A la memoria del maestro Víctor Castro Rosales
Causa indignación asesinato de otro docente de la UAZ”, cabecea en primera página “La Jornada” en edición del 11 de agosto. En tanto que, en la misma fecha, otros medios informan de dos cuerpos con signos de tortura reportados como víctimas de secuestro y ejecutados en el municipio de Valparaíso.
Todavía el día de ayer, se informa de la ejecución de un hombre en el municipio de Sombrerete y de restos humanos encontrados en el rancho Los Rosales de Fresnillo, dentro de un costal y en estado de putrefacción.
Prácticamente no hay día en que no sea noticia de página roja la referencia a homicidios, cabezas humanas en contenedores, secuestros o robos con violencia. “El sexenio de la seguridad”, lema propagandístico de Miguel Alonso para presumir gasto millonario en este rubro, se convierte, ante la realidad, en una infamia.
“Quien paga mal paga dos veces”, dice un viejo adagio jurídico que hoy viene a mi memoria, en razón de la millonaria inversión que en seguridad hizo ¿o deshizo?) el gobierno de Miguel Alonso Reyes, por más de 4 mil millones de pesos.
Con 4 mil 400 millones de pesos que destinó el Sistema Nacional de Seguridad Pública para nuestra entidad, bien aplicados, en su mayor parte para prevención del delito, se hubieran establecido centros de rehabilitación para adictos por regiones: Fresnillo, Guadalupe, Río Grande y Jalpa cuando menos, talleres de artes y oficios en los lugares de mayor requerimiento laboral de adolescentes y jóvenes (indispensables en Fresnillo y Guadalupe), así como incentivos económicos para la instalación de pequeños negocios.
Los recursos millonarios habrían hecho posible una estrategia de seguridad para vigilancia y disuasión, conformada con los mejores policías preventivos (no muchos, sino mejores), que completarían el círculo prevención y procuración de justicia, con ministerios públicos, policías ministeriales y peritos, bien pagados y mejor capacitados.
El policía preventivo trabaja su labor de vigilancia antes de la comisión del hecho delictuoso. El policía ministerial inicia su labor de investigación e identificación y localización del delincuente, una vez cometido el delito. En esta etapa el preventivo coadyuva para resguardar el lugar de los hechos y el aseguramiento de evidencias, pero no contamina el lugar de los hechos como actualmente ocurre.
Y desde luego, tomando en cuenta la estructura que bien propone para la etapa de investigación el criminólogo Rafael Ruiz Harrel, Unidos: ministerio público, policías ministeriales y policía científica, “como racimos de uvas”. Frase coloquial del maestro.
La administración de justicia que corresponde al Poder Judicial, lleva sus propios recursos económicos, que le son asignados por el Gobierno Federal para la implementación del llamado Sistema acusatorio y de juicios orales. Sistema, por cierto, copiado del sistema de justicia norteamericano y por lo mismo con muchos problemas para su implementación, lo que ha generado incremento en los índices de impunidad.
Un área no atendida, cuando menos no lo suficiente y necesario, es la rehabilitación del delincuente sujeto al cumplimiento de sentencia condenatoria de prisión. Las cárceles, llamadas Centros de reinserción social, o centros de rehabilitación, lo sabemos, son escuelas de delincuencia, donde no sólo se aprende el oficio de delinquir, también se ejerce desde sus cubículos o celdas, contactando el interno hacia el exterior, sobre todo en tratándose de extorsiones.
La reinserción social de quien ha cumplido su pena, es tarea imprescindible, a fin de evitar el círculo vicioso de la reincidencia, cuando el ex reo no encuentra fuente de empleo y en su desesperación económica retorna a la determinación errónea pero única que se le presenta.
El seguimiento a los excarcelados y los apoyos suficientes para que obtengan alguna fuente de subsistencia son elementos necesarios si se quiere evitar el fenómeno social de la reincidencia. Los programas con empleadores son productivos, sobre todo en las instancias oficiales.
Sólo de esta manera estarían cubiertas las etapas que integran el Sistema de Seguridad Pública: prevención del delito, procuración de justicia, administración de justicia, rehabilitación y reinserción.
Hace días, con motivo de la comparecencia de la Procuradora ante la Legislatura, el centro de debate fue sobre el número de homicidios que se han cometido en Zacatecas durante estos últimos cinco años. El asunto para medir la eficiencia de las instancias de procuración de justicia, no es cuantos homicidios ocurrieron, sino cuantos fueron acertadamente investigados para poner a disposición al presunto delincuente ante los jueces.
La cantidad de hechos delictivos mide el grado de descomposición del tejido social y la ausencia de programas de prevención del delito, pero no mide la eficacia en la procuración y administración de justicia, menos los grados de impunidad que son el principal aliciente para los delincuentes.
13 de agosto 2016.■
