Ciudad de México. La penetración de dinero ilícito proveniente del crimen organizado tiende a pervertir las funciones institucionales en aras de garantizar la impunidad de los grupos delincuenciales, garantizar la preservación de sus operaciones; asegurar territorios para el tránsito de estupefacientes y favorecer la reinserción de las ganancias en la economía formal, consideraron especialistas internacionales al analizar el financiamiento ilícito de las campañas, durante un foro organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en ocasión de sus 20 años de existencia.
Durante su intervención, la especialista en financiamiento ilícito del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Victoria Perotti, advirtió que una de las debilidades gubernamentales para combatir la penetración ilícita de recursos en las campañas es que existe una visión disociada del fenómeno: se percibe la presencia de crimen organizado, como un tema de seguridad y la corrupción, como un asunto de gobernabilidad. Por esa razón, las estrategias para su combate tienden a estar disociadas reduciendo su eficacia.
En su intervención, Perotti dijo que el crimen organizado ha mostrado una capacidad de adaptación muy grande para revisar sus estrategias frente a nuevas políticas tendientes a combatir su penetración en las instituciones política.
Perotti subrayó que los objetivos centrales de las organizaciones del crimen organizado es asegurar centralmente la continuidad de sus negocios y obtener contratos públicos que consoliden sus finanzas, pero también apuntalar seguridad territorial para sus negocios ilícitos.
En este sentido, el crimen organizado no tiene inclinaciones ideológicos y lo mismo opera en países en condiciones de guerra o conflicto, de transición democrática o incluso democracias consolidadas como en Italia.
Por su parte, Jorge Alberto Rivera, abogado e internacionalista, alertó que cuando el crimen organizado logra penetrar la campaña de un candidato, el riesgo no sólo abarca al propio involucrado, sino que impacta en todo el territorio y sus diversos actores sociales. Alertó sobre la necesidad de que los partidos construyen sus propios protocolos de seguridad para impedir la penetración del crimen organizado y tengan mecanismos de detección.
En este sentido, se pronunció en contra de que los partidos adjudiquen al CISEN o a la Secretaría de Gobernación la verificación de sus candidatos, puesto que el uso de los datos provenientes de la inteligencia no puede ser utilizados para estos fines. Deben ser los partidos, como lo hacen los bancos o instituciones financieras, quienes tengan mecanismos preventivos contra el dinero ilícito.
Para Orbelín Pérez,del Buro de Seguridad y Legalidad Financiera, los sofisticados mecanismos delincuenciales para colocar dinero ilícito en la economía real, en el caso de la política obliga a tener protocolos de prevención que por ahora no han sido eficaes. Mecnionó que el Instituto Nacional Electoral revisó a 13 mil candidatos pero juzgó que no ha sido del todo eficiente. Esta muy claro que no es el mismo entorno el que tiene un candidato a alcalde de Guerrero, que el de aspirante a la delegación Coyoacán.
