Una parte significativa de los medios de comunicación tienen toda su atención enfocada en los estados de Oaxaca y Chiapas ante la alta probabilidad de que el gobierno federal decida utilizar la fuerza para disolver el movimiento encabezado por los maestros. Antes de tratar el tema en esta columna, permítanme reproducir dos ideas que Manuel Gil Antón Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México y Director Académico de Educación Futura, escribió al final de un artículo esplendido sobre el conflicto generado alrededor de la “reforma educativa” de EPN: “Quien esto escribe ha dicho: reforma educativa sí, pero no así. Lo mismo vale para expresar: protesta sí, pero no así. Vejar, hacer escarnio o dañar a otros no es vía: desbarranca.”
Gil Antón y otros especialistas han demostrado mediante documentos académicos muy sólidos y diversos artículos y materiales audiovisuales de divulgación masiva que la causa de fondo del conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal es el contenido de una reforma, presentada como educativa, que en realidad es de la administración gerencial y centralizada del sistema escolar
Afirma el especialista que las enmiendas a la Constitución, y las leyes secundarias derivadas de estas, tienen el vicio de origen de que conciben al magisterio como obstáculo, estorbo y causa exclusiva de las fallas educativas y, lo peor, como un insumo a profesionalizar desde arriba para que adquiera la calidad deseada por las autoridades. Nunca consideraron que la única manera de lograr una auténtica emergencia de un sector profesional era la participación de los maestros en un proceso de discusión crítica del estado de la educación, y en la elaboración de las nuevas normas sobre su propio trabajo.
En lugar de iniciar ese camino, el gobierno aceptó una premisa falsa recomendada por la organización empresarial “Mexicanos Primero”: hay una y solo una solución: evaluar, con consecuencias en la permanencia, a los profesores. Subraya Gil Antón: “al eliminar la estabilidad en el empleo e incluir la inseguridad como un rasgo permanente (pues la precaria condición laboral garantiza esfuerzo constante) se orilló al magisterio a someterse o perder el trabajo. La amenaza amedrenta, sirve para sojuzgar, pero no para poner las bases de un proyecto educativo. El miedo no es el camino para expandir la “cultura” de la evaluación. Reduce la evaluación a mecanismo de control, no de aprendizaje.”
La ausencia de oficio político complicó las cosas. Subestimaron la capacidad crítica de los docentes que asistieron a las evaluaciones y se convencieron de que abría resistencia solo en unos cuantos estados del sur, donde la CNTE es hegemónica. Las movilizaciones en Monterrey, Chihuahua, Juárez, Xalapa, Coahuila, y otros sitios que se han venido agregando, han mostrado que el disgusto y el rechazo a la arrogancia son más amplios. Además, la crítica de los expertos en educación, conocedores del magisterio y su diversidad, fue entregada a la SEP en febrero y no ha merecido respuesta del señor Nuño.
El gobierno federal y los empresarios que siguen el juego de Claudio X. Gonzalez, insisten en satanizar a los maestros difundiendo que la evaluación eliminará vicios como la venta, herencia o condicionamiento político para obtener una plaza, y siguen haciendo responsables a los maestros de la baja calidad de la educación nacional, pero no han demostrado que la sola evaluación sea una herramienta adecuada para hacer mejor el trabajo diario en los salones de clases, ni han presentado un nuevo modelo pedagógico, ni asumen la necesidad de reconstruir la infraestructura y garantizar la conectividad digital de todos los centros educativos.
Los maestros ya entendieron que la evaluación será un requisito laboral y un instrumento de control político para que se consolide una vez más el equipo político de cómplices de Elba Esther que tienen capturada las instituciones del sector educativo y la dirigencia nacional del SNTE. Si recordamos que muchos de los vicios del sindicalismo mexicano, como los que ocurren alrededor del otorgamiento de plazas, están muy arraigados en sindicatos nacionales como los del IMSS, ISSSTE, CFE, Petroleros, Universitarios, etc. cuyos dirigentes son aliados políticos del grupo gobernante, concluiremos que el único propósito de los impulsores de la reforma es el control político de un sector cuya pasividad es necesaria para garantizar la continuidad de los neoliberales en el poder.
Al tiempo que insistimos en que sin reformar la reforma no habrá solución al problema que suscitó, hay que convencer a los legisladores de abrir un espacio para suspender su aplicación y discutirla como debió haberse hecho, para derogarla de plano, o ajustarla. También hay que insistir ante los grupos movilizados de que no basta que tengan la razón pues, en este como en otros asuntos, los fines no justifican los medios. Ojalá se convenzan de utilizar los métodos de desobediencia pacífica de matriz Gandihana que han probado su eficacia en muchas luchas alrededor del mundo. ■
