Los informes a distancia cósmica de la objetividad

Los informes a distancia cósmica de la objetividad

¿Cómo puede un informe convertirse en un proceso de evaluación serio? Cuando no están establecidos con rigor los criterios del acto de informar, se da lugar a que los gobernantes auto-aplaudan su gestión diciendo que todo fue maravilloso y de acuerdo a lo prometido en su campaña. Y también lo contrario: las críticas se emiten con el sustento de las impresiones. ¿Se puede aspirar a una evaluación medianamente objetiva? A nivel federal en el caso de la política de desarrollo social se nos dan algunas pistas. Para no depender de ‘impresiones’ se estableció un sistema de indicadores y metodologías para medir los avances o retrocesos en las metas planteadas, y dichas metodologías se incluyeron en la ley para que los miembros de los órganos evaluadores no pudieran hacer cambios de última hora. Así, no se trata de que el presidente haga una estrategia publicitaria basada en los insumos que adquirió el gobierno o los servicios que brindó, el Coneval genera informes que nos dicen a los mexicanos si hubo avance o no en la disminución de la pobreza en base a criterios previamente establecidos y cercanos al rigor. Y aun así hay cuestionamientos, cosa de recordar las modificaciones de las metodologías de 2012 y los recientes escándalos del Inegi. Pero aun con eso, los niveles de objetividad son mucho más altos que antes de ser creado el Coneval. Es decir, la lección de la Ley de Desarrollo Social nos dice que se pueden crear órganos evaluadores con criterios medianamente objetivos para valorar los informes dados por el Poder Ejecutivo en sus gestiones. Y de esa manera, los ciudadanos no estaremos dependiendo de las estrategias puramente retóricas y de falsa publicidad de los gobernantes o la crítica sin sustento de los partidos.

En las valoraciones de la seguridad en Zacatecas, por ejemplo, el gobierno repite hasta la saciedad que todo está bien y los logros son espectaculares, y para soportar estas palabras hacen un largo conteo de insumos comprados e inversiones millonarias. Pero no hay una ley que obligue al gobierno a sujetarse a cierta forma de construir sus informes: qué indicadores debe exhibir y con cuáles metodologías; ni tampoco hay un órgano técnicamente capacitado para evaluar desde fuera el propio informe del Ejecutivo y otorgue elementos objetivos a los legisladores para hacer sus juicios y consecuentes recomendaciones. Sin esto, los informes son mera retórica, y los informes, como eventos, se transforman en carnavales de vanitario. Hay personalidades y académicos que emiten juicios sobre estudios por ellos elaborados, pero no tienen ninguna función en el proceso de evaluación, y pasan a formar parte de las ‘opiniones’ que circulan en la prensa. Así las cosas, la pregunta es, ¿el próximo gobierno se atreverá a cambiar los formatos y contenidos de los informes? El gobernador electo se comprometió en campaña a crear un órgano que evaluara su política pública, y ése puede ser la punta de la madeja del asunto aquí expuesto. Pronto sabremos si cumplirá esa promesa o no. Es muy importante para un gobernante que inicie su gestión dando estricto cumplimiento a los compromisos adquiridos.

 

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