Hace días fueron salvajemente golpeados profesores de la Sección 34 y la policía omitió su necesaria intervención por causas confusas que no han podido explicar. Por un lado la Policía Estatal asiste al evento en cantidades inusuales y por otro argumentan que no podían intervenir en un asunto interno del sindicato. Su importante presencia y la justificación de su omisión son claramente contradictorias. Fueron ‘por si pasaba algo fuera del orden’, y efectivamente pasó algo muy grave frente a su cara, y se declaran que no podían intervenir contra un grupo de golpeadores que arremetió contra mujeres, hombres, institucionales o disidentes por igual. Y hay más contradicciones evidentes y en el mismo día: la procuradora afirma que los golpeadores son personal contratado por el hotel y la voz oficial de la Policía Estatal confirma que fueron contratados por la dirigencia sindical. Ambas instancias del gobierno debían no creer, sino Saber qué cosa ocurre y quiénes son los actores de los hechos violentos. Parecía que únicamente querían salir del paso ante las preguntas de la prensa. La procuradora debía tener los comprobantes de la contratación de la seguridad privada (que debe estar regulada), y con ello, la razón social de dicha empresa y la identidad de sus miembros. Y con esos elementos proceder a integrar la narrativa de los hechos para deslindar responsabilidades y hacer justicia a las víctimas de la agresión. Pero nada de eso tenemos: sólo confusión y entorpecimiento. De igual manera la recién nombrada presidenta de la CEDHZ escudó su omisión en débiles argucias legales que no resisten el mínimo rigor jurídico de la exigencia de investigación de los hechos y la omisión policiaca.
La libre acción de los golpeadores frente a la Policía Estatal, la confusión sembrada por la procuradora, la sincronización en el establecimiento de la sede alterna donde se nombró a la presunta nueva dirigencia de la sección 34, la omisión de la Comisión de Derechos Humanos, y el rápido o automático reconocimiento de dicha dirección por parte del secretario de Educación estatal, hablan de coordinación dentro de Gobierno del Estado para realizar la imposición de la dirigencia sindical de la Sección 34. La inacción de las autoridades confirma la versión aquí expresada. La verdad sale a la vista pero no por la investigación de las mencionadas autoridades, sino por acción de ciudadanos que denuncian o ponen información directamente en la prensa. En suma, la articulación de los hechos apunta a que fue una imposición planeada en coordinación de las dirigencias sindicales local y nacional con Gobierno del Estado, que arrojó sus “daños colaterales” en los profesores salvajemente golpeados. La batalla de Gobierno Federal (y sus reproducciones estatales) en contra de la CNTE es el marco que termina de explicar la versión que aquí ofrecemos. Acciones desaseadas que aumentan el enojo (o mal humor social) que no sólo desacredita a los gobiernos actuales, sino que mete al estado (y al país) en una crispación social de consecuencias impredecibles.
