■ Amnistía Internacional recomienda al gobierno mexicano sacar al Ejército de las calles
■ Es necesaria la capacitación y el castigo a los culpables dentro de las corporaciones, señala
El informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la tortura ejercida por policías y militares en México en contra de las mujeres devela no sólo la existencia de estas prácticas brutales en el país sino, sobre todo, evidencia el fracaso del sistema actual de seguridad, señaló la directora del Centro de Justicia Para las Mujeres de Zacatecas, Mara Muñoz Galván.
La funcionaria consideró que la realidad expuesta por este organismo hace patente que es un error mantener al Ejército Mexicano haciendo labores de seguridad pública, pues esta institución, sostuvo, “no cuenta con los elementos ni la capacitación” para realizar estos trabajos.
De ahí, apuntó, que Amnistía Internacional haga la recomendación al gobierno mexicano para que saque a las fuerzas armadas de las calles y, por el contrario, se fortalezcan las corporaciones policiales a través de la capacitación en materia de derechos humanos.
Asimismo, Muñoz Galván sostuvo que este estudio también pone de manifiesto que el modelo de combate a la marginación y la pobreza igualmente ha fallado en el país, pues actualmente hay una criminalización de los habitantes que están en estas condiciones socioeconómicas.
Como expone el organismo internacional, precisó, se está “penalizando la pobreza porque las mujeres en esta situación están en un mayor riesgo de ser víctimas de tortura, las prostitutas están en un mayor riesgo de ser víctimas de tortura”.
Por tanto recalcó que tanto las políticas aplicadas en materia de combate a la delincuencia y a la violencia, que incluyen al Ejército en las labores de seguridad pública, así como las implementadas para erradicar la pobreza y marginación son “estrategias fallidas”.
Entre las acciones que habría que implementar de manera inmediata para tratar de revertir esta situación, puntualizó Muñoz Galván, se encuentra la capacitación de los policías en materia de derechos humanos, además de incidir en su formación para que conozcan cuál es su papel dentro del proceso penal.
Este último punto es especialmente relevante, dijo, con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en el que todas las pruebas que hayan sido conseguidas a través de la tortura quedan anuladas.
Por ello subrayó que no sólo hay que preocuparse por los casos de tortura, sino también hay que tener en cuenta “la impunidad en los delitos que se quedan sin castigar por la actuación inadecuada de las autoridades”.
Aparte de estos dos puntos, agregó que es necesario garantizar el castigo de los culpables al interior de las propias corporaciones de seguridad cuando haya casos de abuso policial, sin necesidad incluso de llegar a la judicialización de los hechos.
“Si no hay el castigo para los abusos policiales se reproducen este tipo de prácticas y llegan a ser tan preocupantes y brutales como las que vemos relatadas en este informe de Amnistía Internacional”, expuso.
Además del castigo interno, prosiguió la funcionaria, es necesario que se acabe con la impunidad en general del delito de tortura. Destacó que desde 2010 se han denunciado miles de casos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y sólo hay 15 sanciones registradas contra los agresores.
“Eso habla de una impunidad muy alta que debe de ser el indicador a seguir cuando hablamos de que se implementan medidas para combatir la tortura como protocolos, mecanismos a través de la Conavim, como la discusión incluso de la propia Ley de Tortura que está atorada en el congreso. De nada nos sirve tener estos mecanismos institucionales y legales si no hay una sanción efectiva de aquellas personas que cometen tortura”, refirió.
El informe de Amnistía Internacional menciona, como agresiones contra las mujeres detenidas para que confiesen ser responsables de algún delito grave, las “palizas brutales, amenazas de abuso sexual a ellas y a sus familiares, semiasfixia, descargas eléctricas, manoseo de pechos y pellizcos en los pezones, violación con objetos, dedos, armas de fuego y penes”.
Concluye, por tanto, que la violencia sexual es el “método preferido” de las fuerzas de seguridad de todos los niveles.
Muñoz Galván coincidió en señalar que las mujeres siguen siendo criminalizadas y abusadas sexualmente; es un “panorama desolador”, que calificó como un “secreto a voces” que ahora se visibiliza con este informe.
Estos señalamientos y recomendaciones son oportunos, sostuvo la directora del Centro de Justicia para Mujeres, y deben tomarse en cuenta tanto por parte del Gobierno Federal como por las administraciones estatales.
Aun así, reconoció que esto es complicado porque implica “aceptar que hay una estrategia fallida en términos de seguridad pública y en términos también del combate a la marginación y a la pobreza. Eso cuesta a los gobiernos reconocerlo, pero creo que es un momento fundamental para poder hacer un alto y sin duda poner atención a este tipo de casos”.
