Una lucha anticorrupción que se desdibuja

Una lucha anticorrupción que se desdibuja

Hasta hoy, dos meses después de que en Nuevo León se anunciara la llamada “Operación Tornado”, no es muy claro que el gobierno de Jaime Rodríguez tenga casos jurídicamente sólidos que permitan sancionar los presuntos delitos cometidos por el exgobernador Rodrigo Medina, sus familiares, amigos y excolaboradores.

Aunque el juez de control ya vinculó a proceso a varios exfuncionarios, entre los que se encuentra el extesorero, la misma Subprocuraduría Anticorrupción solicitó un plazo de seis meses para concluir la integración del expediente, lo cual indica que todavía falta mucho trabajo por hacer.

Hasta el momento los casos más importantes están centrados en los apoyos e incentivos que le otorgaron a dos empresas (Kia y Siderúrgica Linares) para que invirtieran en el estado y aunque ciertamente beneficiaron a particulares, éstos no están imputados; sí lo están los servidores públicos a quienes se acusa de peculado, ejercicio indebido de funciones y daño patrimonial, pero no de enriquecimiento, desvío de recursos o algún otro delito que indique que ellos fueron beneficiarios de alguna manera del dinero público desviado.

De hecho, en el caso del extesorero, algunas de las acusaciones se focalizaron en el hecho de que algunas de las acciones se realizaron antes de que se hubiese firmado el convenio con Kia, con lo cual la presunta ilegalidad sería más de forma que de fondo; es decir, no se cuestiona en sí mismo el acto, sino el momento en el que se realizó, lo cual desde luego sería muy grave si finalmente no se hubiese concretado el convenio o, peor todavía, la inversión.

Pero ambos se concretaron y de hecho hoy la planta de Kia ya está en funcionamiento.

La percepción generalizada en la opinión pública nuevoleonesa, en gran parte alimentada por la información publicada por el periódico El Norte, es que el exgobernador, su familia (padre y hermano) y algunos de sus colaboradores más cercanos (particularmente los vinculados con las dependencias relacionadas con la construcción de obra pública) se enriquecieron a costa del erario.

De acuerdo con las informaciones periodísticas, dicho enriquecimiento se habría concretado a partir de la asignación de contratos de obra pública o de compra-venta de terrenos, bienes o servicios a empresas o personas relacionadas directamente con ellos, a precios muy inflados; o bien se pagaba por obras que no se ejecutaban o bienes y servicios que jamás se entregaban, lo que se traducía en un reparto de dichas ganancias, extraordinarias e ilícitas, entre los implicados en dichas operaciones.

Sin embargo, hasta el momento el único caso en el que aparece claramente este modus operandi es el del exdirector del Sistema Estatal de Caminos, Víctor Ramón Martínez Trujillo, a quien acusan de simular la realización de obras y ejercer recursos por trabajos ya ejecutados, pero es por un monto que oscila los 9 millones de pesos, que nada tiene que ver con los 3 mil 600 millones de pesos que involucra la denuncia pública de la Subprocuraduría anticorrupción.

Así, el caso que parece más sólido y en el que la fiscalía incluso presentó a un exfuncionario estatal –el cual aseguró que lo presionaron a fin de firmar documentos para respaldar la realización de obras, ya ejecutadas, y pagarle facturas a una constructora, que es la acusación contra Martínez Trujillo– es por un monto menor.

En cambio, aunque logró la vinculación a proceso contra el extesorero Rodolfo Gómez, las acusaciones que hicieron y las presuntas responsabilidades del exfuncionario son menos claras.

En los días previos a la fallida comparecencia del exgobernador Rodrigo Medina, que debía celebrarse el pasado jueves 28, el subprocurador Ernesto Canales había declarado que, de no presentarse, lo harían comparecer con el uso de la fuerza pública.

Sin embargo, la víspera de ese día Medina obtuvo un amparo federal y, por consiguiente, la audiencia tuvo que suspenderse. De inmediato se desató la guerra mediática: mientras la defensa legal del exgobernador declaró que se presentaría hasta que se resolviese el fondo del asunto –lo cual podría demorar meses–, la subprocuraduría anunció que presentaría una queja contra el juzgado que otorgó la suspensión provisional a Medina, pues violó la normativa aplicable.

Otro caso que acaparó la atención de la opinión pública fue la vinculación a proceso de la exalcalde de Monterrey, Margarita Arellanes, y nueve de sus excolaboradores acusados de ejercicio indebido de la función pública, por haber contratado y pagado por adelantado, mediante adjudicación directa a un despacho de abogados, para que los defendiera en caso de que requiriesen sus servicios legales en los tres años siguientes a la conclusión de sus funciones.

En este caso los hechos son incontrovertibles, aunque habrá que ver si son suficientes para fincarle responsabilidades penales. Lo que llama la atención es que otros cuatro alcaldes metropolitanos contrataron los servicios del mismo despacho y en los mismos términos y a ninguno de ellos se les ha hecho imputación alguna.

El gobernador Rodríguez y su equipo saben que triunfaron en las elecciones de 2015 por su promesa de encarcelar a Rodrigo Medina, sus familiares, amigos y principales colaboradores.

Ante la exigencia de la opinión pública local hace casi dos meses, al cumplir ocho en el gobierno, la Subprocuraduría Anticorrupción anunció que procedería penalmente contra Rodrigo Medina y, al menos, 30 de sus colaboradores; incluso anunció el embargo precautorio de bienes de mismo exmandatario y 10 de sus colaboradores.

El entusiasmo y la parafernalia oficial hacían suponer que muy pronto empezarían a verse resultados tangibles de sus acciones; pero hasta hoy, ni el valor de los bienes incautados ni los resultados de sus acciones legales lo respaldan. Incluso conocedores de los temas jurídicos manifiestan su escepticismo de que efectivamente logren encarcelar a los corruptos.

Peor aún: el evidente carpetazo al llamado “cobijagate” (Proceso 2050), la orfandad política de los implicados en los casos que parecen más sólidos (Martínez y Arellanes) y el evidente trato desigual a casos idénticos (los cinco exalcaldes que compraron servicios legales por anticipado) hacen sospechar que se trata más de una estrategia mediática que de una bien estructurada lucha anticorrupción. ■

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