En los procedimientos para elaborar leyes se establece la obligación de llevar acabo foros de consulta para levantar la opinión y el sentir de la sociedad. Igual pasa en la elaboración de planes de desarrollo (estatal o municipal), y algunos proyectos específicos de gobierno. El objetivo de estos ejercicios democráticos es que las leyes, los planes y proyectos cuenten con el consenso o respaldo de la sociedad y, con ello, sean medidas sociales legítimas.
Sin embargo, los objetivos y la realidad de las prácticas están divorciados. En el caso de los municipios los foros para el plan de desarrollo se convierten en reuniones de peticiones a las autoridades, y la visión se convierte en meros listados de demandas que, generalmente, son deficiencias de infraestructura urbana: caminos rurales, alumbrados, canchas o pavimentación de calles. Los planes entendidos como las estrategias para generar el desarrollo integral de una demarcación quedan olvidados o reducidos a peticiones aisladas. Quien termina haciendo el plan es una agencia privada, y también queda olvidado en los anaqueles municipales después de ser presentado como requisito. En el caso de las leyes se abren reuniones con interesados del sector del que trate la ley: educación, campo, minería o cultura; los actores interesados ya no sólo llevan peticiones, sino generan opiniones un poco más elaboradas porque son afectados por cierta manera en que opera el aparato gubernamental. En este caso se puede observar incluso la presentación de propuestas por medio de ponencias escritas de los actores afectados. Esto ocurre cuando hay una convocatoria con tiempo. Sin embargo, caemos en la cuenta que “los actores afectados” están vinculados con alguna fracción parlamentaria y apoyan o desestiman propuestas ya elaboradas por ciertos legisladores de ciertos partidos. Son pocos los actores autónomos, pero llega a ocurrir. Sin embargo, después de los foros y “síntesis de las participaciones”, los coordinadores de las fracciones parlamentarias definen por negociación los términos de los puntos más importantes y así se determina el contenido de las leyes. El contenido de los foros se manda a la zona de la memoria.
El caso específico del Modelo Educativo tiene ciertas particularidades: está en medio de un conflicto con una parte importante del magisterio y, por ello, requiere de legitimidad. Como antecedente están los foros de la Reforma Educativa, los cuales terminaron siendo voces muertas y se estructuró el contenido de las reformas (sobre todo la Ley del Servicio Profesional Docente) como la fracción del PRI la tenía prevista desde el inicio. Ahora se presenta el Modelo Educativo, con el que se pretende eliminar una de las críticas más ácidas a la mencionada Reforma: el hecho de que es sólo una reforma de aspectos laborales. Pero (a menos que ocurra algo extraordinario) se observan pocas posibilidades de intervenir los núcleos duros de la propuesta. Porque además se expone el “modelo educativo” como independiente del marco de referencia ya aprobado, y el cual, se declara inamovible. Aparte de una estrategia propagandística del gobierno, esa consulta ofrece pocas esperanzas: humo insustancial.
