Sin faltar esta vez a la verdad, afirmó el licenciado Peña Nieto la adquisición por su esposa de la ya famosa casa blanca fue del todo legal, y la circunstancia de no sin cantinflear pidiese luego perdón va más allá de lo anecdótico, pues no se trata sino de un tácito reconocimiento de la hechura mañosa de las leyes para posibilitar la privatización de la riqueza pública o, dicho de otro modo, legalizar la corrupción.
Y si eso pasa en el nivel federal qué podríamos esperar en los estados, donde los así llamados góberes preciosos se conducen con una discrecionalidad que les permite por ejemplo nombrar a un hotelero que les hizo algún favor secretario de turismo, o comisionar a un hermano para asignar la obra pública, o bien publicitarse únicamente en aquellos medios en que se encomian un día sí y otro también sus altísimas prendas, tales como honorabilidad, integridad y honradez, amén del tierno cariño que les profesa la población, o la amistad entrañable que les une con el presidente de la etcétera.
Y si bien los factores que propician quienes heredan el poder den regularmente lo peor de sí son de una variedad cuya mera enumeración excede con mucho la capacidad de este espacio resulta insoslayable, en esta feria de abusos, el papel que juegan las instituciones que debieran evitarlos, o por lo menos atemperarlos, particularmente los congresos.
Vienen a cuento, las reflexiones presentes, debido al inminente debut parlamentario de Morena en el congreso local, mismo que nos permitirá calibrar el talante de dicha organización: si se trata de una agrupación que intenta seriamente regenerar las instituciones del Estado, o sólo de otro negocio familiar; la composición de la bancada en cuestión muestra indicios en ambos sentidos.
La lista de pendientes para una organización mínimamente comprometida con el interés público es tan prolongada como nuestros infortunios: la independencia del ministerio público; el refrendo o revocación de mandato, el plebiscito, etc.; la regulación de la publicidad oficial; la extinción de los fueros; los conflictos de interés; la capacidad sancionadora de los órganos de control y un vasto etcétera.
Ya veremos.■
