México vive tiempos difíciles por una crisis política que se profundiza y encona acompañada por agudas expresiones de violencia, corrupción e impunidad, con atropello de los derechos humanos y cancelación de derechos civiles y ciudadanos. El sistema político vigente ha dejado de representar los intereses y anhelos del pueblo y la gente no confía en las instituciones creadas para procurar su bienestar. Desde 1982 hasta la fecha las decisiones gubernamentales tienden a anular conquistas históricas de los mexicanos: los derechos laborales; el derecho a la educación y la cultura; el control del Estado sobre los recursos naturales; el acceso a la salud y el derecho a la seguridad social. Enajenan los recursos petroleros y al sector energético, que durante décadas habían sido un pilar del desarrollo nacional, y los ponen en manos del gran capital, principalmente extranjero; el campo vive los estragos del abandono por la falta de apoyos, y han propiciado la cancelación de las instituciones financieras y de desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología, que hoy son indispensables para impulsar la producción de alimentos y el desarrollo social y humano de la población, y para garantizar el dominio nacional sobre el territorio y asegurar la soberanía nacional. Estas reformas regresivas someten a México a los caprichos de los amos del mercado financiero y subordinan el interés público al interés privado. Además, el modelo y sus reformas se han impuesto negando el derecho de los ciudadanos a ser consultados. Por ello el neoliberalismo debe ser sustituido.
EPN y su equipo han perdido toda autoridad moral y respaldo popular, temerosos frente al reclamo social, atropellan principios y normas y sólo encuentran en la represión y la violencia los caminos que les quiten de encima los problemas. Eso fue lo que sucedió en Tlatlaya, en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa, lo que pasó con los dirigentes de los grupos de autodefensas y de los maestros agrupados en la CNTE, presos arbitrariamente. Demasiadas autoridades federales, estatales y municipales pierden de vista que la fortaleza de un gobernante no está en su capacidad de utilizar las fuerzas represivas del Estado, sino en la autoridad moral que haya ganado por el cumplimiento de sus compromisos públicos y por cumplir y hacer cumplir la ley. Desde hace siete lustros la imposición del modelo neoliberal constituye una agresión múltiple para la mayoría de los mexicanos. La violencia que azota al territorio nacional todos los días y en gran escala, tiene raíces estructurales que son consecuencia del desmantelamiento y la corrupción del Estado. Los derechos humanos, en todas sus dimensiones, son violados cotidianamente dejando una secuela de víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional, por muerte, depredación, despojo o expulsión.
El crimen organizado controla regiones, ciudades y municipios, y controla una diversidad de actos criminales: la piratería, la economía informal, la extorsión, el secuestro, la trata de personas, la prostitución, el tráfico de órganos, la compra y venta de armas, y muchos más. Ocupa a jóvenes en las ciudades y el campo quienes no tienen acceso a la educación ni al empleo y los códigos de pertenencia, prestigio social y autoestima, no son aportados por la cultura, el deporte o el trabajo, sino por la subcultura del crimen organizado. En tanto, los grandes medios de comunicación trabajan sistemáticamente a favor del modelo, al cual pertenecen, con la exclusión de los actores que se oponen, la desinformación sistemática, la disolución de identidades culturales y el apuntalamiento de una institucionalidad degradada. Además se acelera el quebranto de nuestro Estado de Derecho y la crisis de la capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Esto no es casual, pues se deriva del modelo concentrador del poder y la riqueza hegemonizado por el capital financiero nacional e internacional, los grandes grupos económicos, las corporaciones mediáticas y las representaciones políticas en conjunto.
Las diversas alternancias políticas no sirvieron para construir un país en el que todos los mexicanos convivamos en paz, y con mejores expectativas de vida y de trabajo. Al contrario, han derivado en una crisis general de las instituciones políticas, incluidos los partidos. La transición a la democracia se convirtió en una ilusión enredada en leyes, aparatos burocráticos y dispendio de recursos. La política se convirtió en negocio y el sistema judicial en fuente de impunidad tanto en la procuración como en la impartición de justicia. Ello se ha reflejado en el desencanto de amplios sectores del pueblo mexicano que consideran que la política no ha sido capaz de transformar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Por ello se reproducen múltiples voces de inconformidad y conflictos sociales que requieren de procesos de diálogo y solución complejos. En respuesta, los gobiernos con su ineptitud y falta de visión, han optado en repetidas ocasiones por criminalizar las protestas sociales y abrir el paso a la represión. Las movilizaciones y las acciones de desobediencia civil recientes, no son sino expresiones del descontento del México profundo que pide a gritos a sus autoridades que atiendan YA su grave situación o se vayan.
