públicos, así como conocer el estatus patrimonial de los mismos. Sin embargo, hay que decir que si bien, el 3 de 3 es la cereza del pastel, no es el pastel completo, es solo la punta del iceberg, y es una herramienta indispensable y sumamente necesaria si se utiliza con el propósito para el que fue creado, me refiero a la banalización de la iniciativa.
Hace unos días en la radio con Javier Solórzano, quien se distingue por jugar un papel neutral en el espectro de los medios de comunicación, escuchaba algunos argumentos sobre el tema que aunados con mi punto de vista, me parecieron interesantes de esgrimir en esta generosa plataforma, por lo que es necesario partir de dos premisas, la primera de ellas es la de los entes obligados y después, el propósito de la iniciativa.
Antes de proceder a desglosar las dos premisas, es necesario decir que iniciativa que no tiene “dientes” no funciona, no cuando menos en un país acostumbrado a la opacidad de sus gobiernos y al desinterés de sus ciudadanos, si una ley no es punitiva, no terminará de lograrse como tal y tal es el caso de la célebre 3 de 3, que pareciera ser como las llamadas a misa y lo que pudiese ser una herramienta de transparencia, pasa a ser también un espacio de morbo y de golpeteo político, lo que representa un franco despropósito. Si bien, la iniciativa exhibe a aquellos funcionarios públicos “obligados”, a los mismos sujetos les da igual ser señalados puesto que no representa ningún tipo de infracción que cause detrimento en su patrimonio y en su capital, es por eso que vemos que de los 32 gobernadores de las entidades federativas 21 de ellos no han presentado sus declaraciones, de los 128 senadores sólo 27 lo han hecho, de los 500 diputados sólo 122 lo hicieron y de los cientos de alcaldes que hay en México, solo 35 presentaron su 3 de 3. Como vemos, aún los sujetos obligados parecen no estar convencidos de la transparencia o bien, del mecanismo.
Pero veamos la otra cara de la moneda, esa que describía al principio y que merece el título del artículo, la banalización del 3 de 3. A últimas fechas actores de la vida política nacional han puesto en tela de juicio la iniciativa, la califican principalmente de no tener la seriedad que el tema amerita, y en honor a la verdad no están del todo equivocados, quitando el escrutinio público, si el sujeto obligado declara ante hacienda y el SAT verifica la veracidad de la declaración, el sujeto está salvado, es ahí donde insistimos que se ubica la laguna legal en la iniciativa, forzosamente necesita ser punitiva y hace falta crear un eslabón entre la misma y la Secretaría de hacienda. La banalización se da cuando el propósito de conocer las 3 declaraciones es para el señalamiento y el golpeteo político, es necesario precisar que el propósito es otro, es en sí, conocer el patrimonio de los funcionarios y servidores públicos a partir de que rindieron protesta como tales, no debiese interesar tanto la vida de los mismos cuando apenas eran ciudadanos sin responsabilidad pública, porque en caso de evidenciar algo turbio en su patrimonio, son otras instancias las que deberían actuar, la iniciativa 3 de 3 no se puede distinguir por su proclividad al encono, no debiesen generarse juicios de valor a partir de una herramienta que fue diseñada para dar luz, no obscuridad.
Quise dejar apenas un par de párrafos para tocar de manera superficial, el tema que se debate a nivel nacional, la famosa tesis de EPN, quien cuando armo el “collage” para su titulación debió contar con apenas unos 25 años de edad y que seguramente nunca imagino siquiera ser diputado local de su estado natal, y que presumiblemente como a muchos jóvenes les pasa “se le hizo fácil”, sin embargo el hecho marco su vida y es hoy víctima de sus actos, la falta de calidad moral tal vez sea el estigma que lo distinga por este suceso, así es la vida pública y a lo hecho, pecho.
También es importante decir que el acto cometido por Peña, en nada tiene que ver con su investidura como presidente, no se violó ningún requisito constitucional para su asunción y es, en todo caso el sistema político mexicano en su conjunto, el que debe ser revisado para dar certeza de probidad a los hombres y mujeres que vayan a ocupar un espacio público, pero lo que hasta hoy tenemos es que las garantías políticas son amplias para todos los mexicanos independientemente de su historial académico.
Dicho lo pasado a otra cosa, bastantes son los problemas que le aquejan al país. ■
