En un artículo previo comentamos sobre los pasivos laborales y la interpretación que proponemos al respecto. La tenebrosa conclusión fue que el programa de “sustitución de prestaciones”, que es el pomposo nombre que se le dio en los documentos firmados entre la rectoría y el SPAUAZ, tuvo un manejo equivocado que no benefició de ninguna manera objetiva a la universidad, pero permite la construcción de una narrativa que confunde y engaña a los docentes. Uno de los elementos básicos de cualquier intento de gobernar a la población consiste en la generación de confianza en lo que hacen quienes gobiernan, transmitiendo la idea, mediante la propaganda adecuada, que tienen claros los objetivos y la manera de conseguirlos. Samuel García en un artículo en “El Universal”, con fecha 08/08/16, comenta que la versión oficial sobre el manejo de la economía mexicana ya no es creíble. Por supuesto, el gobierno mexicano quiere mantenerla porque no quiere minar la confianza de los inversionistas. Este es un ejemplo de la necesidad de construir mil y un versiones de la realidad. Otro lo es la versión de la SEP de la reforma educativa, que la CNTE, y muchos mexicanos, no creen. Si concebimos a la izquierda como ese intento de oponerse a la opresiva realidad social que nos circunda es casi obvio que debemos tener claro qué es eso a lo que nos oponemos, cómo es que pretendemos defenestrarlo y qué es lo que habrá de sustituirlo para poder comenzar a actuar. Lo primero es, entonces, conocer y criticar las versiones oficiales de la realidad, en las que todo está bien y son unos pocos elementos “irracionales” los que empañan el panorama. Es decir, nuestra oposición a la “realidad social circundante” comienza por desmontar las versiones que de ella tienen quienes han ocupado puestos de dirección. Por eso es necesario que, en el caso que nos preocupa, los trabajadores de la UAZ tengan claro que se quiere decir cuando se dice que el programa de sustitución de prestaciones fue un éxito, aunque no lo haya sido. Nos gustaría en esta ocasión intentar desmontar otro asunto relativo a las finanzas universitarias. Con la incorporación de la UAZ al ISSSTE en 1991 se dieron las condiciones para que la población de asalariados universitarios se separase en dos sectores bien definidos. El primero de esos sectores comprende a los universitarios que ingresaron a la universidad a partir de agosto de 1991 y hasta el primero de abril de 2007, fecha en que entra en vigor la nueva ley del ISSSTE. Este sector se acogió al artículo 10 transitorio y puede abrigar, hasta nuevo aviso, la expectativa de que tendrá una jubilación mínima garantizada. El otro sector de universitarios, el que ingresó del primero de abril de 2007 a la fecha, ya no tiene pensión mínima garantizada sino “cuenta individual” a la que se debe aportar para poder tener un retiro a cierta edad. La responsabilidad que tiene la UAZ con estos sectores es que debe aportar recursos a las cuentas individuales. El problema, derivado de la crónica incapacidad financiera de la institución, producto de la, hasta ahora, inepta gestión de los rectores, es que la UAZ no aporta los recursos a los que está obligada. Entendamos esto: un concepto de pago es lo que se le retira a los docentes para aportar al ISSSTE, otro concepto es lo que la UAZ debe aportar a las cuentas individuales; son dos conceptos de pago diferente, y resolver uno no necesariamente implica resolver el otro. La manera en cómo la UAZ logra mantener la estabilidad institucional, evitando que los asalariados y sus sindicatos exijan de manera enérgica los derechos de sus agremiados, es todo un modelo de sometimiento. El primer paso del esquema es muy simple: se elimina toda idea de presupuesto y se realiza, anualmente, un simulacro de presupuesto, que los directores aprueban, en el que, por ejemplo, no se contempla pago a jubilados de la UAZ. Pero se les paga. El segundo paso consiste en contratar para incrementar el tamaño de los grupos políticos. Como no hay presupuesto fiable, esas contrataciones se financian reasignando dinero de todos los rubros: construcciones, programa de estímulos, aportaciones al ISSSTE, lo que sea, por lo que en esos pagos siempre hay retardos temporales y una creciente “deuda interna”. En el tercer paso se declara, constantemente, que no hay dinero para pagar, anuncio que tiene un sentido político, no económico, porque el destinatario del mensaje no son los universitarios, sino el gobierno, al que se le advierte de posibles “conflictos”. Por supuesto esos conflictos, si los hay, estarán controlados por los líderes de grupo y serán irrelevantes. Con este esquema se lleva a que entre los docentes anide una contradicción: si el incremento presupuestal es una quimera, se debe reducir la planta laboral, pero los contratados no desean ser despedidos, así que creerán en la versión de cada nuevo “súper gestor” que ahora sí logrará el incremento anhelado. Entretanto las condiciones laborales decaerán, las cuentas seguirán vacías, y los líderes serán diputados o funcionarios de gobierno del Estado. He ahí el equilibrio político fundado en el desastre financiero. ■
