11 de julio de 2016. Al mediodía, Rodolfo Eduardo Flores Nava y Francisco Domínguez Galindo se convirtieron en la primera pareja de mismo sexo en acceder al derecho al matrimonio igualitario en el estado de Zacatecas.
Para Flores Nava y Domínguez Galindo esta es la culminación de un proceso de 10 meses, que inició con negativas a casarlos, cuando en septiembre de 2015 y vía telefónica preguntaron a la Dirección del Registro Civil del Ayuntamiento de Zacatecas, los requisitos para lograrlo.
Los argumentos entre otras cosas, señalaron que el matrimonio es “la carga de la mujer” -según el origen etimológico de la palabra-, cita que les ofreciera para rechazar su iniciativa, el Oficial del Registro Civil de la capital de Zacatecas, Rafael Pedroza Hornedo.
El funcionario también argumentó la falta de armonización por parte de la Legislatura del estado, de entre otros, el artículo 100 del Código de Familiar del Estado de Zacatecas con una Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional el matrimonio, entendido únicamente como la unión entre un hombre y una mujer para fines de procreación.
En la búsqueda de concretar su unión matrimonial Flores Nava y Domínguez Galindo acudieron a la justicia federal para interponer un amparo en noviembre de 2015, el 2114/2015, reclamando su derecho a la no discriminación y por tanto al matrimonio igualitario.
Érica del Carmen Velázquez Vacio, entonces presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 61 Legislatura, al ofrecer su respuesta a los quejosos pidió al Juez de Distrito la nulidad del juicio de amparo, argumentando que Rodolfo y Francisco “no aportaban medio probatorio alguno que acredite que son homosexuales (sic)”.
Esto obligó a Rodolfo Eduardo Flores Nava y Francisco Domínguez Galindo a intentar demostrar en el juicio de amparo, este absurdo.
Por la citada respuesta emitida por Velázquez Vacio en el juicio de amparo, los jóvenes interpusieron el 11 de diciembre de 2016 una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) por discriminación en contra de la diputada en aquel momento con licencia.
Este último hecho, le valió a la funcionaria que el organismo se declarara incompetente para emitir una recomendación. Por lo que los quejosos han acudido ya a la siguiente instancia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que resuelva sobre este asunto.
Hubo también en el proceso de la CDHEZ “el extravío” de documentos, con que los funcionarios argumentaron ante los quejosos la tardanza en resolver el asunto, pues habiendo sido interpuesta la queja en noviembre de 2015, tardó más de seis meses en resolverse.
Rodolfo Flores Nava denunció en nota periodística publicada en esta casa editorial el 18 de abril de 2016, asimismo, que la sentencia del juicio de amparo, también fue retardada de manera intencional, pues el secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Distrito, habría cometido una serie de omisiones “basadas en la homofobia”, que dilataron el proceso, de manera que el asunto tuvo que turnarse a un Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región.
El 18 de mayo Flores Nava informó en una declaración, que luego de transcurrir el plazo legal para que la 61 Legislatura impugnara la sentencia del citado juzgado, quedó abierta la posibilidad para que accedieran a su derecho al matrimonio igualitario.
Hacia el matrimonio
igualitario en Zacatecas
El 30 de junio de 2011 los diputados a la 60 Legislatura, Jorge Álvarez Máynez y Xerardo Ramírez, proponen ante la Legislatura del estado la iniciativa de la Ley de Sociedades de Convivencia, que permanece “congelada” desde entonces.
Organizaciones de no gubernamentales, intentaron nuevamente en marzo del 2014 que se discutiera ahora en la 61 Legislatura el tema del matrimonio igualitario de manera que se incluyera en la citada iniciativa de la Ley de Sociedades de Convivencia, discusión que también sigue pendiente.
La lucha por el matrimonio
igualitario en el país
El 15 de enero de 2007 Antonio Medina y Jorge Cepa se constituyeron en la primera pareja del mismo sexo en legalizar su unión en México y en América Latina, primero bajo la figura jurídica de las Sociedades de Convivencia, antecedente de la lucha de la comunidad LGBTI por el matrimonio igualitario.
Como preámbulo a la aprobación el 16 de noviembre de 2006 de la Ley de Sociedades de Convivencia, hubo años de propuestas al interior de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
La legislación llevada a la discusión por la asambleísta Enoé Uranga, no era una figura jurídica equivalente a la unión matrimonial de las personas heterosexuales, pero ofrecía derechos similares respecto de la seguridad social a los del contrato civil, no sólo para el caso de parejas sino personas que hubieran acordado hacerse compañía mutua para la sobrevivencia.
La figura jurídica entró en vigor el 17 de marzo de 2007, lo que constituyó la primera opción de concretar una unión civil para la comunidad LGBTTTI en el país.
Dos años después, en diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal redefinió al matrimonio como la unión de dos personas sin importar su género. Esto permitió, con su entrada en vigor en marzo de 2010, el que 700 parejas de mismo sexo obtuvieran actas matrimoniales el mismo año.
La segunda entidad en el país que celebró una unión matrimonial gay fue Quintana Roo en diciembre de 2011.
Un año después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió tres amparos interpuestos en Oaxaca que impugnaba el Código Civil de aquella entidad que limitaban los matrimonios igualitarios.
El mismo año y mes, diciembre de 2012, parejas diversas de los estados de Puebla, Nuevo León, Guanajuato y Estado de México recurrieron a amparos similares a los interpuestos ante la justicia federal en Oaxaca.
Para febrero de 2013, la alcaldesa de Colima permitió el primer matrimonio homosexual en aquella entidad, en cuyo sustento alegó el principio constitucional del derecho a la no discriminación, referido en la reforma de la Carta magna del 2011.
En el estado sureño de Oaxaca se concretó finalmente el primer matrimonio entre personas del mismo sexo el 22 de marzo de 2013, luego de obtenerse un amparo ante la SCJN.
Más tarde el Congreso de Colima avaló la legislación de “enlaces conyugales” que aunque no igualaba en derechos a las parejas homosexuales, sí permitió la legalización de sus uniones.
En noviembre de 2013, el PRD presentó una iniciativa ante el Senado de la Republica para la legalización del matrimonio homosexual en todo el país, misma que permanece “congelada”.
Al siguiente mes, en el estado de Jalisco se celebra el primer matrimonio homosexual, mismo que tuvo que adelantarse por amenazas de ser boicoteado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en abril de 2014, una sentencia para que el IMSS garantizara derechos a la seguridad social a cónyuges de matrimonio igualitario.
En el estado de Michoacán fue en marzo de 2014 cuando dos mujeres accedieron, mediante una orden judicial, al derecho al matrimonio gay.
En septiembre de 2014 el Congreso del estado de Coahuila modifico su legislación para definir el matrimonio como un vínculo civil sin distinción de género entre sus contrayentes.
El 12 de junio de 2015 la SCJN declaró inconstitucionales las legislaciones de los estados que definen a la unión matrimonial únicamente entre un hombre y una mujer y para fines de procreación, lo que abrió la puerta para el acceso al matrimonio igualitario en todo el país.
El 17 de mayo y en consonancia con el Día Internacional contra la Homofobia, el presidente Enrique Peña Nieto anunció su intención de adicionar el artículo cuarto constitucional para que incluya la figura jurídica del matrimonio igualitario, entre otras medidas que integrarían a México, en el grupo de naciones que en el seno de la ONU, se constituyan como un “núcleo contra la homofobia”.
