Se exhibe connivencia de las autoridades en conflicto de ciudadanos y dueños de La Diez

Se exhibe connivencia de las autoridades en conflicto de ciudadanos y dueños de La Diez
Propietarios del antro incurrieron en desacato a la sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el cierre del negocio por no contar con los permisos correspondientes ■ foto: MIGUEL ANGEL NUÑEZ

■ Juniors dejan el dañado inmueble al obtener los beneficios que esperaban: García Zamora

■ Locatarios del mercado G. Ortega se opusieron a que el inmueble fuera un “macroantro”, dijo

Extraoficialmente se sabía que ante la salida del gobernador, su sobrino, a quien se identifica como líder de los propietarios del bar La Diez, y éstos, “habían decidido ya abandonar el lugar”. Tras haber hecho modificaciones y daños al edificio y ante la exigencia de la dueña del inmueble de repararlo o abandonarlo, “la definición de estos juniors fue dejarlo porque ya habían obtenido los beneficios que esperaban”. En este escenario irrumpió Grupo Modelo “reivindicando” la propiedad del permiso de alcoholes que se explotaba en el domicilio del citado antro, por lo que el desacato a la sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el cierre del negocio por no contar con los permisos correspondientes, exhibió una vez más “la connivencia y complicidad” con la que han actuado las autoridades municipales a favor de la empresa trasnacional.

Así refirió Rodolfo García Zamora, coordinador de la Red de Organizaciones Ciudadanas en Defensa del Centro Histórico, el reciente episodio del conflicto entre vecinos de la zona y la empresa belga, de la que acotó, fue a partir del problema que involucró a la mitad de los locatarios del Mercado González Ortega, vecinos del CHZ y ciudadanos desde el pasado 2014 contra el “despropósito” del ayuntamiento de la capital y el gobernador de entregar este edificio al corporativo para convertirlo en un “macroantro”, que salió a la luz el hecho de que Grupo Modelo controla 98 por ciento de todos los permisos para la venta de alcohol domiciliados en la ciudad y el estado.

“El principal beneficiario aparte de los particulares de todos los antros que atentan contra la tranquilidad, la vida pacífica y una cultura saludable de los niños y de los jóvenes, es el corporativo”.

El sábado 30 de julio los vecinos solicitaron el respaldo de la policía municipal para la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fecha 17 de julio, en que mandataba el cierre del antro por carecer de autorización de los vecinos para su operación, un requisito previsto por ley.

“Se presenta el documento judicial y lo que dicen los que en ese momento estaban al frente de ese antro, que hay demasiada gente, que ellos no pueden cerrar”.

Los responsables en ese momento del negocio, hicieron salir a los grupos musicales que entre las 12 y las dos de la mañana generaban un ruido ensordecedor, “pero siguieron atendiendo a todos los jóvenes que estaban en el antro, entonces se hizo evidente que hubo un desacato al mandato judicial”, relató García Zamora.

La sentencia deriva de un recurso interpuesto ante la citada instancia, luego que los vecinos de la Alameda Trinidad García de la Cadena y calles aledañas fueron desoídos durante año y cuatro meses por las autoridades del ayuntamiento de la capital, respecto de que el bar La Diez operaba sin permiso, además fuera de horarios reglamentarios y emitiendo ruido a altos decibeles implicando “una agresión permanente a todos los habitantes de esa zona urbana”.

Ante ello interpusieron un recurso ante la citada instancia que mandató al negocio ante el hecho de no contar con la autorización vecinal para abrir, que cerrara.

Ante el desacato para el que han alegado las autoridades municipales que la empresa belga interpuso un recurso de amparo que no se ha resuelto, lo que presuntamente les impide ejecutar la sentencia judicial, la perspectiva de la Red “es que tristemente la ciudad está al servicio del enriquecimiento de la Corona” y su irresponsable proliferación de antros, pues la apertura de cada uno de estos negocios aumenta la venta en favor del corporativo pero también la inestabilidad social y el ruido, que atentan contra la tranquilidad de la población.

El tema “no está desvinculado de la violencia creciente de robos y agresiones y asesinatos que de manera muy preocupante se han incrementado durante la administración de Miguel Alonso y Carlos Peña Badillo y Alfredo Salazar”, respectivamente gobernador, y presidentes municipales subsecuentes, señaló.

El también director de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la UAZ, llamó la atención sobre el hecho de que a dos semanas de terminar sus funciones al frente del ayuntamiento, Salazar de Santiago, “pretende aprobar de manera precipitada un supuesto reglamento de uso de plazas, plazuelas y jardines” sin que medie una consulta con las organizaciones ciudadanas, los vecinos, sectores, ciudadanos, y colegios de profesionistas conocedores del tema.

El citado documento que calificó de “punitivo, coercitivo, recaudatorio y excluyente” circula desde el pasado viernes.

“Pretenden prohibir todas las manifestaciones públicas, las movilizaciones, la realización de eventos de los ciudadanos” supeditándolos a la autorización por parte de la Tesorería del ayuntamiento, “al cobro de cuotas importantes y a la discrecionalidad de quien solicite la realización de un evento público”.

Nada dice el texto de la “antrificación” del CHZ que tiene detrás en cada uno de los permisos a Grupo Modelo y cómo en la práctica la empresa se ha apropiado de todos los espacios de la ciudad, por lo que se refirió al proceso como la privatización de la zona.

En ese sentido, las organizaciones de la Red se manifiestan por una propuesta distinta que privilegie la visión “de una ciudad al servicio de los ciudadanos”.

Luego que se especifiquen los objetivos sociales, culturales, académicos, lúdicos y económicos de la ciudad, debe establecerse su reglamento y no en ausencia de esta visión, imponer una “manera recaudatoria y punitiva” para su gestión, que pretende “solamente recabar dinero, sancionar y de manera discriminatoria, definir a quién se le pueden prestar los espacios sí, y a quiénes se les niegan”.

En la propuesta de reglamento hay paradojas como la prohibición del consumo de bebidas embriagantes en estas áreas públicas, “salvo las autorizadas por el municipio”, que son aquellas que tienen como producto principal el que expende el corporativo Modelo.

Sobre el vínculo establecido entre las autoridades estatales y municipales, y los intereses de la empresa, aludió al explícito con que Miguel Alonso Reyes reconoció su asociación y corresponsabilidad en la gestión del CHZ a través de los conceptos, primero, “Capital Mundial de la Cerveza”, ahora y luego de la irritación social por la etiqueta, “Ciudad Modelo”.

“Yo me temo que en octubre vamos a tener la segunda emisión de esto” que refleja la subordinación tanto del municipio como del Gobierno del Estado a los intereses empresariales del corporativo trasnacional, exhibido también cuando Miguel Alonso le regaló “800 millones de pesos llevándole el gasoducto hasta la puerta de su empresa”.

La situación que involucra el funcionamiento irregular de negocios de familiares del gobernador y sus funcionarios, y la emergencia de Corona “diciendo ese permiso me pertenece a mí”, emite un mensaje que habla de la subordinación a sus intereses, del gobierno actual “y probablemente el que viene”, pues recordó que Alejandro Tello Cristerna fue empleado del consorcio y recientemente se ha exhibido en Facebook en reuniones con los funcionarios de la empresa.

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