Hace unos días el equipo del gobernador electo Alejandro Tello informó de una reunión de éste con el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa Nacional, para comentar la situación de la seguridad en la entidad y, es de suponerse, pedirle su opinión sobre la política a seguir y comentar los perfiles de quienes estarán al frente de esa responsabilidad en el equipo de gobierno entrante. Lamentablemente, hasta ahora no se ha dado a conocer el marco conceptual que guiará la elaboración de las políticas en esta materia y se han enviado mensajes contradictorios sobre si la sociedad debe esperar cambios de fondo, o si habrá continuidad en lo esencial. Hasta ahora, las autoridades de nuestro país y estado sólo utilizan el concepto de seguridad pública, que no contempla las raíces de los actos de violencia ni identifica problemáticas sociales prevenibles; confunde la prevención del delito con mayor presencia de policías, videocámaras en espacios públicos o alarmas; conceptualiza a la seguridad pública como el resultado de la aplicación de medidas punitivas –más policías y/o militares, más enfrentamientos, más personas detenidas, penas más duras, más efectos colaterales (sociedad civil lastimada). Y al mismo tiempo reduce salarios y derechos y se desentiende de la corrupción y la impunidad. Eso explica el recrudecimiento de la violencia en la entidad en lo que va del presente año.
Un verdadero cambio iniciaría con la decisión de adoptar en serio el paradigma del desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde la seguridad humana se define como la condición de vivir libre de temor y libre de necesidad. Es un concepto amplio integrado por siete componentes básicos: Seguridad económica, alimentaria, en la salud, personal, comunitaria, ambiental y política. Mientras que la seguridad ciudadana está centrada en el bienestar de las personas y consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna, y su existencia es un requisito indispensable para incrementar el índice de desarrollo humano. Así, la falta de empleo, la pobreza, la inequidad o la carencia de libertades, por citar sólo algunos ejemplos, son obstáculos directos para la convivencia y la seguridad ciudadana.
Este enfoque considera que el fortalecimiento de la seguridad ciudadana depende de la construcción de instituciones y formas de convivencia democráticas que permitan proteger de manera efectiva, sostenible y con apego a los derechos humanos la integridad física y material de las personas. En este sentido, la seguridad ciudadana no debe entenderse exclusivamente como una simple reducción de los índices de delito y violencia. Debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya el combate frontal a la corrupción y la impunidad, la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de cohesión social. Esperemos que el nuevo equipo sea muy distinto del anterior, pues han sido autoridades “que no entienden, que no entienden”.
